El juicio que se sigue en el Tribunal Supremo por la pieza de las mascarillas del ‘caso Koldo’ entró este martes en una fase más sustantiva, con varias testificales que han puesto el foco en el origen y la tramitación de los contratos de emergencia adjudicados en los primeros compases de la pandemia. En ese contexto, distintos responsables públicos han coincidido en señalar que el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, mantuvo la adjudicación a la empresa vinculada a Víctor de Aldama incluso cuando ya habían llegado propuestas más ventajosas.
La quinta sesión del juicio, tras varios días centrados en aspectos periféricos de la causa —desde contrataciones en empresas públicas hasta supuestos movimientos de efectivo—, ha pivotado sobre la contratación de material sanitario, eje de la acusación que sienta en el banquillo al exministro y a su entorno más próximo, entre ellos su exasesor Koldo García.
El testimonio más incisivo ha sido el del exsubsecretario de Transportes Jesús Manuel Gómez García, que ha situado en el ministro la decisión última de activar y orientar el proceso de compra. Según ha relatado, fue Ábalos quien, el 19 de marzo de 2020, en pleno colapso del mercado internacional de suministros, le ordenó poner en marcha un procedimiento de emergencia para adquirir mascarillas, que finalmente se canalizó a través de Puertos del Estado.
Apenas un día después, cuando ni siquiera se había publicado la orden ministerial que daba cobertura a la operación, Koldo García se presentó en su despacho con una oferta concreta: la de Soluciones de Gestión, la sociedad vinculada a Aldama. “Es la única oferta que tuve en ese momento”, ha insistido el testigo, que la remitió de inmediato para su tramitación.
La adjudicación, inalterada pese a nuevas propuestas
El relato de Gómez García dibuja una secuencia que el tribunal ya había empezado a entrever durante la instrucción: la propuesta de la empresa investigada no solo llegó antes que ninguna otra, sino que condicionó de facto el proceso desde su arranque. Cuando días después comenzaron a recibirse nuevas ofertas, algunas con precios inferiores, el Ministerio optó por no reabrir la decisión.
El exsubsecretario ha explicado que trasladó esa circunstancia al ministro, quien, según su versión, fue tajante: había que continuar con lo acordado. “No quedaba más remedio”, le respondió Ábalos en un mensaje, según ha declarado.
En paralelo, Gómez ha descrito cómo la operación se amplió de forma casi inmediata. De una previsión inicial de cuatro millones de mascarillas se pasó a duplicar el volumen hasta ocho millones en cuestión de minutos. La indicación, ha dicho, le llegó a través de Koldo García, quien le trasladó que esa era la decisión del ministro: “Ocho millones o nada”.
La dinámica no se detuvo ahí. Ante la persistencia de la escasez, Ábalos ordenó replicar el esquema mediante una segunda adquisición, esta vez a través de Adif, por otros cinco millones de unidades. El diseño jurídico fue prácticamente idéntico.
Adif, entre la urgencia y las dudas sobre el proveedor
La segunda pata de la contratación ha sido abordada por el exdirector de gestión de personas de Adif, Michaux Miranda, que ha confirmado que el contacto con la empresa de Aldama no surgió de un proceso competitivo al uso, sino que llegó desde dentro de la propia estructura pública. En concreto, ha señalado que fue la entonces presidenta de la entidad, Isabel Pardo de Vera, quien le facilitó la referencia del proveedor.
Miranda ha contextualizado la decisión en un mercado “roto”, con una competencia feroz por el suministro y una notable incertidumbre sobre la capacidad real de entrega de las empresas. En ese escenario, ha defendido que el hecho de que Puertos del Estado ya estuviera recibiendo partidas de mascarillas de esa misma compañía actuó como elemento decisivo.
Con todo, su declaración ha dejado entrever las tensiones internas del proceso. Ha reconocido que existían advertencias sobre la solvencia de la empresa y que otra oferta presentaba mejores indicadores financieros. Aun así, se optó por priorizar la garantía —o al menos la expectativa— de suministro inmediato.
El exdirectivo ha rechazado haber recibido presiones políticas o indicaciones directas para contratar con esa empresa y ha negado cualquier tipo de contraprestación.
Contactos institucionales y testimonios colaterales
Más allá del núcleo de la contratación, la sesión ha permitido reconstruir el alcance de los contactos institucionales en aquellos días. El exjefe de gabinete del Ministerio de Sanidad, Víctor Francos, ha confirmado que Koldo García le ofreció la intermediación de una empresa capaz de suministrar material sanitario, aunque ha precisado que lo remitió al sistema centralizado de compras gestionado por el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa).
Francos ha insistido en que no intervino en adjudicaciones ni recibió presiones, y ha enmarcado esos contactos en la avalancha de propuestas que llegaban entonces a la Administración.
En un plano más periférico, un conductor del Ministerio de Transportes, Carlos García Liberal, ha relatado el traslado puntual de un cargamento de mascarillas al Ministerio del Interior sin documentación ni información sobre su origen, en una operativa que refleja el carácter improvisado de algunas actuaciones logísticas en los primeros compases de la pandemia.
También ha comparecido el empresario Manuel Contreras, presidente del grupo Azvi, quien ha negado las acusaciones de pago de comisiones vertidas por Aldama y ha desvinculado sus relaciones con Koldo García —a quien contrató años después— de cualquier adjudicación de obra pública o de la compra de material sanitario.
Las testificales de la jornada han ido perfilando así un escenario en el que la primera oferta recibida marcó el desarrollo posterior de las adjudicaciones, en un momento de urgencia extrema en el que las decisiones se adoptaban con escaso margen temporal y bajo la presión de una demanda desbordada de material esencial.