La jueza del Tribunal de Instancia número 2 de Montoro ha emitido una providencia en la que requiere a Adif que aclare y complemente la información sobre la sustitución de un tramo de carril en la vía férrea. En concreto, solicita que, en un plazo de cinco días, la entidad explique los hechos y motivos técnicos que llevaron al reemplazo de un carril de 36 metros en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2, e identifique tanto a la empresa suministradora del carril defectuoso como al responsable de dicha empresa que notificó la incidencia.
Además, se pide que se precise la persona que recomendó la sustitución preventiva, así como los trabajadores y técnicos de Adif con quienes la empresa suministradora y su director técnico trataron la incidencia, incluyendo al responsable de Adif que autorizó el cambio de carril.
En paralelo, la jueza ha oficiado a la Guardia Civil de Córdoba para que lleve a cabo diligencias de investigación que permitan esclarecer las circunstancias de la sustitución del carril y determinar si el supuesto defecto podría afectar a otros tramos de las vías 1 y 2, comprendidos entre los puntos kilométricos 321,098 y 315,974. Esta medida apunta a garantizar un análisis exhaustivo sobre posibles riesgos en otros sectores de la infraestructura ferroviaria.
Asimismo, ADIF tiene un plazo de cinco días para certificar ante el órgano judicial que el nuevo carril instalado cuenta con el certificado de calidad correspondiente y con la documentación necesaria que asegure su trazabilidad. La providencia también requiere que la compañía aclare las causas técnicas que motivaron la sustitución de 42 metros de carril de la vía 2 entre los puntos kilométricos 317,300 y 317,342.
Las sustituciones de vías
La sustitución del tramo de carril de 36 metros en el punto kilométrico 317,264 de la vía 2 se enmarca dentro de la investigación judicial abierta tras el grave accidente ferroviario ocurrido el 18 de enero de 2026 en Adamuz, donde murieron 46 personas y más de un centenar resultaron heridas en la colisión de dos trenes de alta velocidad de las compañías Iryo y Renfe en la línea Madrid‑Sevilla.
En ese contexto, la magistrada instructora ya había requerido a Adif que se abstenga de realizar obras o tareas de mantenimiento en la zona sin avisar con, al menos, 15 días de antelación y contar con autorización judicial, tras la comunicación tardía de la intención de sustituir ese tramo de carril la noche del 3 al 4 de marzo.
Además, en la propia instrucción se han detectado actuaciones no autorizadas de Adif tras el accidente, como la recogida de material de la vía sin permiso judicial, lo que generó amonestaciones por parte de la jueza y tensiones entre autoridades judiciales, la Guardia Civil y la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF).
La sustitución de esos 36 metros de carril no era una intervención aislada: durante la inspección ocular del 17 de marzo, la jueza constató otros 42 metros de vía reemplazados de los que no se había informado, elevando el total de tramo modificado a más de 78 metros.
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