ASPE muestra su "rechazo frontal" al anteproyecto de ley para limitar la colaboración público-privada en sanidad

El sector sanitario privado ha expresado su preocupación por los efectos que, según sus representantes, podría tener la propuesta gubernamental sobre el acceso de los pacientes y la capacidad operativa del sistema nacional de salud. Según detalló la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE), restringir las herramientas de gestión a disposición de las comunidades autónomas impactaría negativamente en la atención y los tiempos de espera, en un contexto donde la saturación, las listas de espera históricamente largas y la presión asistencial en áreas como oncología, cirugía programada y diagnóstico son variables recurrentes. Este es uno de los argumentos centrales en el rechazo mostrado por la patronal privada al anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del SNS, aprobado por el Consejo de Ministros el martes, según informó el medio.

De acuerdo con las declaraciones de ASPE, recogidas por el medio, la organización considera que la norma propuesta constituye una medida con una base "ideológica" y que no realiza un análisis objetivo de las necesidades reales de los usuarios del sistema de salud. Desde el punto de vista de ASPE, el texto legislativo prescinde de la evaluación técnica de resultados y busca "prohibir, limitar o condicionar" modelos de colaboración público-privada que el ordenamiento jurídico ha permitido en España durante más de treinta años.

El medio apuntó que, entre las críticas presentadas por ASPE, figura la afirmación de que el anteproyecto representa un “ataque dogmático” hacia la autonomía de gestión de las competencias sanitarias que tienen las distintas regiones españolas. Para la entidad, la reducción de opciones de gestión sanitaria indirecta para los gobiernos regionales contradice la experiencia empírica, en la que este tipo de modelos han resultado efectivos para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la capacidad de respuesta ante las necesidades de la población.

En palabras recogidas por la fuente, ASPE advierte que la iniciativa gubernamental podría carecer de viabilidad, ya que se estaría situando en contra del marco legal vigente respecto a la descentralización sanitaria establecida a partir de 2003. El medio remarcó que la descentralización ha sido un pilar del sistema desde la promulgación de la Ley 16/2003 de Cohesión y Calidad del SNS, norma que, según la patronal, ha reforzado principios de equidad, solidaridad, eficiencia y participación social.

La organización señaló, según difundió el medio, que el Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García, ha adoptado una actitud que desde el sector privado se interpreta como una “criminalización” de su labor, al identificar según la naturaleza jurídica del gestor sanitario los conceptos de calidad e integridad del sistema. Según ASPE, tal enfoque resulta, en sus palabras, “simplista”.

Además, ASPE aseguró que los centros sanitarios privados rechazan de forma unánime los intentos del Gobierno de derogar tanto la Ley 15/1997, sobre nuevas formas de gestión en el sistema, como la citada Ley 16/2003, que consideran fundamentales para el funcionamiento actual y la capacidad de adaptación del sistema sanitario español.

El medio también consignó declaraciones de Herminia Rodríguez, presidenta de ASPE, quien planteó que “en sanidad, las decisiones ideológicas siempre se traducen en consecuencias reales para las personas. La sanidad no puede abordarse desde dogmas, debe gestionarse con pragmatismo, responsabilidad y foco en los pacientes”.

En este sentido, la Alianza reiteró la petición de una revisión inmediata del anteproyecto y de la apertura de un proceso de diálogo efectivo que permita diseñar un marco regulatorio sustentado en la cooperación, la evidencia asistencial y el respeto a la distribución de competencias acordada desde la descentralización. Según publicó el medio, la organización subraya que el debate alrededor del futuro marco legal debe centrarse en garantizar la eficiencia y la cobertura del sistema, sin descartar herramientas de gestión que han resultado útiles y legítimas a lo largo de varias décadas de funcionamiento.