Muere envenenado en Picos de Europa el quebrantahuesos ‘Centenario’: “un grave atentado ambiental” contra una especie en peligro de extinción

Estos hechos se castigan con penas de prisión de hasta dos años, así como multas que pueden alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves

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Un ejemplar de quebrantahuesos. (Europa
Un ejemplar de quebrantahuesos. (Europa Press)

En la tarde del miércoles, la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos realizó un comunicado que supone un “revés significativo” para la recuperación de la especie, catalogada como en peligro de extinción: la muerte por envenenamiento de un ejemplar de quebrantahuesos en los Picos de Europa.

Se trata de Centenario, un macho que fue cedido por el Gobierno de Aragón y liberado en julio de 2017 en la vertiente asturiana del Parque Nacional de los Picos de Europa, en el marco de un programa de recuperación del quebrantahuesos en la Cordillera Cantábrica.

La muerte no natural del ave, que supone un “grave atentado ambiental” contra la especie, ya que figura en el catálogo de especies amenazadas, se produce además en un momento que resulta clave para su conservación: en plena campaña reproductora. “’Centenario formaba parte de la primera unidad reproductora establecida en Cantabria tras la desaparición de la especie en la región hace aproximadamente 70 años”, explican desde la Fundación. Así, su muerte reduce “de forma drástica” las posibilidades de que la reproducción salga adelante.

El quebrantahuesos 'Centenario', hallado esta
El quebrantahuesos 'Centenario', hallado esta semana sin vida con signos de envenenamiento. (Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos)

La necropsia confirmó la muerte por envenenamiento

Centenario contaba con un emisor satelital que mostró localizaciones anómalas que podían indicar un posible problema. Por ello, los técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos se desplazaron hasta el lugar, donde observaron el cuerpo sin vida del animal, entre los municipios cántabros de Peñarrubia y Cillorigo de Liébana.

Se activó de inmediato del protocolo ante un posible caso de muerte no natural, por lo que comunicaron lo sucedido a la autoridad competente. Así, funcionarios del Gobierno de Cantabria levantaron acta del hallazgo y recogieron muestras biológicas que fueron después trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cantabria.

Allí se realizó la necropsia, que confirmó el envenenamiento, por lo que las muestras se han enviado al Instituto de Recursos Cinegéticos (IREC), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para realizar análisis toxicológicos que permitan identificar la sustancia y abrir una investigación de trazabilidad.

Además, desde la Fundación señalan que también se ha organizado un amplio dispositivo de batidas y rastreo en el área para localizar posibles cebos, restos tóxicos u otros indicios que sirvan para esclarecer lo sucedido y evitar nuevos episodios. El operativo se ha llevado a cabo con la participación de la Unidad Especializada en Detección Canina de Venenos, agentes del Medio Natural de la Consejería de Desarrollo Rural del Gobierno de Cantabria, guardas del Parque Nacional de los Picos de Europa, efectivos del SEPRONA de la Guardia Civil y técnicos de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos.

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Penas de hasta dos años de cárcel y muestras de 600.000 euros

Por la muerte de un quebrantahuesos, al ser una especie protegida, el artículo 334 del Código Penal establece penas de cárcel de seis meses a dos años, así como la inhabilitación de dos a cuatro años para el ejercicio del derecho a cazar o pescar o para profesiones relacionadas con el comercio de animales. Cuando se trata de ejemplares de una especie en peligro de extinción, como es el caso del quebrantahuesos, las penas se aplican en su mitad superior.

Asimismo, la normativa administrativa en materia de biodiversidad considera la muerte intencionada de un animal protegido como una infracción muy grave, sancionable con multas que pueden oscilar entre 50.001 y 200.000 euros, pudiendo alcanzar los 600.000 euros en los casos más graves.