El Gobierno exige por carta a inmobiliarias y fondos que gestionan más de 100.000 viviendas que acepten la prórroga de los alquileres

El comunicado se dirige a trece grandes operadores del mercado residencial tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2026

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En la fachada de un edificio se ve un cartel de 'Se Alquila' bajo la persiana de uno de los pisos (Jesús Hellín / Europa Press)
En la fachada de un edificio se ve un cartel de 'Se Alquila' bajo la persiana de uno de los pisos (Jesús Hellín / Europa Press)

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una carta a 13 inmobiliarias y fondos de inversión que concentran o gestionan más de 100.000 viviendas en alquiler en España para recordarles que deberán aceptar obligatoriamente la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento cuando la soliciten sus inquilinos dentro del plazo previsto por la nueva norma.

El comunicado se dirige a grandes actores del mercado del alquiler después de la aprobación del Real Decreto-ley 8/2026, avalado el pasado 20 de marzo en Consejo de Ministros, que incorpora medidas urgentes en materia de vivienda como respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional. Según el Ministerio, la intención es garantizar que estas empresas apliquen correctamente la nueva obligación desde este momento.

Los arrendatarios cuyos contratos finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 podrán pedir una ampliación extraordinaria del alquiler manteniendo las mismas condiciones vigentes del contrato.

Hasta dos años adicionales con las mismas condiciones

La norma establece que esta prórroga podrá aplicarse por plazos anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el arrendatario solicite expresamente esa continuidad antes de que finalice el contrato.

En ese caso, el propietario o la empresa arrendadora estará obligado a aceptarla, salvo que concurran circunstancias específicas previstas legalmente. El Ministerio recuerda en su carta que no se trata de una posibilidad opcional para el arrendador, sino de un derecho reconocido al inquilino dentro del periodo fijado por el decreto.

La medida afecta a contratos de vivienda habitual y mantiene intactos tanto el precio como el resto de condiciones pactadas en el contrato en vigor, sin que puedan introducirse cambios unilaterales durante ese periodo extraordinario.

Sumar reivindica su acción en el Gobierno, pero necesita sacar adelante el decreto de los alquileres en el Congreso.

Consumo pide aplicación inmediata a las empresas

La carta ha sido remitida por la Dirección General de Consumo y solicita a estas 13 entidades “la máxima diligencia” para asegurar que la medida se aplica correctamente.

Además, el departamento que dirige Pablo Bustinduy reclama a inmobiliarias y fondos que adapten sus procedimientos internos para que cualquier solicitud presentada por un inquilino sea tramitada de forma inmediata y conforme a la ley.

El Ministerio considera que estas compañías son actores clave por el volumen de vivienda que administran y por el impacto que pueden tener en la efectividad práctica de la medida en el mercado del alquiler.

Una medida ya en vigor dentro del nuevo decreto

La prórroga extraordinaria forma parte del paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo para contener la presión sobre los hogares en un contexto de encarecimiento de costes.

El decreto ya está en vigor y amplía la protección para quienes viven de alquiler en un momento en el que muchos contratos alcanzan su vencimiento en un mercado marcado por la subida de precios y la escasez de oferta.

Desde Consumo insisten en que el nuevo derecho debe aplicarse sin necesidad de renegociar el contrato, siempre que la vivienda sea residencia habitual y el inquilino comunique su voluntad de acogerse a la extensión dentro del periodo legalmente establecido.

La actuación del Ministerio llega pocos días después de que comenzara a aplicarse esta medida y busca evitar interpretaciones erróneas o negativas por parte de grandes propietarios antes de que empiecen a acumularse solicitudes de renovación.