El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones prevé iniciar en las “primeras semanas” de abril el proceso de regularización que facilitará la obtención de permisos de residencia y trabajo a más de medio millón de personas migrantes en España. Tras un acuerdo entre el Gobierno y Podemos, el pasado 27 de enero el Consejo de Ministros aprobó la regularización por real decreto, pero la medida aún no ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los colectivos de migrantes confían en que se produzca antes del 15 de este mes.
Hace unos días, durante la clausura de una jornada sobre migración organizada por el Consejo Económico y Social (CES), la ministra Elma Saiz aseguró que el proceso “sigue su curso” y que la medida se pondrá en marcha en las primeras semanas de abril, una vez se hayan completado los trámites administrativos necesarios. Saiz, que pidió “tranquilidad y confianza” ante la desinformación que circula sobre la regularización, también recordó que la iniciativa no requiere convalidación parlamentaria y depende de informes preceptivos como el del Consejo de Estado, aún pendiente de emisión, por lo que la fecha concreta de aprobación podría extenderse a la segunda quincena de abril.
La regularización estará dirigida a quienes puedan probar su estancia en España previa al 31 de diciembre de 2025, que sumen al menos cinco meses de residencia y no tengan antecedentes penales. Disponer de documentación, según ha explicado la ministra, es un elemento esencial para que estas personas migrantes puedan integrarse en el mercado laboral, en línea con las conclusiones del Consejo Económico y Social, que destaca la importancia de la regularidad administrativa para garantizar la igualdad de acceso a empleo y servicios.
Además, un reciente informe de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno (ONPE) advierte sobre el impacto de una reducción en los flujos migratorios: si descendieran un 30% en los próximos 50 años, España perdería nueve millones de trabajadores y su Producto Interno Bruto caería un 22%. El estudio señala que esta bajada implicaría una reducción de la población activa, la desaparición de 63.000 médicos especialistas y el cierre de unos 90.000 bares. Ante este escenario, el Ejecutivo defiende que facilitar vías legales de residencia es clave no solo para favorecer la integración, sino también para garantizar la sostenibilidad económica y social.
“Gestionar la migración con eficacia es una auténtica oportunidad” para el país, aseguró Saiz en el evento organizado por el CES, al tiempo que arremetió contra los bulos y los discursos de odio vertidos hacia los migrantes. Solo en el mes de febrero, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) detectó 37.000 mensajes de odio contra este colectivo en las principales redes sociales, duplicándose la tasa de contenidos islamófobos.
Se habilitarán ventanillas especiales
A la espera de que se publique el proceso de regularización en el BOE, miles de migrantes afrontan la incertidumbre de su situación administrativa. Desde el Movimiento Regularización Ya advierten sobre casos de abusos y estafas cometidos por falsos asesores que, a cambio de sumas incluso superiores a 400 euros, ofrecen gestionar trámites que aún no están habilitados oficialmente.
Las autoridades dispondrán de 15 días para admitir o rechazar las solicitudes de permisos de residencia y trabajo, y hasta tres meses para resolverlas de forma definitiva. Tanto las oficinas de Correos como las de Seguridad Social habilitarán ventanillas especiales para gestionar el proceso, puesto que las oficinas de Extranjería se encuentran colapsadas tanto de manera presencial como telemática por falta de personal y volumen de trabajo.
Otras regularizaciones
En España, los procesos de regularización de migrantes se han sucedido desde los años 80 bajo distintos gobiernos, tanto del PSOE (1986, 1991, 1996 y 2005) como del Partido Popular (2000 y 2001). La última regularización masiva se realizó en 2005, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, y permitió acceder a la residencia legal a más de 576.000 personas.
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