El ministerio del Interior ha destinado 589 millones de euros entre los años 2021 y 2024 para mejorar los medios materiales de la Policía Nacional, la Guardia Civil e Instituciones Penitenciarias. El Tribunal de Cuentas (TCU) acaba de hacer público el último informe que ha analizado cómo se ha gastado ese dinero “con el propósito de valorar la eficacia, eficiencia y economía de dicha planificación”. El órgano fiscalizador ha pedido a Interior que diseñe herramientas para gestionar mejor esos fondos y que incremente el presupuesto. Lo asignado en 2023, por ejemplo, fue un 34% inferior a lo gastado en 2008. En este sentido, las inversiones más significativas, como la construcción de prisiones, cuarteles y comisarías, o la compra de aeronaves y vehículos “se han financiado con recursos extraordinarios a la dotación ordinaria de los programas de gasto asignados al Ministerio del Interior en los Presupuestos Generales del Estado, de manera que no existe financiación para dar curso a las necesidades de inversión recogidas en las propuestas de las distintas unidades”, denuncia el TCU.
Unos cuerpos policiales menos contaminantes
Uno de los compromisos era que tanto Policía Nacional como Guardia Civil contaran con medios terrestres mucho menos contaminantes. En ese sentido, a 31 de diciembre de 2024, Interior había adquirido 4.323 vehículos destinados a reemplazar un número equivalente de unidades más contaminantes. Otro de los objetivos era alcanzar un 30% de ahorro de energía primaria en los edificios policiales hasta el 30 de junio de 2026. Solo se ha actuado, de momento, sobre el 6% de los 425.626 metros cuadrados cuya intervención está comprometida. Tampoco se han conseguido instalar los 2.439 puntos de recarga previstos ni gastar los 28 millones de euros en instalaciones fotovoltaicas. El plazo finaliza en junio de 2026. “La ejecución es inferior al 25% en ambos casos, lo que supone un riesgo de no cumplir los plazos”, avisa el TCU.
En la Policía Nacional hay 16.408 vehículos. Los híbrido-enchufables han pasado de representar el 13,9% de la flota en 2023 al 18,83% en 2024. A pesar de ello, un 6,7% pertenecían a la categoría más contaminante, al carecer de etiqueta medioambiental. La Benemérita cuenta con 19.827 vehículos. “Atendiendo a la fuente de energía de propulsión, un 6% de los vehículos eran de propulsión eléctrica y un 12% de híbrida, manteniéndose un 56% de gasóleo y un 26% de gasolina.
Sin personal para gestionar
El Ministerio del Interior gestiona uno de los mayores parques inmobiliarios de la Administración General del Estado con más de 3.800 inmuebles, destacando la Guardia Civil, con 2.789 inmuebles y fincas, la Dirección General de la Policía con 921; y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, con 115 (65 de ellos son prisiones). Todos son gestionados por el ente público Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de la Seguridad del Estado (GIESE), que solo cuenta con 26 empleados. “Las limitaciones de medios humanos y técnicos provocan dificultades para la gestión de los proyectos y de los procedimientos necesarios para ejecutar inversiones”, lamenta el Tribunal de Cuentas
Y es que es complicado “completar transacciones” con edificios y fincas tan específicas como estos, “de modo que los gastos corrientes de GIESE, que cuenta con 26 empleados públicos en su plantilla, han superado en algunos ejercicios el importe de las fincas enajenadas”. Su limitada actividad “da lugar a que los costes de su funcionamiento sean elevados en relación con los objetivos conseguidos”. El Plan de Infraestructuras para la Seguridad del Estado (PLISE) aprobado en 2019 incluía 67 actuaciones. Finalizado 2024, solo se habían finalizado 14, encontrándose pendientes de terminar 53, de las cuales 5 ni siquiera se habían iniciado a finales de 2024.
36 comisarías y cuarteles cerrados
Entre 2019 y 2024, la Policía Nacional clausuró seis de sus dependencias por inhabitabilidad y otras seis instalaciones adolecen de graves patologías. A su vez, el 10% de sus edificios tiene más de 50 años, calificándose por sus servicios técnicos más del 30% de los inmuebles con estado de conservación regular o malo (313). Por su parte, la Guardia Civil cerró 30 dependencias, a los que se añaden 73 edificios con patologías graves. Además, más del 55% de los edificios de la Benemérita tiene más de 50 años (1.066), un 13% (253) se ha calificado como en “mal estado” o con deficiencias graves y, adicionalmente, el 14% de las viviendas operativas estaban inhabitables o en mal estado. De hecho, entre 2021 y 2023 se tuvieron que tramitar 67 contratos de emergencia por importe de más de 56 millones de euros para atender incidencias en edificios del Instituto Armado.
Dos nuevas prisiones
El Plan de Amortización y Creación de Establecimientos Penitenciarios (PACEP) ha supuesto desde su aprobación inicial, en 1991, la inversión de 2.932 millones de euros (de ellos 147 millones entre 2021 y 2024) para la construcción de 37 centros penitenciarios y 30 centros de integración social, entre otras dependencias. Este plan, cuya última modificación prevé su extensión hasta 2028, prevé construir dos centros penitenciarios y reformas en otros 21. Sin embargo, pese a estar incluido en las actuaciones, “sigue pendiente de inicio la construcción de una sede para los servicios centrales, cuyo alojamiento supone mantener un contrato de arrendamiento con un coste de más de 3,5 millones de euros al año”, denuncia el TCU. Mientras los servicios centrales no tienen sede propia, ya hay 31 prisiones con piscina.
