Este viernes comienza en Sevilla un juicio con jurado en el que se va a sentar en el banquillo un guardia civil, identificado con las iniciales J.L.N.L., y a un amigo suyo que trabajaba para una agencia de seguridad, F.J.L.P. Ambos están acusados de haber participado en una trama en la que el agente accedía a datos privados de vehículos gracias a su puesto y se los vendía al otro implicado.
El escrito de conclusiones provisionales describe que J.L.N.L., “mayor de edad y sin antecedentes penales, guardia civil en activo componente del Equipo de Atestados del Destacamento de (Sevilla)”, mantenía una relación de amistad de años con F.J.L.P., “quien estuvo casado con la hermana de J.L.N.L., de la que se divorció en 2005”.
Esa cercanía permitió, según la Fiscalía, que F.J.L.P. supiera que J.L.N.L. “por razón de su cargo de agente de la autoridad tenía acceso a diferentes bases de datos de tráfico, cuyo uso es exclusivamente para el desempeño de las funciones que por competencia tienen atribuidas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.
Titulares, matriculación e ITV
El Ministerio Fiscal sostiene que durante 2023 F.J.L.P. “realizaba trabajos remunerados para una agencia de investigación y para esa labor le interesaba conocer detalles de tráfico de diferentes vehículos, tales como los titulares, matriculación, ITV”, por lo que solicitó a J.L.N.L. los datos a cambio de una remuneración económica. El auto señala que el agente, “siendo consciente de la ilegalidad de la conducta y con ánimo de enriquecimiento ilícito accedió a ello”.
Para intentar ocultar sus acciones, J.L.N.L. recurrió en ocasiones a otros compañeros del Equipo de Atestados, “a los que les pedía que les facilitara la información requerida y que desconocían el fin ilícito último de los datos que le daban”.
Entre los días 27 de julio y 25 de septiembre de 2023, según el escrito, se produjeron diversas entregas de información. Por ejemplo, el auto detalla que el día 27 de julio de 2023 el agente acusado solicitó a un compañero los datos de un vehículo que más tarde facilitó a su amigo a través de WhatsApp. El 24 de agosto facilitó un pantallazo de una Tablet de tráfico en la que se podía observar que carecía del seguro obligatorio desde el día 13 de ese mes.
A lo largo de septiembre, las solicitudes continuaron, siempre transmitiendo la información a través de WhatsApp, según el escrito del fiscal, que especifica que no consta “cuánto dinero recibía por cada información que daba”.
Delitos de cohecho pasivo, revelación de secretos y descubrimiento
El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de varios delitos: “un delito de cohecho pasivo del artículo 419 del CP, un delito de descubrimiento y revelación de secretos del artículo 198 del CP, en relación con el artículo 197.2 del CP, y un delito de cohecho activo del artículo 424 del CP”.
Según el auto, J.L.N.L. responde como autor del cohecho pasivo y del descubrimiento y revelación de secretos, mientras que F.J.L.P. responde del cohecho activo. El escrito recalca que “no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad penal”.
Respecto a las penas solicitadas, la Fiscalía interesa para ambos acusados “la pena de 4 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y 20 meses de multa con cuota diaria de 6 euros (3.720 euros en total) y con un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas no satisfechas por el delito de cohecho”.
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Para J.L.N.L., además, se solicita “la pena de 3 años de prisión, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y 20 meses de multa con cuota diaria de 6 euros día y con un día de responsabilidad personal subsidiaria por cada dos cuotas no satisfechas e inhabilitación absoluta por periodo de 6 años”.
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