El cierre de 2025 ha dejado a la clase política española en uno de sus momentos más tensos. Con más cuestiones abiertas que resueltas, sin presupuestos generales del Estado aprobados y con varias leyes relevantes pendientes todavía de tramitación, el 2026 se avecina previsiblemente igual de tenso que lo ha sido su predecesor. El año político que ha terminado lo ha hecho marcado por la sucesión de escándalos y crisis en las formaciones políticas, una alianza entre PSOE y Sumar que cada vez se fractura aún más y un clima de confrontación que ha ido en aumento en los últimos meses.
En este escenario, el Gobierno de Pedro Sánchez ha afrontado un gran deterioro en su posición política. El goteo de denuncias por agresión sexual o acoso laboral en filas socialistas y los casos de corrupción han asfixiado a un Ejecutivo que ya venía sufriendo. Y es que la ruptura con Junts y la pérdida de apoyos estables en el Congreso han convertido cada votación significativa en una negociación incierta. A ello se suma el impacto político del caso de José Luis Ábalos: su presencia en el Grupo Mixto suponía, de facto, un apoyo que solía alinearse con el Gobierno, pero su ingreso en prisión ha dejado al Ejecutivo con un voto menos en la práctica y ha reforzado la sensación de desgaste.
Con este telón de fondo, el arranque de 2026 estará atravesado por un factor que condicionará toda la agenda política: las urnas. Este año será, ante todo, profundamente electoral. Varias comunidades autónomas están llamadas a votar y otras observan con cautela la posibilidad de adelantos, conscientes de que cualquier movimiento territorial tendrá traducción inmediata en la política nacional.
Un año muy electoral
Aragón, Castilla y León y Andalucía ya tienen marcadas en sus calendarios sus respectivas elecciones autonómicas. Gobernadas por el PP, estas comunidades se convertirán en los primeros grandes escenarios de confrontación política de 2026 y en un termómetro adelantado del clima nacional. Y puede que no sean las únicas. En territorios como Cantabria —y en otras comunidades gobernadas por el Partido Popular— la tensión permanente con Vox y la fragilidad de las mayorías mantienen abierta la amenaza de nuevas convocatorias.
En Aragón, el adelanto electoral es la consecuencia directa del bloqueo institucional. La negativa de Vox a apoyar los presupuestos ha dejado la legislatura sin recorrido y ha obligado a acudir a las urnas como única vía de salida. La comunidad afronta la campaña como el primer gran test electoral del año, con una votación que medirá el impacto real de la ruptura entre socios y marcará el tono del nuevo ciclo político.
Castilla y León también votará con tensión acumulada. La gestión de los incendios forestales del pasado verano ha abierto un frente político de primer orden y ha dejado huella en una comunidad gobernada por el PP con Vox en el Ejecutivo. La estabilidad institucional convive con un desgaste evidente y con un clima político enrarecido, lo que convierte la campaña en una prueba directa sobre la capacidad de gestión y la credibilidad del actual Gobierno autonómico.
Andalucía será, previsiblemente, la gran cita electoral del año. El PP gobierna con mayoría absoluta, pero la campaña estará marcada por la gestión de los servicios públicos y, especialmente, por la política sanitaria. La crisis de los cribados de cáncer de mama ha erosionado la imagen de solvencia que el Ejecutivo de Juanma Moreno había logrado consolidar, y cualquier resultado andaluz tendrá una lectura inmediata en clave nacional por el peso político y demográfico de la comunidad.
Más allá de estas elecciones confirmadas, la posibilidad de nuevos adelantos añade una incertidumbre constante. En Cantabria y en otros territorios, la dificultad para garantizar mayorías sólidas y las tensiones con Vox mantienen abiertos escenarios que dependen tanto del bloqueo parlamentario como del cálculo político. Vox sigue siendo un actor decisivo, capaz de sostener gobiernos o de empujar a ir de nuevo a las urnas, según su estrategia.
La coalición, en su punto más delicado
Este clima autonómico termina inevitablemente proyectándose sobre la política nacional. La sucesión de citas electorales endurece posiciones, reduce márgenes de maniobra y añade presión sobre una legislatura que ya llega muy justa de estabilidad. Al mismo tiempo, el Gobierno de coalición atraviesa su momento más delicado. Yolanda Díaz ha reclamado públicamente un “cambio profundo” en Moncloa y una revisión de la orientación política del Ejecutivo. Sumar ha elevado el tono, ha marcado distancia en debates clave y ha hecho visibles unas fisuras que ya no se limitan al ámbito interno, sino que afectan a la propia estabilidad del Gobierno.
Pedro Sánchez tendrá que decidir si el proyecto tiene recorrido real hasta 2027 o si el país se encamina hacia una convocatoria anticipada de elecciones generales.
La fragilidad parlamentaria y una izquierda que no se encuentra
Incluso si la coalición lograra recomponerse, el mayor obstáculo seguiría estando en el Congreso. El Gobierno ya no cuenta con una mayoría que le garantice estabilidad ni capacidad real de impulso legislativo. La ruptura con Junts —tras meses de tensión acumulada en torno a la ley de amnistía y al cumplimiento de los acuerdos políticos ligados a ella— ha dejado a Pedro Sánchez sin uno de los pilares que sostenían la legislatura y ha convertido cada votación relevante en una negociación a contrarreloj, con apoyos que se construyen —y se desvanecen— según el momento político.
El resultado es un Congreso en el que nada está garantizado de antemano. Cada iniciativa depende de combinaciones cambiantes, cesiones cruzadas y pactos incómodos, en un clima polarizado y condicionado por un calendario autonómico que empuja a los partidos a actuar en clave electoral.
Con leyes aún pendientes, con la confrontación y los reproches, el Ejecutivo entra en 2026 con una capacidad limitada para sostener su agenda. Y ese escenario tiene una traducción directa en el terreno más sensible de cualquier Gobierno: la aprobación de los presupuestos generales del Estado.
Los presupuestos, eternos
En este sentido, el Gobierno ha cerrado 2025 de la misma forma que lo hizo en 2024: con los presupuestos generales del Estado aún pendientes y arrastrando los de 2023. Precisamente por esto, pero en clave autonómica, Extremadura y Aragón han acudido y acudirán a las urnas. Sin embargo, Pedro Sánchez no se lo plantea.
El Gobierno ha fijado el primer trimestre de 2026 como fecha límite para presentar el nuevo proyecto de presupuestos, como confirmó el pasado día 29 la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y nueva portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, a un día de que expirara el plazo para presentarlos. El día de Navidad, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que estos ya estaban “elaborados” y que están “trabajando” con los grupos parlamentarios para poder presentarlos, como le dijo a Cadena Ser. Junts aquí también tendrá un gran peso: el partido catalán ha bloqueado decisivamente el avance de las cuentas públicas.
Un año judicial candente
El calendario judicial de este año que acaba de entrar volverá a estar marcado por causas que continúan y que podrían llegar a su fin, así como juicios que comienzan y que podrían suponer nuevos hitos en la actualidad española. Así, seguirá el juicio que investiga la gestión de la DANA de Valencia por parte del Gobierno de Carlos Mazón, las diferentes ramas del caso Koldo con sus respectivos investigados, la investigación contra Begoña Gómez, y los procesos contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, entre otros. (Toda la información sobre el año judicial, en este artículo).
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