Vehículos con muchos kilómetros
El Plan de Eficiencia Energética de la Administración del Estado, financiado con cargo a fondos europeos, ha supuesto la renovación de un número significativo de turismos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil: 2.659 unidades para el primer cuerpo y 1.596 para la Benemérita. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de renovación de material móvil de los dos cuerpos policiales, persiste un porcentaje significativo de vehículos con antigüedad y kilometraje excesivos, sobre todo en la Guardia Civil, que opera un parque móvil más envejecido. Así, un 21% de sus turismos y un 26% de los todoterrenos tenían más de 15 años o más de 300.000 kilómetros recorridos, mientras que en la Policía Nacional el 35% de las unidades tenía más de 100.000 kilómetros y un 50% más de 5 años y un 25% más de 15 años.
La Policía Nacional utiliza en mayor medida vehículos en el marco de contratos de arrendamiento por considerarlo más eficiente para el servicio (un 19% del parque frente al 8% de la Guardia Civil). “Para vehículos con utilización muy intensiva, la alternativa del arrendamiento disminuye el coste en reparaciones y permite disponer de una flota más moderna. Sin embargo, dadas las limitaciones presupuestarias, no resulta viable en la actualidad que los dos cuerpos policiales dependan en exclusiva de contratos de arrendamiento”, señala el Tribunal.
Menos helicópteros
Las limitaciones en la renovación del material móvil están condicionando el desempeño de la Policía Nacional y la Guardia Civil, “en la medida en que con frecuencia operan unidades al límite o sobrepasando su vida útil”. Así, entre 2021 y 2025 se ha reducido el número de helicópteros en servicio de 63 a 56, a pesar de la entrega de 18 unidades (9 a cada cuerpo) del modelo H-135. Hasta 2026 se prevé dar de baja diez unidades de modelos fabricados antes de 1995.
A cierre del 2024, la Policía Nacional contaba con un total de 28 aeronaves activas, siendo 27 de ellas helicópteros y un avión. De estas aeronaves, 9 helicópteros y el avión tienen una fecha de entrega anterior al año 2010. A su vez, en 2024 el Consejo de Ministros autorizó la tramitación de un contrato por un importe de 17.640.000 euros para la adquisición de un avión. La Guardia Civi, por su parte, opera con 36 helicópteros y tres aviones. Entre 2021 y 2025 se ha reducido el número de helicópteros en servicio en 7 unidades, pasando de 43 a 36, un 16% menos, a pesar de la entrega de 7 unidades de modelo H-135 entre 2022 y 2025. El próximo año el Servicio prevé dar de baja diez unidades de modelos fabricados antes de 1995 que seguían en servicio.
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil contaba en marzo de 2025 con 141 embarcaciones. El 47% de las mismas “estaban operando más allá de su periodo teórico de vida útil, lo que implicaba: limitaciones en la operatividad del servicio, derivada de la antigüedad, que conduce a operar modelos con diseños desfasados, a problemas mecánicos de las naves y a un incremento de los costes de mantenimiento (15,6 millones de euros en 2023), agravado por la falta de estandarización de los modelos, que ocasiona mayor dificultad en la obtención de repuestos”, denuncia el TCU. Hay un plan de reposición a siete años partiendo de 2023, con una inversión estimada en torno a los 150 millones de euros, con la propuesta de dar de baja 29 embarcaciones con la vida útil superada.
Pocas armas eléctricas
La Dirección General de la Policía no dispone de instrumentos de planificación específicos de inversiones en armamento y equipamiento policial, de modo que las compras se articulan exclusivamente en la elaboración de las fichas para la preparación de las propuestas del presupuesto. Para su preparación, la División Técnica considera el incremento neto de plantilla (teniendo en cuenta la reutilización del armamento de agentes jubilados, en su caso) y, excepcionalmente, la necesidad de reemplazar modelos concretos de armas por razones técnicas (obsolescencia, dificultades con repuestos munición o novedades técnicas). En el periodo 2021-2024 se invirtieron un total de 14.224.447 euros en armas (un 67% cortas), para un total de adquisición de 12.511 unidades). Destaca el incremento programado de adquisición de pistolas eléctricas, cuyo objetivo es alcanzar los 5.000 dispositivos en 2028, frente a los 1.741 existentes en abril de 2025.
La Guardia Civil tampoco elabora en materia de armamento una planificación estratégica. Las propuestas se han venido fundamentando en la información sobre la antigüedad del armamento, la ausencia de repuestos para determinados modelos, a su obsolescencia debido a nuevas tecnologías o la aparición de nuevas necesidades, como pistolas eléctricas, o, por supuesto, como consecuencia de la incorporación de nuevos efectivos al Cuerpo. En los ejercicios recientes destacaron las 6.321 armas adquiridas en 2022 y 2023, frente a múltiples ejercicios con entradas muy escasas y, en cualquier caso, muy por debajo de las de los años 2003, 2005 o 2008 que superaron las 12.000 unidades. Solo hay 407 pistolas eléctricas.
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