
La dirección del Partido Popular ha asumido sin rodeos que su horizonte político inmediato pasa por convivir con Vox. Ya no se trata solo de una posibilidad táctica ni de un mal menor impuesto por la aritmética parlamentaria, sino de una estrategia explícita: aceptar que la extrema derecha crezca, incluso a costa de que el propio PP se haga más pequeño, si ese intercambio permite alcanzar La Moncloa.
Ese planteamiento, que hasta hace poco se expresaba en privado, se verbalizó este martes en sede parlamentaria. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, puso palabras a una idea que recorre desde hace semanas los despachos del partido. “Si el 23 de julio, el PP saca dos diputados menos, pero Vox saca cinco más y hoy estamos en el Gobierno, yo lo preferiría”, respondió en rueda de prensa en la Cámara baja. No se trata de un lapsus ni de una provocación, sino de una declaración de intenciones coherente con el nuevo rumbo marcado por la cúpula popular.
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El trasfondo es una sensación de bloqueo que se ha ido extendiendo en el PP tras los últimos procesos electorales. La formación observa cómo Vox crece sin freno mientras sus propias siglas parecen haber tocado techo. Ni los cambios de tono ni las campañas diferenciadas han logrado alterar esa tendencia. Extremadura y Aragón, con estrategias casi opuestas, han acabado ofreciendo el mismo resultado: Vox avanza, el PP se estanca o retrocede. En Aragón, incluso, el partido de Feijóo perdió dos escaños y 13.000 votos, un balance aún peor que el extremeño y que terminó de convencer a la dirección nacional de que la contención ya no es una opción viable.
El giro estratégico de Génova
Ese escenario explica el volantazo dado por la dirección nacional. Feijóo, que durante meses intentó mantener una posición ambigua, terminó por asumir que no hay fórmula para frenar a Vox sin integrarlo en la ecuación de poder. El mensaje trasladado a los barones autonómicos fue claro: hay que cerrar acuerdos de gobierno con la extrema derecha allí donde los números lo exijan. La consigna ya no es resistir, sino sumar.
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El contraste con el discurso de hace apenas medio año es notable. En el congreso nacional del PP del pasado verano, Feijóo defendió un Gobierno en solitario como objetivo político. Incluso entonces, la idea de una coalición formal con Vox se evitaba con cuidado. Un día después de aquel cónclave, el secretario general, Miguel Tellado, fue todavía más contundente: “El compromiso de Feijóo es un Gobierno en solitario. No habrá un Gobierno con dos partidos”, dijo entonces desde la sede de Génova. Aquellas palabras han quedado desfasadas.

Ahora, el pragmatismo se impone sin complejos. Muñoz justificó el cambio apelando a que “los ciudadanos no quieren que gobierne la izquierda, hay que respetar la voluntad de los ciudadanos” y a la necesidad de que la derecha no cometa errores frente a una izquierda que, según su diagnóstico, ya trabaja para reagruparse. La portavoz admitió que durante la campaña se dijeron “muchas cosas”, pero restó importancia a esos choques, defendiendo que gobernar exige dejar a un lado agravios y preferencias.
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Para rebajar la dureza de los enfrentamientos previos con Vox, Muñoz recurrió a una comparación personal. “Yo no sé si usted tiene hermanos; yo tengo tres. Y he discutido en multitud de ocasiones con ellos, pero siguen siendo mis hermanos”, explicó, antes de relativizar los ataques cruzados durante la campaña. “En campaña se dicen muchas cosas”, añadió. Su conclusión fue inequívoca: “Hay que ser pragmático y sobre todo respetar la voluntad de los ciudadanos. A veces nos gustarían unas cosas, pues que no pueden ser”.
Vox marca el ritmo
Mientras el PP acelera para cerrar acuerdos, Vox se deja querer, pero sin perder la iniciativa. Santiago Abascal evitó fijar líneas rojas definitivas, aunque dejó claro que su partido no regalará apoyos sin contrapartidas políticas. La entrada en gobiernos autonómicos está sobre la mesa, pero no como exigencia automática. Lo que sí reclama Vox es la garantía previa de un “cambio de rumbo”, una expresión que funciona como paraguas ideológico para justificar tanto una coalición como un apoyo externo.
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En Extremadura, ese pulso es especialmente visible. Más de mes y medio después de las elecciones, la investidura de la popular María Guardiola sigue bloqueada. Abascal ha advertido de que no existe aún la confianza suficiente para facilitar su elección como presidenta, lo que añade presión a un calendario institucional ya de por sí ajustado. El 3 de mayo es la fecha límite tanto en Extremadura como en Aragón para evitar la repetición electoral, una coincidencia que multiplica la tensión negociadora.
Antes de esa fecha, el 3 de marzo, Guardiola previsiblemente se someterá a la sesión de investidura en Mérida. Ese mismo día se constituirán las Cortes de Aragón en Zaragoza, un símbolo involuntario de la simultaneidad de los dilemas que afronta el PP en dos territorios clave.
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En paralelo, Feijóo ha reactivado su ofensiva contra el Gobierno central, exigiendo a Pedro Sánchez que cumpla con la obligación constitucional de presentar Presupuestos Generales del Estado. El líder popular sostiene que “cuando uno no tiene presupuesto después de la prórroga, debe someterse a las urnas”, aunque su partido también mantiene presupuestos prorrogados en comunidades como Baleares y Murcia, una diferencia que el PP minimiza al señalar que se trata de prórrogas de solo un año.
Castilla y León se convierte mientras tanto en otro laboratorio de esta relación incómoda. Alfonso Fernández Mañueco, que ya gobernó en coalición con Vox, encara una nueva cita con las urnas reivindicando su gestión y cuestionando abiertamente la capacidad de la extrema derecha para gobernar. “Ellos tuvieron responsabilidades reales, sus políticas fueron un fracaso, a veces sonoro”, deslizó el presidente castellanoleonés. “Tuitear lo hace cualquiera, pero lo difícil es entrar en el Gobierno y gestionar con eficacia”, sentenció, mientras deja abierta la puerta a negociar, pero insiste en su aspiración de gobernar en solitario.
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