España necesita nuevos recortes para asegurar la caída de la deuda pública hasta 2027

La sostenibilidad de las cuentas públicas en España afronta un periodo decisivo entre 2026 y 2027, de acuerdo con las previsiones de BBVA Research. El servicio de análisis de la entidad ha advertido de que el cumplimiento de las reglas fiscales situará el déficit público español en el 2,1% en 2026 y el 1,7% en 2027, pero insiste en que será así “siempre que se definan nuevas medidas de ajuste fiscal”.

BBVA Research estima así que el déficit público se habría reducido ocho décimas en 2025, hasta situarse en torno al 2% del PIB, gracias a tres factores: la recuperación cíclica de la recaudación tributaria (es decir, gracias al buen momento de la economía con más empleo, más consumo, etc.) a la normalización de los tipos impositivos (vuelve a su nivel habitual tras una etapa de rebajas en los impuestos) y la menor incidencia de los factores extraordinarios registrados a finales de 2024. “Dichos factores habrían más que compensado la presión al alza del gasto en defensa, de las pensiones y de los intereses de la deuda”, ha explicado el servicio de estudios de BBVA en su Observatorio fiscal de enero.

El escenario fiscal previsto para el bienio 2026-2027 parte de la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), aunque contempla la revalorización de las pensiones y la implementación de compromisos ya adquiridos en materia de defensa y modernización tecnológica. El plan fiscal y estructural exige un ajuste promedio anual del saldo primario ajustado (esto es la diferencia entre ingresos y gasto) de ciclo de 0,4 puntos porcentuales del PIB, lo que obligará a definir nuevas medidas para contener el gasto y asegurar la reducción gradual del déficit.

La fortaleza de la actividad económica y la retirada de las ayudas excepcionales implementadas en años anteriores permitirán cierto margen para el ajuste presupuestario, asegura el informe. Sin embargo, el impacto de la eliminación de las medidas energéticas y el agotamiento de las ayudas para paliar la DANA no serán suficientes por sí solos para garantizar el cumplimiento de los objetivos fiscales. El incremento sostenido de partidas como las pensiones y el gasto en defensa seguirá ejerciendo presión sobre el gasto total, de manera que, según BBVA Research, será imprescindible un esfuerzo adicional de consolidación: 0,2 puntos porcentuales del PIB en 2026 y 0,4 puntos en 2027.

Cumplir con las reglas fiscales de Europa

El cumplimiento de las reglas fiscales europeas se convierte así en un factor determinante para la salud de las finanzas públicas. Las previsiones apuntan a que, si se aplican los ajustes necesarios, el saldo primario ajustado de ciclo se acercará al equilibrio a finales de 2027. De no materializarse estos esfuerzos, el saldo podría deteriorarse hasta el -0,8 % del PIB, alejando el objetivo de sostenibilidad. Además, el crecimiento promedio del gasto primario neto de medidas de ingresos se situaría en torno al 3,5 % entre 2025 y 2030, superando el tope del 3% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural. Esta diferencia obliga a intensificar el control sobre las partidas de gasto y a redefinir prioridades para mantener la disciplina fiscal.

La evolución de la deuda pública es especialmente sensible a la aplicación efectiva de estos ajustes. En el escenario previsto, la ratio de deuda sobre PIB seguiría una senda descendente y se situaría en torno al 96,6% a finales de 2027. No obstante, el informe advierte que el estrechamiento del diferencial entre el crecimiento económico y el coste de la deuda representa una vulnerabilidad relevante: si el ajuste fiscal se relaja o las condiciones financieras se endurecen, la reducción del endeudamiento podría ralentizarse.

A estos retos coyunturales se suman desafíos estructurales de gran calado. El proceso de consolidación fiscal se enfrenta a una rigidez creciente del gasto, determinada por el envejecimiento poblacional, que incrementa las necesidades de financiación en pensiones, sanidad y cuidados, con una proyección de 5 puntos porcentuales del PIB hasta 2070. Además, el impulso de la inversión pública de calidad, especialmente en infraestructuras verdes, digitalización, investigación y educación, resulta imprescindible para sostener el crecimiento a medio y largo plazo.

España debe, además, cumplir con compromisos internacionales que exigen un mayor esfuerzo presupuestario, como el incremento del gasto en defensa acordado en el marco de la Unión Europea y la OTAN. La necesidad de controlar posibles desviaciones fiscales de los gobiernos territoriales y reformar el sistema de financiación autonómica añade otra capa de complejidad al proceso de ajuste. Y, por último, y una vez más, el informe alerta de que la fragmentación parlamentaria es un problema. La debilidad parlamentaria ataca la gobernabilidad de Sánchez y sale a relucir cada vez que se necesita consenso para aprobar medidas importantes, como por ejemplo, de cara a cumplir con los objetivos de Europa para recibir los fondos europeos.