Las fincas sin dueño encarecen el campo: Galicia rescata casi 800 y destapa un problema presente también en Asturias, Navarra, Aragón y Castilla y León

Casi 800 fincas sin dueño conocido —concretamente 797— pasarán al Banco de Terras de Galicia tras una década sin que aparezcan sus propietarios, según ha avanzado La Voz de Galicia. El dato pone sobre la mesa un problema poco visible para buena parte de la población, pero con efectos directos sobre el campo: parcelas vacantes o de titular desconocido que pasan años sin uso agrario mientras el acceso a la tierra sigue siendo una de las barreras para la actividad.

Detrás de este movimiento hay una estrategia más amplia de movilización de suelo agrario. La propia ‘Lei de recuperación da terra agraria’ de Galicia nació con el objetivo de combatir el abandono y la infrautilización de fincas, mejorar la base territorial de las explotaciones y favorecer la recuperación demográfica del rural, según recoge el BOE.

La norma, en vigor desde 2021, no plantea la recuperación de terrenos como una simple cuestión registral. La vincula con varios problemas de fondo: el abandono de tierras agrarias, la pérdida de superficie útil, la desestructuración de usos del suelo y la necesidad de facilitar actividad económica en el medio rural. También subraya otro obstáculo clásico del campo gallego y de buena parte del noroeste peninsular: la excesiva fragmentación de la propiedad, que eleva costes y reduce el rendimiento de la actividad agraria.

Para hacer frente a esa situación, la ley prevé instrumentos como arrendamientos, cesiones, permutas o transmisiones. En ese esquema, el Banco de Terras de Galicia actúa como una pieza clave para poner suelo a disposición de quienes quieran cultivarlo o explotarlo. La norma también regula el procedimiento de investigación de fincas de titular desconocido y su incorporación a la gestión pública a través de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).

Galicia no es una excepción

Los documentos oficiales muestran que el fenómeno no es exclusivo de Galicia. En Aragón, una ley autonómica de 2021 estableció que los inmuebles vacantes situados en su territorio pasan a la comunidad autónoma por ministerio de la ley, lo que da una base jurídica específica para estos bienes.

En Asturias, distintos boletines oficiales ligados a procesos de concentración parcelaria prevén remitir al Banco de Tierras la relación de fincas cuyo dueño no hubiese aparecido, a efectos de los bienes sin dueño conocido. Navarra también contempla esta realidad en su legislación agraria: la Ley Foral de Infraestructuras Agrícolas regula las fincas sin propietario conocido y permite incluso su cesión en precario para cultivo en determinados supuestos.

En Castilla y León, además, hay ejemplos concretos con cifras. Un expediente oficial de concentración parcelaria de Samir de los Caños, en Zamora, recoge 704 parcelas sin dueño conocido, el 6,7% del total, con una superficie de 186,40 hectáreas. El propio expediente atribuye este elevado número a la gran dispersión de la propiedad y a la emigración.

Falta una fotografía completa de España

Pese a estos ejemplos, no existe una estadística homogénea y reciente que permita medir con precisión cuántas parcelas de titular desconocido hay en cada comunidad autónoma. Galicia destaca porque ha aportado una cifra reciente y porque ha definido con claridad una vía para integrar este tipo de suelo en un banco público de tierras, pero los datos comparables a escala estatal siguen siendo escasos.

Lo que sí existe es una señal de que el acceso a la tierra se ha convertido en una preocupación institucional más amplia. En enero de 2026, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció un paquete de medidas para favorecer el relevo generacional en el campo y aseguró que el Estado analizará unas 17.000 fincas rústicas de la Administración General del Estado para valorar su aptitud agraria y, en su caso, ponerlas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales a través de la plataforma Tierra Joven.

La cuestión tiene también una dimensión económica concreta. Documentos técnicos de procesos de concentración parcelaria en Castilla y León apuntan a que reducir el número de fincas y mejorar los accesos permite ahorrar carburante, lubricantes, reparaciones, amortización de maquinaria y mano de obra.

Asimismo, la normativa gallega vincula la fragmentación extrema de la propiedad con mayores costes y menor rendimiento para las explotaciones, mientras que el debate sobre la tierra vacante se cruza con otro problema de fondo: la dificultad de acceso al suelo para nuevos agricultores y ganaderos. En ese contexto, movilizar estas parcelas no es solo una cuestión de ordenación territorial, sino también de eficiencia y viabilidad económica.