La ministra de Sanidad, Mónica García, ha criticado este miércoles que la Comunidad de Madrid “olvida” cobrar a Quirónsalud y Ribera Salud “el dinero que nos deben por haber tratado a los pacientes en la sanidad pública”. Así se ha referido en una entrevista con RNE a la información publicada en exclusiva por elDiario.es, según la cual el Gobierno regional habría “perdonado” 71 millones de euros a estos grupos privados después de haberse hecho cargo de sus pacientes.
“Este es el chollo de la privatización de la sanidad en Madrid: cuando Quirón o Ribera Salud captan pacientes, los cobran a precio de oro. Pero, cuando los pierden, al gobierno de Ayuso “se le olvida” facturarles. Se llama malversación y lo vamos a investigar", ha resaltado García en sus redes sociales, donde ha comentado la noticia.
En la Comunidad de Madrid, cinco hospitales funcionan a partir del modelo Alzira: son centros públicos, pero se gestionan de forma privada, principalmente por los grupos Quirónsalud y Ribera Salud. Las compañías privadas recibirían un pago fijo por la población que atienden, además de un extra cada vez que un paciente elija tratarse en su hospital, gracias al sistema de libre elección implantado en la región.
La mecánica debería aplicarse también a la inversa, es decir, cuando un paciente a quien corresponde tratarse en un hospital concertado elige irse a la pública, estas compañías privadas deben pagar de vuelta. Las cuentas de la Comunidad de Madrid habrían sufrido un ‘desajuste’ de 71,6 millones de euros, al dejar de apuntar el coste de los tratamientos de quienes se trasladaban de los hospitales concertados a los públicos. Los documentos a los que ha accedido elDiario.es explican que la falta de información sobre la actividad clínica realizada habría impedido reclamar el dinero.
Un anteproyecto para acabar con el modelo Alzira
El Consejo de Ministros aprobó el martes el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que busca priorizar la gestión pública de los hospitales públicos. La normativa, que aún debe pasar por el Congreso, carga contra modelos de gestión indirecta como el de Alzira, limitando su aplicación a casos excepcionales.
La ley no tendría efectos retroactivos, pero podría afectar a futuros conciertos sanitarios. De aprobarse, la gestión privada de hospitales públicos solo se permitiría cuando la gestión pública no sea posible y siempre que se garantice la sostenibilidad financiera y eficiencia del centro. El hospital, además, debe cumplir los requisitos de calidad, continuidad, accesibilidad y asequibilidad del servicio.
La Comunidad de Madrid se ha posicionado directamente en contra de esta propuesta del Gobierno. Según la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, sería un intento del Estado de “acabar con la sanidad” madrileña y llevarla “a la revolución” para “que nada funcione”. ”¿Qué tenemos que hacer? ¿Acabar con la Fundación Jiménez Díaz? ¿Decirle a los pacientes que se equivocan cuando eligen este tipo de hospitales?“, expresó Ayuso en un acto celebrado en el municipio de Boadilla del Monte.
Para la dirigente regional, se trata de un texto “insensato” motivado por la “absoluta obsesión” del Gobierno con la Comunidad de Madrid, que muestra “amenazando, mintiendo e imponiendo”.
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