La creencia de que la migración resta oportunidades laborales a la población local no se sostiene frente a los datos de la realidad española. En un país marcado por el envejecimiento y una natalidad en mínimos históricos, la llegada de personas migrantes resulta clave para mantener el dinamismo económico y la prestación de servicios esenciales. Según el informe presentado por la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia (ONPE), una reducción del 30% en la inmigración para 2075 tendría importantes consecuencias: la población activa disminuiría en 9 millones de personas, se perderían 63.000 médicos especialistas y cerrarían unos 90.000 bares. El estudio, presentado este miércoles, advierte que, lejos de desplazar a la fuerza laboral local, la inmigración sostiene sectores estratégicos y contribuye a la viabilidad del sistema de pensiones, la educación y la sanidad.
El documento, elaborado por la ONPE y un grupo de expertos en migraciones, utiliza herramientas de comparación de escenarios para anticipar el impacto de dos posibles futuros migratorios entre 2026 y 2075. El primer escenario mantiene los actuales flujos migratorios, mientras que el segundo plantea una reducción del 30% respecto a las proyecciones oficiales. De acuerdo con el análisis, en el escenario de baja inmigración, la población española caería a 40 millones de habitantes, lo que implica una reducción del 25%, mientras que el número de personas en edad laboral quedaría en 24 millones, frente a los 33 millones previstos si se sostienen los niveles actuales.
Según el informe, que lleva por título España ante el reto migratorio: dos futuros posibles, este descenso demográfico desencadenaría consecuencias económicas y sociales de amplio alcance. El Producto Interior Bruto (PIB) sería un 22% menor, cada trabajador debería aportar 2.000 euros adicionales al año para financiar las pensiones y los servicios públicos sufrirían un fuerte deterioro: se perderían 63.000 médicos especialistas y cerrarían 50.000 aulas entre primaria y secundaria. Además, la hostelería podría ver el cierre de hasta 90.000 bares, casi la mitad del total actual.
El impacto en el sector agrícola
La reducción de la inmigración golpearía especialmente al sector agrícola. El informe estima que 220.000 explotaciones dejarían de operar por la falta de mano de obra, lo que representa cerca de un tercio de la producción de frutas y verduras del país. Provincias como Huesca, Soria y Teruel, ya amenazadas por la despoblación, podrían perder hasta el 28% de sus habitantes si los flujos migratorios caen por debajo de las previsiones, según el análisis de la ONPE.
En el escenario alternativo, España mantendría su dinamismo social y económico si sostiene la inmigración en niveles similares a los actuales. La llegada de nueva población compensaría el envejecimiento, ampliaría la base laboral y aportaría diversidad, de acuerdo a este diagnóstico.
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