Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, citado como imputado por filtrar datos de periodistas

Una jueza de Madrid ha llamado a declarar a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, el 6 de mayo, en el marco de una investigación por presunta revelación de secretos. Rodríguez deberá comparecer como denunciado y querellado, tras haber compartido en un chat los nombres, apellidos y una fotografía de dos periodistas identificados por la policía.

La decisión se produce luego de que la Audiencia Provincial de Madrid ordenara admitir a trámite tanto la denuncia promovida por el PSOE como la querella presentada por los dos periodistas de El País perjudicados. La comparecencia de Rodríguez tendrá lugar en el Juzgado de Instrucción 25 de Madrid, donde también se ha citado para ese mismo día, a partir de las 9:00, a varios testigos y a los periodistas afectados.

La magistrada encargada del caso ha acordado nuevas diligencias y ha solicitado la identificación de los agentes policiales que prestaron servicio como escoltas de Isabel Díaz Ayuso durante los hechos investigados. La denuncia señala que uno de estos agentes identificó a los periodistas implicados en la causa.

El caso se centra en la difusión de datos personales de dos periodistas de El País, quienes fueron señalados en un chat dirigido a profesionales de la información. Según la denuncia, el mensaje compartido el 19 de marzo de 2024 incluía la fotografía, nombre y apellidos de ambos, junto a la acusación de que “habían estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluidas niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras”.

Ese mismo día, los informadores realizaban una investigación sobre la vivienda de la presidenta y su pareja, cuando un agente, vestido de paisano, les solicitó que se identificaran. El contexto en el que se envió el mensaje resulta relevante, ya que la información se compartió pocos días después de hacerse pública la denuncia de la Fiscalía contra Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, por un supuesto fraude fiscal de 350.000 euros.

La jueza reactiva la investigación

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha reactivado la causa tras recibir el mandato de la Audiencia Provincial. Hace casi un año, la jueza había decidido no abrir procedimiento al no apreciar una afectación relevante en la intimidad de los periodistas afectados. La Audiencia, al revisar los recursos presentados tanto por el PSOE como por los periodistas de El País, consideró que la investigación debía continuar.

En el auto, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid fue tajante: “Es pertinente averiguar cómo, cuándo y por qué llegaron los datos de los periodistas al querellado y si este efectivamente divulgó los mismos”. El tribunal también subrayó la necesidad de determinar “si en la presunta divulgación de dichos datos existió infracción penal”, e instó a la magistrada a practicar todas las diligencias necesarias para esclarecer los hechos.

El mandato de la Audiencia Provincial se traduce en una instrucción directa para la jueza, que ahora deberá indagar en el origen de la información, la cadena de custodia de los datos y las circunstancias en las que llegaron al chat de periodistas. En este contexto, la identificación de los agentes que actuaron como escoltas de la presidenta puede resultar clave para reconstruir lo sucedido el día de los hechos.

La instrucción de la causa se encuentra en una fase inicial y la jueza ha ordenado practicar todas las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades. El tribunal ha insistido en que la investigación debe aclarar si la divulgación de los datos personales constituye un delito de revelación de secretos, tal y como establece el Código Penal.

El desarrollo del procedimiento se centrará en reconstruir los hechos ocurridos el 19 de marzo de 2024 y en analizar la cadena de transmisión de la información desde su origen hasta su difusión en el chat. Con las declaraciones previstas y la intervención de los agentes policiales, la causa avanza para esclarecer el alcance y las consecuencias de la revelación de los datos personales de los periodistas.