La Guardia Civil ha desmantelado en Mallorca una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres migrantes en situación irregular, la mayoría jóvenes procedentes de América Latina, principalmente Colombia. Los detenidos engañaban a las mujeres con falsas ofertas de trabajo en España y las obligaba a consumir estupefacientes y ejercer la prostitución bajo amenazas y coacciones constantes. Al no tener papeles, las víctimas carecían de acceso a servicios sanitarios, policiales o de asistencia social, quedando sin protección ante cualquier amenaza.
En el marco de esta operación, los agentes han liberado a doce víctimas y han detenido a cuatro hombres y una mujer residentes en la isla, a quienes se les atribuyen los presuntos delitos de trata de seres humanos, tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Según ha informado este domingo la Guardia Civil en una nota de prensa, la trama podría haber explotado en total a alrededor de 50 mujeres.
El mecanismo de captación de las víctimas era sistemático: las mujeres recibían falsas promesas laborales, principalmente relacionadas con el sector de la hostelería en España. Sin embargo, una vez llegaban al país, eran forzadas a ejercer la prostitución en condiciones de extrema vulnerabilidad. Los responsables del entramado criminal las obligaban a consumir estupefacientes y las sometían a un control continuo para asegurar que estuvieran disponibles en todo momento para prestar servicios sexuales.
Miedo constante
Las víctimas relatan un entorno de miedo constante, alimentado por intimidaciones y coacciones reiteradas. Además, otro de los elementos de presión era la exigencia de transportar y consumir sustancias estupefacientes, muchas veces por requerimiento de los propios clientes. El beneficio económico de la organización no solo procedía del cobro por los servicios sexuales, sino también de la venta de potenciadores sexuales y drogas, que los clientes consumían de manera habitual.
El caso revela que la situación irregular de las personas migrantes incrementa su vulnerabilidad frente a redes de explotación, ya que limita su acceso a servicios de salud, protección policial y canales formales de denuncia. Esta dependencia de los explotadores impide que puedan salir de situaciones de abuso o buscar ayuda. La reciente regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno pretende reducir estos riesgos al reconocer derechos y facilitar el acceso a recursos básicos para quienes han solicitado protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 o puedan acreditar al menos cinco meses de residencia en España antes de esa fecha. Esta medida busca “garantizar derechos y ofrecer nuevas oportunidades” a personas que, hasta ahora, vivían expuestas a la explotación por su situación administrativa.
Tres registros en domicilios
Tras identificar a los principales implicados y establecer el modo de funcionamiento de la red, la Guardia Civil ha realizado tres registros en varias viviendas de Mallorca. Durante estas intervenciones, los agentes han incautado dinero en efectivo, dosis de sustancias estupefacientes listas para la venta y diversas armas de fuego, entre las que se incluyen escopetas y rifles. Estos hallazgos han sido clave para desarticular por completo la actividad delictiva de la organización asentada en la isla, que operaba en distintos municipios.
La Guardia Civil también ha indicado que se ha puesto en marcha el protocolo de protección a las víctimas y que las mujeres rescatadas han sido trasladadas a emplazamientos seguros para que reciban asistencia. Asimismo, la investigación permanece abierta y no se descarta que las declaraciones de las víctimas permitan identificar nuevos métodos de captación o descubrir la identidad de otros posibles miembros de la trama.
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