El PP redacta una guía “vinculante” para sus acuerdos autonómicos con Vox: un decálogo estatal que ordena las negociaciones y blinda la estabilidad de la legislatura

El Partido Popular ha aprobado un documento marco que servirá de guía obligatoria para sus pactos autonómicos con Vox y que fija las condiciones políticas y programáticas bajo las que está dispuesto a cerrar acuerdos de gobierno en toda España. El texto, de diez puntos, tiene carácter “único, vinculante y de aplicación en todo el territorio nacional” y responde a la decisión de la dirección de Alberto Núñez Feijóo de asumir el control directo de las negociaciones en comunidades clave como Extremadura y Aragón.

El movimiento de Génova se produce en pleno atasco de las conversaciones para la investidura de María Guardiola en Extremadura y de Jorge Azcón en Aragón, y con la vista puesta en futuros escenarios en Castilla y León y Andalucía. El PP pretende así evitar negociaciones descoordinadas o concesiones dispares en los territorios, después de que las exigencias de Vox hayan tensionado algunos acuerdos.

En el preámbulo, los populares enmarcan esta estrategia en el actual ciclo político. “Los españoles están manifestando de forma inequívoca su rechazo al actual Gobierno de Pedro Sánchez y su voluntad de abrir una nueva etapa política en España”, sostiene el documento. Ese diagnóstico sirve de justificación para facilitar pactos con la ultraderecha en aquellas comunidades donde la suma de ambos partidos permite articular mayorías alternativas.

Un marco “vinculante” para ordenar las negociaciones

El texto subraya que el PP es “una formación de vocación nacional” y que los acuerdos deberán respetar “la unidad nacional, el marco constitucional y el Estado de Derecho”, así como el reparto competencial vigente. Esta última precisión no es menor: en Aragón, dirigentes populares habían expresado su malestar por demandas de Vox que excedían las competencias autonómicas, como determinadas actuaciones sobre cauces fluviales.

Génova fija además un principio de “coherencia programática” como línea roja. El partido podrá “ampliar las ofertas” con las que concurrió a las elecciones, pero no “contradecirlas”. “El Partido Popular tiene identidad política propia”, recalca el documento, que advierte de que un pacto “no implica acabar siendo lo mismo, ni pretenderlo”. Al mismo tiempo, introduce un argumento político de fondo: frustrar el mandato de las urnas, es decir, no facilitar gobiernos donde la suma de PP y Vox sea posible, contribuiría, según el texto, a prolongar “una situación política que la mayoría social está rechazando con contundencia”.

El reparto de poder, tanto en el Ejecutivo autonómico como en el Legislativo, deberá ajustarse a la proporcionalidad que hayan determinado los votantes. Con ello, la dirección popular trata de fijar un criterio objetivo para la distribución de consejerías y responsabilidades parlamentarias, en un momento en que Vox ha elevado el listón de sus exigencias en varias comunidades.

Rebaja fiscal, inmigración y vivienda: los ejes compartidos

El documento identifica una batería de ámbitos prioritarios para los acuerdos. En materia económica, el PP sitúa en primer plano la bajada de impuestos y la reducción de la burocracia que, a su juicio, “asfixia a autónomos y pequeños empresarios”. También incluye la defensa de agricultores, ganaderos y pescadores y un rechazo explícito a “las políticas climáticas que destruyen empleo, encarecen la energía y expulsan a la industria”, una formulación que conecta con las posiciones más críticas de Vox frente al llamado Pacto Verde europeo.

En vivienda, los populares apuestan por “construir, no intervenir” y plantean un “shock de oferta” que contemple más suelo disponible, menos trabas urbanísticas, plazos más cortos y movilización del suelo público. El texto recoge asimismo la propuesta de “desalojos exprés” frente a la ocupación ilegal, uno de los asuntos que Vox ha convertido en bandera.

La política migratoria ocupa un capítulo específico. “La inmigración irregular ha alcanzado niveles intolerables y el Gobierno responde con regularizaciones masivas que transforman la irregularidad en un derecho”, sostiene el documento. El PP diferencia entre quienes “vienen a trabajar y a respetar nuestras leyes” y quienes cometen delitos graves o hacen de la delincuencia su modo de vida, para los que plantea la expulsión. Además, reclama que el Ejecutivo central controle las fronteras y cuente con las comunidades antes de adoptar decisiones con impacto territorial.

En el plano social, el texto menciona la defensa de la familia y la natalidad y la protección de los menores frente a “contenidos dañinos”. En educación, aboga por un sistema “exigente”, basado en la cultura del esfuerzo y la excelencia académica, y rechaza el “aprobado general”. También plantea la prohibición del burka y el niqab, en el marco de su oposición a “tradiciones o creencias que justifiquen prácticas que oprimen a la mujer”.

La seguridad ciudadana figura entre las preocupaciones compartidas, con una referencia al “deterioro” percibido, y la sanidad pública aparece como otro de los ejes centrales. El PP se compromete a reforzar la planificación de profesionales sanitarios, ampliar plantillas donde sea necesario y aliviar la sobrecarga, especialmente en Atención Primaria, además de garantizar una atención equitativa en todo el territorio y reforzar la prevención y la salud mental.

Presupuestos garantizados y estabilidad

El tramo final del documento fija una condición política de calado: los acuerdos deberán incluir el compromiso de aprobar cuatro presupuestos autonómicos, uno por cada ejercicio de la legislatura. La exigencia responde a la voluntad de evitar gobiernos en minoría sometidos a negociaciones permanentes y a eventuales bloqueos.

“Los acuerdos deben asegurar la estabilidad institucional porque ningún Gobierno puede ser útil a la ciudadanía en la permanente incertidumbre”, señala el texto. La “buena voluntad” deberá traducirse tanto en el respaldo a las cuentas públicas como en un mecanismo de seguimiento que garantice el cumplimiento de lo pactado, con el objetivo de evitar “chantajes parlamentarios” o dinámicas de fragmentación que comprometan la gobernabilidad.