La UE da un paso más para autorizar la creación de los “centros de retorno” de migrantes en situación irregular fuera de sus fronteras

El Parlamento Europeo sigue allanando el terreno para aplicar penas más duras a personas migrantes en situación irregular, así como su posible deportación a los llamados “centros de retorno” fuera del bloque. Legisladores de la Unión Europea han votado este jueves en Bruselas, saldándose la votación con 206 votos en contra y 389 a favor del endurecimiento de la normativa migratoria de Europa - iniciativa criticada por grupos defensores de derechos humanos - lo que supone que esté un paso más cerca de ser aprobada de forma definitiva.

El paquete legislativo incorpora la creación de centros para tramitar devoluciones en países no pertenecientes a la Unión, además de sanciones más estrictas para los migrantes a quienes se les deniegue el asilo o se resistan a abandonar el territorio.

El Parlamento respalda el establecimiento de “centros de retorno” fuera de la Unión

De acuerdo con información de la AFP, el proyecto cuenta con el respaldo de grupos de centroderecha y ultraderecha, y propone una respuesta común a la cuestión migratoria en los veintisiete Estados miembros. El debate ha estado marcado por el desacuerdo entre distintos gobiernos y organizaciones sociales. “Los cambios decisivos introducidos por este reglamento permitirán garantizar de manera simple este principio: si llegas ilegalmente a Europa, puedes estar seguro de que no te quedarás aquí”, declaró el eurodiputado francés de centroderecha François-Xavier Bellamy al término de la votación, en declaraciones recogidas por Reuters.

La propuesta prevé que estos centros de retorno se ubiquen fuera de la Unión Europea, donde podrían ser enviados quienes vean rechazadas sus solicitudes de asilo, siempre que existan convenios con los países receptores. Algunas voces, como la de Marta Welander, del Comité Internacional de Rescate (IRC), han advertido de los riesgos de este modelo: “Se ubicarán fuera del territorio de la UE, donde los responsables políticos no pueden garantizar el respeto de los derechos de las personas”, explicó la representante del IRC, citada por la AFP.

El texto de la propuesta registrada en marzo del año pasado sostiene que las personas migrantes afectadas por esta medida solo podrán ser “devueltas” a países fuera del bloque de los cuales se tenga la certeza, basada en acuerdos, de que se respetan los estándares y principios internacionales de derechos humanos, de acuerdo con el derecho internacional.

Dichos acuerdos deberán establecer tanto la forma en la que se realizará el traslado como las condiciones que regirán la estancia de la persona en el país tercero, independientemente de si se trata de una permanencia corta o indefinida. Además, se incorporará un sistema de supervisión que permita controlar el cumplimiento del acuerdo y ajustar su aplicación si cambian las circunstancias en el país de destino. Por otro lado, los menores no acompañados y las familias con hijos quedarán fuera de la posibilidad de ser retornados en virtud de estos acuerdos.

Unificación de criterios, sanciones más duras y polémica por los centros de retorno fuera de la UE

La Comisión Europea lanzó en marzo de 2025 una propuesta para unificar los procedimientos de devolución de migrantes en situación irregular, en sustitución de la normativa de 2008, como parte de los compromisos del Pacto sobre Migración y Asilo de 2024. El objetivo era que los 27 Estados miembros aplicasen un sistema común, ya que solo dos de cada diez migrantes con orden de expulsión abandonan realmente la Unión. Según el memorando, “la falta de claridad de las reglas y los procesos administrativos extensos genera incertidumbre tanto para los migrantes como para las autoridades”. La Comisión advierte que la fragmentación de los sistemas nacionales favorece el ingreso irregular y las redes que explotan a estas personas.

El reglamento introduce la Orden de Retorno Europeo, válida en todo el espacio Schengen y registrada en el sistema de información correspondiente. Una orden de expulsión seguirá vigente aunque la persona se traslade a otro país miembro, evitando así que el proceso se reinicie en otro Estado. Las personas afectadas tendrán nuevas obligaciones, como informar de cualquier cambio en su situación y no abandonar el país donde se tramite el expediente, con sanciones que pueden llegar hasta la prohibición de entrada por diez años.

Se contemplan alternativas a la detención, aunque el arresto no se descarta en caso de fuga. El texto distingue entre personas migrantes irregulares y aquellas personas que supongan una amenaza para la seguridad pública, reservando para este último grupo medidas más estrictas, incluida la detención prolongada. Se mantiene el respeto al “principio de no devolución”, la asistencia legal gratuita para menores no acompañados y el derecho a defensa.

El sistema prevé una inversión superior a 200 millones de euros entre 2025 y 2027, con fondos comunitarios destinados a infraestructuras y sistemas digitales, y auditorías independientes para garantizar el respeto de los derechos humanos en las expulsiones.

El debate en torno a los centros de retorno ha generado reacciones encontradas. Francia y España han mostrado dudas sobre su eficacia, mientras que Dinamarca, Austria, Grecia, Alemania y Países Bajos exploran acuerdos con países terceros. El IRC ha calificado estos centros como “agujeros negros legales” y diversas ONG han advertido sobre las dificultades para velar por los derechos de los migrantes en estos lugares. Además, setenta organizaciones de derechos humanos alertaron en febrero sobre una posible “aplicación migratoria al estilo ICE”, en referencia a los métodos de la agencia estadounidense durante la presidencia de Donald Trump.