Los recortes retroactivos en renovables llevados a cabo por los gobiernos de José Luís Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy han derivado en una batalla legal del Estado español con la compañía OperaFund, por la que la justicia belga -a la que recurrió la empresa- ha bloqueado 482 millones de euros a España este martes. Esta decisión es un mecanismo de compensación para garantizar el resarcimiento de los acreedores, que asciende a la cantidad bloqueada.
En 2019 la empresa -con sede en Malta- consiguió una resolución vinculante ante del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a inversiones (Ciadi), un tribunal perteneciente al Banco Mundial, al que España está adherida. Según alegó Ciadi, el laudo se emitió conforme al Tratado de la Carta de la Energía, del que el Estado español era firmante en el momento en que realizó los recortes retroactivos.
Así, hace siete años, España fue condenada a pagar a OperaFound y a Schwab (Suiza) con más de 29 millones de euros, a lo que debían sumarle intereses y costas. Tras esta resolución, el Estado español realizó numerosas alegaciones, como la extralimitación de facultades del Tribunal Arbitral, aunque Ciadi las rechazó en su totalidad, considerando que la decisión fue razonable y ningún derecho fundamental de España fue violado.
Ante la decisión del Gobierno de no hacer frente a los pagos, OperaFound recurrió a tribunales de diversas jurisdicciones para embargar bienes y créditos del Estado español. Así, el equipo jurídico, liderado por Cuatrecasas, presentó una demanda ante los tribunales de Bélgica, solicitando la intervención de los pagos que Eurocontrol -el organismo europeo de navegación aérea- realiza periódicamente al proveedor estatal español de servicios de control aéreo Enaire, cuya sede y cuentas operativas se encuentran bajo jurisdicción belga.
Los fallos contra España suman <b> </b>2.292 millones de euros
La reclamación de OperaFound no es la primera que enfrenta el Estado. En julio de 2025, la compañía japonesa Eurus Energy -filial de Toyota- inició un procedimiento similar que también se resolvió a su favor por el que se decretó un embargo de más de 207 millones de euros. En este procedimiento legal, la deuda ascendía hasta 106,2 millones de euros de indemnización pendiente de pago, cantidad a la que se debe sumar otros 9,4 millones en concepto de intereses de demora.
Las 27 firmas demandantes del Estado español, que consiguieron victorias judiciales en distintas jurisdicciones, como Estados Unidos, Australia, Reino Unido o Bélgica, han reiterado su disposición a alcanzar “un acuerdo con el Gobierno que permita poner fin a esta prolongada litigiosidad y a restaurar un clima básico de seguridad jurídica y certidumbre para la inversión internacional”.
Tras estos fallos contra el Estado español, el importe pendiente de pago con las 27 empresas afectadas por los recortes ascendía en diciembre de 2024 a 1.754,7 millones de euros, a lo que se suman 297,6 millones en intereses de demora y 238,7 millones adicionales en costas, honorarios legales y otros sobrecostos derivados de la estrategia de impagos seguida por España, llegando hasta los 2.292 millones de euros.
Ante esta cascada de resoluciones adversas, el Gobierno español ha recurrido al Tribunal Supremo, mientras que los inversores han iniciado un procedimiento formal de rastreo de bienes (discovery order) para identificar activos del Estado susceptibles de embargo dentro de la jurisdicción norteamericana.
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