
El debate sobre el burka y el niqab está obligando a un incómodo posicionamiento político. Vox lanzó su propuesta de prohibición en espacios públicos en el Congreso, sin mucho éxito por el voto en contra de la mayoría. Un día después, el PP registró su propuesta en Congreso y Senado, señalando la prohibición de “cualquier tipo de vestimenta” que “tape el rostro”. Junts también se ha mostrado a favor de no permitirlos, pero sin aceptar la fórmula del partido de Santiago Abascal.
Mientras los grupos conservadores concuerdan en la idea pero cada uno diseña su forma, en la izquierda existe mayor división. El PSOE, en palabras de la vicepresidenta, María Jesús Montero, lo considera una “opresión”, pero quiere legislar sin “caer en las trampas” de la derecha. Gabriel Rufián lo tachó de “salvajada” en su evento en Madrid para impulsar una alianza progresista, en la que el burka sería un punto de discordia, pues otros grupos consideran que está por delante la libertad religiosa.
La propuesta del PP tras el rechazo a la de Vox
PP y Vox han asumido la bandera de la prohibición en el Congreso. Ambas formaciones insisten en la necesidad de no permitir el uso de esta prenda en espacios públicos. Consideran que el burka constituye una manifestación de opresión incompatible con los valores democráticos y la igualdad de género. Desde sectores progresistas han criticado que, detrás de esto, se esconde una lógica racista y no una intención feminista.
Vox tiene una visión más contundente, ya que también lo relaciona con prácticas culturales “ajenas” e España y ve su prohibición como una defensa de la identidad nacional. Santiago Abascal aseguró que rechazar su ley es “defender la islamización”, y criticó al Gobierno porque considera que que los que “iban de feministas” ahora “traen islamistas que violan a las mujeres”.
Por otro lado, los partidos de la derecha señalan motivos de seguridad, lo que explica la ley que proponen los populares en la que se refieren a taparse la cara con cualquier vestimenta, sin mencionar expresamente burka o nicab. La iniciativa prevé multas de entre 100 y 600 euros, con excepciones por salud, trabajo, cultura o clima. Junts también ha presentado una propuesta, centrada también en el aspecto de la seguridad pero mencionando estas dos prendas.
Las dudas en la izquierda
Yolanda Díaz, vicepresidenta y ministra de Trabajo, afirmó que “la propuesta de las derechas españolas vulnera la Constitución Española en su artículo 14 y 16, que también tiene que ver con la libertad religiosa”. Patxi López, portavoz del Gobierno, siguió esta línea, asegurando que “nuestra Constitución habla de libertad religiosa, y para algunos o algunas llevar el burka forma parte de esa expresión de la libertad religiosa, por eso tenemos que ser muy cuidadosos”.
Gabriel Rufián y su afirmación calificándolo de “salvajada” ha sido la voz progresistas más dura entre el progresismo. Considera que “invisibiliza a las mujeres” y que una “izquierda laica” no puede apoyarlo. No obstante, no es el único que ha expresado su rechazo desde la izquierda. El PSOE lo considera una “opresión” contra la que defiende una discusión “sosegada”, sin haber definido todavía su posición clara a nivel legal. Tesh Sidi, diputada de Sumar, criticaba que multar por llevar burka supone “castigar a la mujer”, no a un hombre que le obliga a llevarlo, si es el caso.
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