Izquierda Unida, Comunes, Más Madrid, Compromís, Més per Mallorca y Movimiento Sumar trasladan el debate sobre el problema de los precios de la vivienda al ámbito municipal. En un comunicado conjunto, las seis formaciones han anunciado que impulsarán un plan de choque “urgente” con medidas en materia de vivienda en los ayuntamientos donde cuentan con concejales. Entre las medidas anunciadas, instarán a declarar zonas tensionadas para limitar precios del alquiler, prohibir compras especulativas y prorrogar alquileres.
Desde Sumar han defendido la iniciativa porque la vivienda “constituye el epicentro de la mayor desigualdad social en España” y los datos “muestran que el comportamiento especulativo del mercado inmobiliario es precisamente lo que dificulta el ejercicio del derecho a una vivienda adecuada”. “Es el momento de que las derechas decidan de qué lado están: con la ciudadanía o con los fondos buitre”, han señalado desde el partido de Yolanda Díaz.
El arranque del año ha demostrado que el ritmo de crecimiento en el mercado inmobiliario, tanto el precio de compra de vivienda como el del alquiler, no parece mostrar síntomas de que vaya frenarse. Concretamente, el mes de enero se estrenó con la mayor subida de precios en 20 años y la escalada del alquiler cerca del doble dígito. Por su parte, las viviendas de segunda mano en venta aumentaron su valor un 20,4% en comparación con enero de 2025, y el precio medio del metro cuadrado alcanzó los 2.897 euros a nivel nacional, marcando un récord histórico.
El 45% de la población en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza
Al respecto, Sumar expone que el 45% de la población que vive en régimen de alquiler se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. Aparte, según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, la renta de los caseros es un 82% superior a la de los inquilinos.
La coalición alerta que casi tres millones de inquilinos quedarían en una “situación de absoluta incertidumbre y desamparo” en caso de que no se prorroguen sus contratos de alquiler, ante la disyuntiva de tener que “aceptar potenciales subidas prohibitivas en los precios del alquiler o tener que mudarse lejos de aquellos barrios y ciudades donde tienen su vida”.
El paquete que ha presentado Sumar en los consistorios ya fue presentado en octubre mediante la propuesta de un decreto al PSOE para que fuera aprobado en el seno del Gobierno. Pero desde el ala socialista, criticó Sumar, "ni siquiera quisieron sentarse a negociar”. En su lugar, el PSOE optó por impulsar la bonificación del IRPF a los caseros que no eleven las rentas a los inquilinos, una medida que contó con el rechazo unánime del bloque progresista.
La protección a personas vulnerables, en el aire ante la falta de consenso en el Congreso
Precisamente, el futuro de la protección a las familias con vulnerabilidad continúa en el aire ante la falta de consenso de las fuerzas políticas para aprobar el escudo social, que contiene la paralización de los desahucios a las familias vulnerables y la prohibición de cortarles la luz, gas y agua o el bono social eléctrico.
PP, Junts y Vox tumbaron el decreto que, defienden, “es injusto” con el pequeño propietario. “El coste de una iniciativa con la que se llenan la boca las izquierdas españolas lo pagan el pequeño propietario y los vecinos”, señalaron desde el partido de Carles Puigdemont.
El PNV también llegó a mostrar sus diferencias por el asunto de los desahucios, pero acabó pactando con el Gobierno excluir a los propietarios de una sola vivienda en alquiler, quienes estarán exentos de asumir la carga de ofrecer una alternativa habitación a las personas en situación de vulnerabilidad. El decreto fue aprobado este martes en el Consejo de Ministros mediante Real Decreto-Ley, pero deberá llevarse a voto en la Cámara Baja en un plazo máximo de 30 días para evitar que decaiga.
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