Vox eleva sus exigencias a María Guardiola y enquista más el pacto: pide dos consejerías, una vicepresidencia y el control de los informativos de Canal Extremadura

Las negociaciones para la investidura de María Guardiola atraviesan un atasco cada vez más complejo a menos de dos semanas del pleno previsto, como muy tarde, para el 3 de marzo. El diálogo entre el Partido Popular y Vox, imprescindible para que la candidata popular acceda a la presidencia de la Junta de Extremadura, se ha enquistado en un cruce de exigencias políticas y reparto de poder que, a día de hoy, mantiene el acuerdo “lejos”, según admiten fuentes de la negociación.

Lo que en los primeros compases parecía un entendimiento relativamente encarrilado —sobre la base de amplias coincidencias programáticas— se ha convertido en una negociación de alta intensidad en la que Vox ha decidido fijar un precio político e institucional claro a su apoyo. Según ha adelantado OKDiario, la formación reclama el control de la dirección de los informativos de Canal Extremadura, una vicepresidencia del Ejecutivo autonómico y dos consejerías, además de la asunción de un paquete de medidas que afectan a algunas de las líneas maestras de la acción de gobierno.

Lo complejo de estas exigencias radica en que los de Abascal aspiran a asumir áreas de máximo peso en el organigrama de la Junta de Extremadura y a desplazar competencias que actualmente dependen de la Consejería de Presidencia, dirigida por Abel Bautista, considerado la mano derecha de la presidenta en funciones.

En concreto, Vox plantea la creación de una vicepresidencia —figura que no existe en el actual Ejecutivo— que asumiría competencias en Interior, Seguridad, Inmigración y Diálogo Social, hoy integradas en Presidencia. A ello se suma su interés por la Consejería de Agricultura, desde la que pretende confrontar el Pacto Verde y la Política Agraria Común. De forma complementaria, Vox ha mostrado también interés por áreas vinculadas a Empresa e Industria, actualmente integradas en la macroconsejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. La selección de estas carteras no es casual y explica, en buena medida, el actual atasco negociador.

El bloqueo no responde únicamente a un desacuerdo sobre cargos. De fondo, late una discusión más amplia sobre el alcance del giro político que Vox exige para prestar sus votos. “Todo está supeditado a lo más importante, que es un programa de Gobierno”, señalan a OKDiario fuentes conocedoras de las conversaciones, que enmarcan las demandas institucionales dentro de un planteamiento más ambicioso.

Exigencias y desconfianzas cruzadas

Vox ha situado como prioritarias las políticas ecológicas, la inmigración ilegal, el gasto político, la fiscalidad, la memoria histórica y la denominada ideología de género. En estos ámbitos reclama compromisos explícitos y verificables. La formación insiste en que no aceptará “ambigüedades” ni declaraciones genéricas y rechaza asumir un papel subordinado. No quiere, en su terminología habitual, servir de “muleta” al PP.

La presidenta en funciones ha tratado de rebajar la tensión asegurando que comparte el 90% de las medidas planteadas por Vox y que el 10% restante puede salvarse mediante la negociación. Ese mensaje pretende transmitir una proximidad programática suficiente para justificar el acuerdo. Sin embargo, en Vox consideran que la discusión no puede cerrarse en términos porcentuales ni en declaraciones públicas.

El portavoz nacional del partido, José Antonio Fúster, admitió esta semana que es un avance que Guardiola exprese su voluntad de contar con Vox como socio de gobierno. “Es un paso, está muy bien”, afirmó. Pero inmediatamente añadió una exigencia de concreción que resume el estado actual de las conversaciones: “La música está bien, pero ¿dónde está la letra?”.

Esa metáfora ilustra el clima de desconfianza que recorre la negociación. Vox sostiene que no negociará a partir de entrevistas ni declaraciones en medios y que espera propuestas formales, con compromisos cerrados. Además, ha dejado claro que la abstención no está sobre la mesa. O hay acuerdo integral o no habrá respaldo en la investidura.

El calendario como factor de presión

El atasco se produce con el calendario avanzando. La sesión de investidura debe celebrarse, como máximo, el 3 de marzo. En primera votación, Guardiola necesitará mayoría absoluta; si no la obtiene, podrá someterse 48 horas después a una segunda votación en la que bastará la mayoría simple. Si en el plazo de dos meses ningún candidato logra la confianza de la Asamblea, esta se disolverá automáticamente y se convocarán nuevas elecciones autonómicas.

Ese horizonte introduce un elemento de presión, aunque con efectos desiguales. En el entorno del PP se insiste en la necesidad de evitar una repetición electoral que prolongaría la interinidad institucional y añadiría incertidumbre política. En Vox, por el contrario, no trasladan la sensación de urgencia y recalcan que su prioridad es asegurar “garantías reales de cambio”, incluso si eso implica tensar los tiempos.

La exigencia de controlar la dirección de los informativos de Canal Extremadura ha añadido un componente especialmente sensible al debate. Para Vox, se trata de una cuestión estratégica vinculada a su visión sobre el papel de los medios públicos. Para el PP, supone abrir un frente delicado en términos políticos y simbólicos. A ello se suma la reclamación de una vicepresidencia y dos consejerías, que consolidaría a Vox como socio pleno de gobierno y no como apoyo externo.

Más allá de la aritmética parlamentaria, lo que está en juego es la definición del equilibrio interno del eventual Ejecutivo y la profundidad del giro político que Vox reclama. Con el reloj avanzando y las posiciones todavía distantes, el desbloqueo dependerá de la capacidad de María Guardiola para transformar las coincidencias declaradas en compromisos concretos que satisfagan a su potencial socio sin desdibujar el perfil propio del Partido Popular.