El hospital madrileño Gregorio Marañón lleva años adjudicando a dedo a la misma empresa la compra de los miles de sensores de pulsioximetría desechables que son necesarios para garantizar una monitorización precisa y continua del estado fisiológico de los pacientes durante procedimientos quirúrgicos y cuidados intensivos. Hasta que un ciudadano les ha afeado que esto era “ilegal” y que “se han omitido los trámites esenciales de publicidad y concurrencia”. Tras diez años utilizando contratos menores, el centro licitó el pasado 8 de octubre una adjudicación abierta reconociendo “el elevado consumo de este tipo de material” y decidió comprar todos los sensores que va a usar en 2026 a través de un solo contrato, en lugar de recurrir a compras continuas a través de contratos menores.
Estos dispositivos son esenciales para la correcta actividad de los servicios de Anestesiología, Reanimación y Cuidados Críticos, “permitiendo una toma de decisiones clínica segura y basada en datos objetivos”, señala el hospital Gregorio Marañón, uno de los grandes centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, donde trabajan más de 8.000 profesionales y que atiende a una población de 330.000 personas. Óscar Hernández, que se define como “activista por los servicios públicos y la transparencia” en las redes sociales, ya descubrió que el Gregorio Marañón había comprado entre los años 2019 y 2024 marcapasos por valor de 4,6 millones de euros. Lo llamativo es el que centro lo hizo a través de 281 contratos a dedo a la misma empresa; Medtronic, fundada en 1949 en Estados Unidos y que hoy cotiza en Bolsa porque es líder mundial en tecnología sanitaria, especializada en atención cardíaca y neurovascular y cirugía robótica asistida.
Hernández siguió buceando en el perfil de contratación del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y descubrió que este hospital también había comprado a dedo a la misma empresa durante años los sensores de pulsioximetría: al menos 224 contratos menores entre 2017 y 2024 por valor de 2,5 millones de euros. Así que el pasado 22 de septiembre hizo una consulta al SERMAS sobre estas compras “excesivamente recurrentes” entre esta empresa y este hospital. El 11 de diciembre, ante la falta de respuesta, interpuso una reclamación ante el Consejo de Transparencia de Madrid. El 16 de enero de este año por fin le enviaron algunas respuestas. El SERMAS señalaba que el hospital tuvo un contrato para adquirir este material hasta el año 2014, pero que en lugar de sacar uno nuevo decidió seguir comprando estos sensores cada vez que los necesitase (es decir, siempre) a través de contratos menores a dedo a la empresa Medtronic “para evitar la interrupción de un servicio esencial para la asistencia sanitaria”.
“La ley señala que los contratos menores deben ser un procedimiento excepcional. Aquí y en muchos hospitales son la norma. El Gregorio Marañón alega que como el anterior contrato se acabó en 2014 y tenían que seguir comprando pulsómetros... pues claro, que entre 2014 y 2024 no han encontrado un hueco para licitar uno nuevo”, explica Hernández. Otro ciudadano, un ingeniero informático llamado David Fernández, acaba de crear una web para “fiscalizar” el buen gobierno de las Administraciones públicas. En esa web (contratacionabierta.es) revela que el Hospital Gregorio Marañón es la tercera administración del país que más contratos menores ha tramitado: 359.655 entre los años 2016 y 2025. La empresa que más contratos se ha llevado ha sido precisamente Medtronic, el 7% del total.
Nuevo contrato once años después
En otro documento enviado a Hernández, firmado el 6 de octubre de 2025, once años después del anterior contrato y justo 14 días después de la solicitud de acceso a información pública de este ciudadano, la gerente del hospital Gregorio Marañón anunciaba que habían decidido dejar de recurrir a los contratos menores y tramitar una nueva adjudicación para la compra de sensores pulsiómetros. “Dada la importancia de estos sensores en la monitorización avanzada del paciente, y el volumen de productos que se consumen diariamente, resulta imprescindible tramitar el correspondiente expediente de licitación para asegurar el suministro continuo y homogéneo de estos materiales. Todo ello se ha planteado bajo el principio de funcionalidad y optimización de medios, con el fin de cubrir eficientemente las necesidades de los servicios implicados”, señala la memora justificativa del contrato, en el que el hospital reconoce que el volumen de sensores consumidos es alto. “Qué curioso. Permíteme que establezca una relación o de extrema casualidad o de mucha causalidad entre mi solicitud y su vuelta a los procedimientos de contratación ordinarios”.
La memoria justificativa de este nuevo contrato está fechado el 1 de octubre de 2025, solo ocho días después de la solicitud de acceso a información sobre los expedientes de los contratos menores de Óscar Hernández. “El elevado consumo de este tipo de material, unido a la casuística del complejo hospitalario, genera dificultades en la gestión de los stocks, tanto por la necesidad de espacio como por la disponibilidad de productos en cantidades sostenibles que permitan un consumo racional y eficiente”, concluye el hospital. El Gregorio Marañón dividió este contrato en tres lotes, reconociendo que en un solo año necesita mucho de este material: 85.000 pulsioxímetros desechables, 20.800 de monitorización anestésica, y 2.100 sensores de oximetría cerebral. Un volumen demasiado alto para no haber optado mucho antes por una adjudicación abierta.
Finalmente, Medtronic se ha llevado los tres lotes en este contrato formalizado el pasado 15 de enero. Al menos la insistencia de Hernández ha permitido que otras empresas se puedan presentar al mismo, aunque no se lo hayan llevado. El hospital pagará 1.115.419 euros por los 107.900 sensores de los tres lotes. “¿Se han omitido durante años los trámites esenciales de publicidad y concurrencia?, ¿tiene el hospital plena conciencia de que actuar así es hacerlo al margen del ordenamiento jurídico?, ¿hay persistencia en la ilegalidad?, ¿hay voluntad de favorecer a ese proveedor?, ¿hay un perjuicio del interés colectivo?“, se pregunta Hernández. ”Si las respuestas apuntan al sí tendríamos los elementos necesarios para considerar que no solo hay ilegalidad e irregularidad administrativa, sino que estamos hablando de un delito de prevaricación administrativa", concluye.
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