Cuando la guerra asoma, las medidas anticrisis regresan: el Gobierno resucita las ayudas del conflicto de Ucrania con 11.000 M€ menos

Las consecuencias de la guerra en Oriente Medio han llegado a España, donde los ciudadanos y empresas han presenciado la subida, día a día, del precio del combustible -alentada principalmente por la especulación del mercado-. El conflicto, iniciado tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán, ha provocado el cierre del Estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas por la que se exporta el petróleo hacia todo el globo, por parte de Irán. Así como el ataque a varias refinerías de la región.

Pese a que el 83% del crudo que importa el Estado español transita lejos del Estrecho, siendo Estados Unidos y Nigeria los principales suministradores, los mercados energéticos internacionales han reaccionado con anticipación a las consecuencias futuras de esta nueva guerra. Desde el comienzo del conflicto, el precio del gas europeo ha subido cerca de un 100%, pasando de 32 a 63 euros por MWh, mientras que el barril de Brent lo ha hecho un 60%, superando los 119 dólares.

De este modo, el ataque en Teherán se traduce, a corto plazo, en un ataque al bolsillo de los españoles. Esta situación no es nueva, los ciudadanos ya hicieron frente a las consecuencias del inicio de la guerra de Ucrania. En aquel entonces no fue el petróleo, sino el gas ruso el que cerró el grifo, afectando primero a países como Alemania, más dependientes de los recursos del Kremlin, y en consecuencia al resto del bloque europeo y al resto del planeta.

La guerra entre Putin y Zelenski inició el 24 de febrero de 2022. 33 días después, el Gobierno de Pedro Sánchez presentó un paquete anticrisis con el que intentó responder a los reclamos de la ciudadanía, principalmente de pymes, autónomos y el campo español. Ahora, con la guerra de Irán, el Ejecutivo ha decidido resucitar el paquete anticrisis, centrada, al igual que la anterior, en contener los precios de la energía, aunque esta vez con un presupuesto más modesto.

11.000 millones menos de presupuesto

El 29 de febrero de 2022, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, presentó un paquete anticrisis -negociado entre PSOE y Podemos- que contaba con un presupuesto de 16.000 millones de euros, de los que 6.000 millones iban destinados a ayudas directas y rebajas de impuestos y el resto a una línea de avales gestionados a través del ICO.

Además, Calviño puso el foco en ocho objetivos: bajar el precio del gas, la electricidad y los carburantes; apoyar a las empresas afectadas, en especial pymes y autónomos; mantener la estabilidad de precios; garantizar los suministros; proteger la estabilidad financiera; desplegar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia; impulsar la eficiencia energética y reforzar la ciberseguridad.

Esta vez, el viernes 20 de marzo, Pedro Sánchez, como presidente, pero con un nuevo socio de Gobierno (Sumar), ha presentado el paquete anticrisis, con 80 medidas, para palear los efectos de la guerra de Irán. El presupuesto es más modesto, 5.000 millones de euros, pero la energía vuelve a estar en el centro de las medidas y se incorpora una nueva prioridad: la vivienda.

La energía, en el centro de las ayudas

La guerra de Ucrania puso sobre la mesa la excepción ibérica, por la que España y Portugal fijaron un precio de referencia para el gas que permitió abaratar los precios de la electricidad en ambos países. Sobre la energía, el Gobierno anunció en 2022 la extensión del IVA a la electricidad (hasta el 10%), la suspensión del 7% del impuesto a la generación y una reducción del 0,5% del impuesto especial de electricidad.

Sobre las renovables, en aquel entonces el Ejecutivo anunció un traspase de 1.800 millones de euros del régimen especial de las plantas de energía renovable hacia la reducción de la parte fija de la factura eléctrica de los hogares y la autorización de estas plantas para vender su electricidad al margen del mercado mayorista a partir del 1 de enero de 2022 para facilitar una mayor liquidez de electricidad a precios más razonables.

Para las familias, el Gobierno flexibilizó el bono social eléctrico, con una renovación automática para los dos siguientes años, incluyendo a todos los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (INM). Por último, se prorrogó la prohibición de incrementar el gas en más de un 5% por trimestre para los consumidores de la Tarifa Último Recurso.

Para esta guerra, las medidas sobre energía se componen por una reducción de hasta el 60% de los impuestos sobre la electricidad. Con la reducción, otra vez, del IVA de la energía al 10%, junto con la congelación del precio máximo de venta del butano y propano. También se baja al 10% el IVA a la gasolina y gasoil, que se traduce en una rebaja efectiva de 30 céntimos por litro. Sobre la factura de la luz, se ha suspendido el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad del 5% al tipo mínimo del 0,5%.

El bono social eléctrico vuelve a figurar en este plan anticrisis, siendo de 42,5% para vulnerables y el 57,5% para vulnerables severos. Además, se incrementa la ayuda mínima del bono social térmico a 50 euros y se prohíbe el corte de suministros básicos (agua y energía) a hogares vulnerables.

Las medidas para trabajadores, pymes y autónomos

Para las empresas, el paquete anticrisis de 2022 incluía 362 millones de euros para agricultura y ganadería; 68 millones para el sector pesquero; más de 500 millones en ayudas a los grandes consumidores de electricidad y 125 millones de euros para la industria de gas intensiva. Así mismo, para garantizar la liquidez de las empresas y autónomos, el Ejecutivo destinó 10.000 millones de euros en avales ICO.

En cuanto a los trabajadores, se aumentó un 15% el IMV y se limitó la actualización anual de la renta de los contratos de alquiler hasta el verano de 2022, por lo que estos no podían superar la variación del Índice de Garantía de Competitividad (IGC), situado en el 2%. Además, se facilitó los mecanismos ERTE para los empresarios, por los que, para evitar despidos, se destinaron recursos públicos para costear salarios y cotizaciones sociales.

Esta vez, las medidas destinadas a las empresas se centran en la industria electrointensiva, con una bonificación de un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución. Además, se flexibilizan por ley los contratos de suministro energético, permitiendo que tanto empresas como autónomos puedan adaptar sus condiciones con mayor facilidad y sin costes adicionales. para ello, el Ejecutivo ampliará en 300 millones la línea de créditos ICO de subvención de créditos, para el sector agroalimentario y pesquero.

Ayudas al sector del transporte

Otro de los puntos a destacar del paquete de 2022 fue el de las ayudas al sector del transporte, el principal beneficiado de la bonificación mínima de 20 céntimos por litro de combustible y de 450 millones de euros en ayudas directas para las empresas de transporte de mercancías y pasajeros. Además, se redujo a un mes el plazo de devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos y se otorgó una bonificación adicional del 80% a la tasa del buque y de mercancía en líneas de conexión entre la Península y puertos extrapeninsulares.

Además, en un contexto en el que los ataques rusos pasaban por las telecomunicaciones, el Gobierno aprobó un Plan Nacional de Ciberseguridad con una inversión de más de 1.200 millones de euros. En el nuevo paquete por la guerra de Irán, estas medidas de ciberseguridad han quedado excluidas.

Esta vez, el nuevo paquete vuelve a incluir la rebaja de 20 céntimos por litro. Según ha detallado el Presidente, la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos será para los sectores más afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Además, se destinará una ayuda equivalente a la compra de fertilizantes -un reclamo del campo-.