La Ertzaintza elimina su centro veterinario de Bizkaia obligando a los agentes a recorrer 45 kilómetros para atender a los perros de la Unidad Canina en Álava

“Esta decisión no es un mero trámite burocrático. Es una medida temeraria que pone en riesgo la vida de los perros y la seguridad operativa del servicio”, denuncian desde el Sindicato Profesional de la Ertzaintza

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Una ertzaina con un perro
Una ertzaina con un perro de servicio (Ertzaintza)

El Sindicato Profesional de la Ertzaintza (Si.P.E.) ha denunciado públicamente la supresión del servicio veterinario en Bizkaia, una medida que obliga a los agentes de la Unidad Canina a desplazarse más de 45 kilómetros hasta Vitoria-Gasteiz para atender cualquier urgencia de sus perros.

Según el sindicato, el veterinario que prestaba servicios en Bizkaia llevaba aproximadamente un año sin recibir el pago del Departamento, lo que derivó en la eliminación del servicio local y en la centralización de todos los cuidados veterinarios en Álava.

“Esta decisión no es un mero trámite burocrático. Es una medida temeraria que pone en riesgo la vida de los perros y la seguridad operativa del servicio. Resulta especialmente grave que esta decisión se produzca en un contexto en el que el propio colectivo viene denunciando de forma reiterada la precariedad material y organizativa que pone en riesgo la seguridad de los ertzainas. Cuando la Administración demuestra tan poca sensibilidad ante la protección de sus propios agentes, a quienes expone constantemente a situaciones de riesgo con medios insuficientes, cabe preguntarse qué podemos esperar en materia de protección hacia los perros de la Unidad Canina. La falta de compromiso con la seguridad no distingue entre uniformes ni entre especies: es una cuestión de responsabilidad institucional que hoy vuelve a quedar en entredicho.”, denuncian.

El agente “debe asumir el coste de la urgencia”

Explican que “obligar a un agente residente en Bizkaia a recorrer más de 45 minutos hasta Vitoria ante una urgencia veterinaria grave no es una decisión organizativa: es una irresponsabilidad manifiesta. En casos de hemorragia interna, torsión gástrica o shock traumático, ese tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte del animal”.

“No hablamos de mascotas particulares. Hablamos de perros policía entrenados, especializados, que intervienen en búsqueda de personas, detección de sustancias y dispositivos, y que asumen riesgos reales en cada servicio. Son agentes de cuatro patas que forman parte esencial de la estructura operativa”, añaden.

“La Administración ha demostrado una preocupante falta de previsión y sensibilidad. Primero, dejando durante un año sin abonar las facturas al veterinario de Bizkaia. Después, eliminando el recurso asistencial sin establecer una alternativa inmediata y eficaz en el propio territorio”, relatan.

Sin embargo, las denuncias no terminan ahí: “En caso de que un perro resulte herido en acto de servicio y el agente, actuando con responsabilidad, lo traslade al centro veterinario más cercano para salvarle la vida, la Administración se desentiende inicialmente del pago”.

Y es que en esta situación, es el profesional el que “debe asumir el coste de la urgencia de su propio bolsillo y esperar meses, hasta seis según los casos, para recibir un reembolso que no debería depender de su solvencia económica personal. Esta situación es inadmisible”.

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“No existe explicación lógica”

Sobre los impagos al veterinario, denuncian que “no existe explicación lógica ni planificación que justifique dejar sin cobertura veterinaria directa a una unidad operativa estratégica en uno de los territorios con mayor actividad policial. La burocracia no puede situarse por encima de la vida animal ni de la operatividad policial”.

“Desde el Sindicato Profesional de la Ertzaintza exigimos la articulación inmediata de convenios con clínicas veterinarias en Bizkaia y en el resto de territorios históricos, la implantación de un sistema de pago directo por parte de la Administración, sin que el agente tenga que adelantar importe alguno. Además, solicitamos la regularización inmediata de cualquier deuda pendiente con proveedores y un protocolo de urgencias que priorice la proximidad y la rapidez de atención”, concluyen.

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