En diciembre de 2024, la Universidad Complutense de Madrid (UCM) se enfrentó a una situación inédita en sus más de cinco siglos de historia. No contaba con suficientes fondos para abonar las nóminas de sus cerca de 11.000 empleados ni la paga extra de Navidad. No obstante, la solución llegó mediante un préstamo de 34,5 millones de euros concedido por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, una operación que el Ejecutivo regional presentó como necesaria para “hacer frente a sus obligaciones ante terceros y también para el pago de nóminas a final de año”, según explicó el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín.
La universidad, sin embargo, rechazó calificar la ayuda como un “rescate”, sino del “síntoma del problema”, afirmó en un comunicado oficial, precisando que su situación no es singular, sino que refleja “una realidad compartida por todas las universidades públicas madrileñas”. En este sentido, la UCM subrayó que la causa principal es una “infrafinanciación que nos afecta desde la crisis económica de 2008” y que nunca se ha corregido de forma estructural.
Cabe destacar que, en 2008, la Comunidad de Madrid asignaba 349,8 millones de euros a la Complutense, mientras que en 2024, esa cifra subió hasta los 373,8 millones, una subida del 7,8%. Sin embargo, la infrafinanciación de la universidad se entiende por la inflación acumulada en el mismo periodo (31,3%), lo que supone una pérdida real de lo que recibía del 20,7%.
La universidad atribuye gran parte de este desfase a “incrementos que no se han visto correspondidos por la financiación ordinaria”, como asumir la totalidad de la Seguridad Social del personal, los trienios y sexenios del profesorado o el refuerzo en Ciencias de la Salud. A esto se suma la escalada de costes energéticos y la inflación, dejando un déficit estructural que en 2024 alcanzó los 33,186 millones de euros.
Un crédito “condicionado” a recortes
El préstamo de 34,5 millones llegó condicionado a la presentación de un “plan económico-financiero con medidas reales y efectivas de contención del gasto”, según indicó el que fue consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana. En otras palabras, la universidad debía demostrar que reduciría sus gastos para poder acceder al dinero.
Los sindicatos criticaron duramente esta condición. Desde CGT-UCM hablaron de “juego de trileros”, mientras que UGT señaló que la medida “no resuelve la infrafinanciación” y que “no es una solución real, sino un parche que perpetúa el problema”. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dirigido por Diana Morant, consideró la ayuda “muy escasa” y señaló que condicionar la operación a recortes “erosiona la autonomía universitaria”.
Plan económico para 2025-2028: ajustes, recortes y pérdida de alumnos
Tras siete meses de trabajo, el Rectorado de la UCM presentó y aprobó su Plan Económico-Financiero para 2025-2028 el pasado martes, con el que busca equilibrar las cuentas y devolver el crédito de 34,5 millones de euros más 4,1 millones en intereses que recibió del Gobierno de Ayuso. El plan plantea contener el gasto mediante la no reposición de jubilaciones y retrasos en promociones y concursos internos, lo que generará un ahorro estimado de más de 32 millones de euros entre docentes y personal de administración y servicios.
Las consecuencias también alcanzan directamente a la enseñanza. La oferta de asignaturas optativas se ha reducido y las horas de clase impartidas en el último curso bajaron un 5,7%. El plan incluye un estudio detallado de la viabilidad de los grados y titulaciones con baja demanda, con la posibilidad de suprimir algunos programas. Aunque la vicerrectora de Economía, María Begoña García Greciano, insiste en que “no es un proyecto de recorte, sino un ajuste progresivo”, los decanos advierten que el impacto sobre la docencia será notable, con menos oportunidades para estudiantes y mayor presión sobre los docentes.
El ajuste también alcanza la investigación y las becas. Se han suspendido ayudas a grupos de investigación propios y proyectos de calidad docente, así como becas de formación práctica, movilidad y voluntariado. Se recortan partidas para licencias de software, suscripciones a revistas y recursos de apoyo académico.
Los decanos de las 26 facultades emitieron un manifiesto alertando de que “los recursos que maneja la UCM son estructuralmente insuficientes para mantener los estándares de calidad que la caracterizan”. Incluso con más de tres millones de volúmenes en sus bibliotecas y figurando en el puesto 41 del mundo en empleabilidad según el QS World University Rankings, la universidad se ve obligada a reducir recursos básicos para la docencia e investigación.
Madrid, a la cola de inversión pública
La financiación de las universidades públicas madrileñas se estanca mientras el sector privado crece: entre el curso 2015-2016 y 2023-2024, los alumnos matriculados en universidades privadas presenciales en Madrid pasaron de 47.735 a 80.328, un aumento del 68%. En las universidades públicas, el número de matriculados en grado se mantuvo prácticamente igual.
La Comunidad de Madrid destina actualmente 5.362 euros por estudiante, frente a más de 9.000 en comunidades como Navarra, La Rioja o el País Vasco. Es la región que menos invierte por alumno y la única que ha reducido el gasto real por estudiante entre 2008 y 2024. Mientras tanto, la nueva ley universitaria autonómica, la LESUC, exige que las universidades obtengan al menos el 30% de sus fondos de fuentes externas, lo que, según el Ministerio, “favorece la dependencia de capital privado y vulnera el carácter público de la universidad”.
Pero el problema de la Complutense se extiende entre las demás universidades gracias a un modelo que lleva sin actualizarse durante más de 15 años. Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas llevan meses reclamando más de 200 millones de euros en tres años para que el sistema funcione con “una mínima normalidad”, pero la Comunidad de Madrid no ha respondido, mientras la oferta de la privada crece y las plazas en la pública disminuyen.
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