La Comunidad de Madrid necesita ayuda legal en Colombia: paga 36.300 euros a un penalista de la Universidad Autónoma para “revisar” la causa que se abrió hace 8 años contra directivos del Canal

La Comunidad de Madrid y Colombia mantienen un litigio judicial desde hace años. En octubre de 2018, la Fiscalía General de Colombia decidió iniciar el proceso para embargar las acciones que el Canal de Isabel II, a través de la sociedad Inassa, tenía en la Triple A de Barranquilla, la principal filial del Canal al otro lado del Atlántico. Un proceso que finalizó en 2021 y por el que Colombia se hizo así con el 85% de la propiedad de la Triple A, valorada entonces en 58 millones de euros. La Triple A era la ‘joya de la corona’ de las sociedades surameriacanas del Canal, que gestionaba el tratamiento y depuración de aguas de varios municipios colombianos entorno a la ciudad de Barranquilla.

El Gobierno presidido a finales de 2018 por Ángel Garrido (Cristina Cifuentes ya había dimitido) calificó la decisión de “expropiación”. Y en 2019 Isabel Díaz Ayuso heredó un doble problema judicial. El primero porque varios directivos de Inassa y de la Triple A (colombianos y españoles) empezaron a ser investigados en un proceso penal acusados de establecer un sistema por el que Inassa (la matriz) cobró a la Triple A (su filial) unos servicios de asesoría que presuntamente no se realizaron. Y segundo, porque en enero de 2023 el Gobierno de Ayuso decidió acudir a un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglos de Disputas relativas a Inversiones, el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial. El Gobierno colombiano había utilizado una ley que suele aplicar a los narcos para realizar esta expropiación. Un proceso “sin la más mínima transparencia y en violación de las garantías básicas”, denunció la Comunidad.

El proceso penal en Colombia, bautizado como ‘operación Acordeón’, sigue su curso. Casi una decena de personas están investigadas. Una de ellas, que pide anonimato, asegura que la “causa sigue abierta pero paralizada, sin grandes avances tras ocho años”. Muchos de estos investigados incluso han sido multados por otro organismo, la Procuraduría General de Colombia, que depende del Senado y del presidente de la República. El arbitraje en el CIADI, por su parte, también sigue su tramitación. La Comunidad de Madrid ha tenido que contratar abogados para defender sus intereses. Primero fue el despacho Cremades & Calvo Sotelo, que recibió un contrato de 368.000 euros. Y después, el bufete Uría Menéndez que se llevó 1,4 millones y su socio colombiano Philippi Prietocarrizosa Ferrero, que cobró otros 176.000 euros.

Pero este lunes, 30 de marzo, la Comunidad de Madrid ha formalizado en su portal de transparencia una nuevo contrato valorado en 36.300 euros con la Fundación de la Universidad Autónoma para la “prestación de los servicios jurídicos por parte de un experto en materia de derecho penal español”. Y es que ocho años después, el Gobierno regional sigue necesitando asesoramiento jurídico para seguir litigando contra la Fiscalía colombiana. El contrato consiste en “revisar los documentos que se encuentran en el expediente arbitral relativos a la causa penal en la que están incursos algunos ex directivos de Canal de Isabel II por la compra de la Triple A de Barranquilla”.

“Sin línea clara de defensa”

Diego Cruz, diputado socialista en la Asamblea de Madrid, parece tener claro que, con todos estos contratos de Cremades, Uría y ahora la Autónoma, “la Comunidad de Madrid no tiene una línea clara de defensa y que hay poca fe en los equipos jurídicos de la Comunidad y del Canal”. Cruz ha analizado el servicio jurídico que se requiere a la Autónoma y le parece, cuanto menos, “sorprendente”. El Canal, a través de Inassa, quiere saber “en qué fase del procedimiento se encuentra la referida causa penal, un análisis del contenido del auto de apertura de juicio oral, qué tipos penales están siendo considerados para la calificación de los delitos, qué posición procesal ostenta la Comunidad de Madrid y Canal de Isabel II”.

Este experto en derecho penal también debe “analizar si los tipos penales imputados incluyen investigar y determinar que los fondos utilizados para la compra de Triple A por parte de Canal de Isabel II tuvieron origen ilícito; y determinar si, en el procedimiento penal que afecta a la inversión del Canal de Isabel II en Inassa, se analiza la presunta corrupción en la inversión en Colombia en relación con el contrato de asistencia técnica, o la violación de alguna norma de Derecho colombiano”. Mucho trabajo que hacer. “Con esta petición es como si la Comunidad de Madrid no supiese qué pasa con esta investigación judicial en la que lleva inmersa ocho años”, ironiza el parlamentario Cruz.

El contrato también exige asesoramiento básico en derecho, como “describir el funcionamiento del procedimiento penal en España con particular enfoque en los distintos hitos relevantes desde su inicio hasta que se dicta sentencia firme, con especial énfasis en cuál es la función del auto de apertura de juicio oral". Y luego, una parte que le ha llamado la atención al diputado socialista Cruz: “Si de los documentos existentes se desprende que las comisiones de investigación de la Asamblea de Madrid han tenido algún rol, bien como fuente de prueba o investigación, bien en la instrucción penal o en la fijación de hechos del auto de apertura de juicio oral”.

Caso Lezo en España

La Asamblea realizó una comisión de investigación sobre los negocios del Canal al otro lado del Atlántico. La empresa pública creó en diciembre de 2001 Canal Extensia, una sociedad para adquirir la mayoría accionarial de la colombiana Inassa. El Canal iniciaba así su expansión por Latinoamérica, comprando otras filiales en México, Brasil, República Dominicana, Venezuela... todo un proceso de crecimiento fuera de las fronteras madrileñas que acabaría en 2016 con el nacimiento del ‘caso Lezo’ por el presunto pago de mordidas y comisiones en esta internacionalización del Canal. Caso que llevó a la detención del expresidente de la Comunidad de Madrio Ignacio González.

La licitación de este último contrato también tiene como objeto la prestación de servicios profesionales jurídicos “para el asesoramiento en el marco del proceso de arbitraje internacional ante el Tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) contra la República de Colombia”. Mucho trabajo para un caso tan complejo. Hasta seis instituciones colombianas pusieron sus ojos en Inassa y abrieron investigaciones: la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Superintendencia de Sociedades (equivalente a la CNMV española), la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Contraloría Distrital de Barranquilla (equivalente a la Cámara de Cuentas madrileña) y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como nuestra Agencia Tributaria.

Aquí en España el caso Lezo se dividió en media docena de piezas, con investigaciones tan variopintas como la financiación irregular del PP de Madrid, la construcción fallida de un tren al municipio de Navalcarnero, la construcción de un campo de golf en pleno centro de Madrid en instalaciones del Canal, o la compra de la filial brasileña Emissao. Uno de los investigados más destacados (que comparte problemas judiciales en Colombia) es Edmundo Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa, que fue cesado por el Gobierno de Cifuentes después de que su nombre apareciera en los famosos ‘papeles de Panamá’ por tener empresas en paraísos fiscales.