Detenido el CEO y presidente de la aerolínea Plus Ultra tras la redada en su sede por presunto blanqueo de capitales tras el rescate

La Policía Nacional ha llevado a cabo este jueves una operación en la que ha detenido al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez, y al consejero delegado, Roberto Roselli, en el marco de una investigación judicial sobre la aerolínea española. La intervención policial ha incluido registros en la sede de la compañía y en los domicilios de algunos de sus principales responsables. La investigación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, se encuentra bajo secreto de sumario y los agentes han procedido al volcado de los dispositivos informáticos incautados.

La compañía, que cuenta con accionistas venezolanos, está colaborando con la Policía Judicial durante el desarrollo de la operación. El procedimiento judicial investiga un posible delito de blanqueo de capitales y se centra en la gestión de Plus Ultra, una empresa que fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con una ayuda pública superior a los 50 millones de euros. En los últimos meses, la aerolínea ha sido señalada por algunos de los principales investigados en el conocido como caso Koldo, quienes han apuntado a Plus Ultra como una de las empresas que deberían ser objeto de investigación.

El rescate público a Plus Ultra ha generado controversia política desde su concesión. El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, que la decisión de rescatar la aerolínea fue una imposición con la que nunca estuvo de acuerdo, y ha atribuido la iniciativa al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, una afirmación que este último ha negado. En la misma línea, el empresario Víctor de Aldama ha realizado declaraciones similares, según recoge el citado medio.

El antiguo presidente de Plus Ultra, Fernando García Manso, defendió tras la concesión de la ayuda pública que la “ayuda” recibida había sido “la mínima imprescindible” y negó que la compañía hubiera recurrido a ex altos cargos socialistas para obtener el rescate. García Manso argumentó que, pese a la polémica, Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española al cubrir una “carencia” en las conexiones aéreas con Latinoamérica. Según sus palabras, la aerolínea se presentaba como la “única alternativa” para los usuarios que buscaban “precios competitivos” en los vuelos entre España y el continente americano. “Si desaparecemos, se formaría en esas rutas un monopolio”, defendió el exdirectivo.

Investigación en secreto

La Fiscalía Anticorrupción ha tomado las riendas de la pesquisa, orientando su labor hacia los posibles vínculos entre la aerolínea, las ayudas recibidas del Estado y operaciones posteriores, como el pago a la petrolera venezolana PDVSA. Esta línea de investigación se mantiene bajo secreto, sin que hayan trascendido detalles sobre los avances desde su reactivación.

El estudio pericial en la fase inicial del proceso aportó una controversia clave: los expertos designados por el juzgado destacaron que la situación financiera de Plus Ultra era precaria ya desde 2019, identificando indicios de insolvencia y riesgo de cierre, condiciones que, según su valoración, le habrían impedido legalmente acceder al rescate aprobado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En contraste, tanto la propia SEPI como dos consultoras externas defendieron la solvencia suficiente de la aerolínea en el momento de recibir el apoyo económico. Además, la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid determinaron entonces que “no existían indicios de delito”.

El recorrido judicial de la causa se vio interrumpido en noviembre de 2022, cuando la Audiencia Provincial de Madrid estimó los argumentos de la defensa de la compañía y aceptó su recurso. Los magistrados consideraron que se había superado el plazo máximo de instrucción de doce meses para citar a Plus Ultra como investigada desde el inicio del proceso, recordando que “en un proceso con todas las garantías” no era posible la citación una vez vencido ese plazo. Esta irregularidad procesal se atribuyó a la magistrada Esperanza Collazos, quien no prorrogó el plazo y citó a la aerolínea dos veces sin que la comparecencia se realizara. La expiración del límite, argumentó la Audiencia, “conlleva la inviabilidad de incorporar el material instructorio”, razón por la que se decretó el archivo y sobreseimiento provisional en enero de 2023.

Entre los impulsores de la acusación en ese momento se encontraban Vox, el Partido Popular y el colectivo Manos Limpias, que cuestionaron si la ayuda estatal se ajustó a derecho. Uno de los temas analizados fue el uso de una parte de los fondos del rescate por Plus Ultra para saldar una deuda con la petrolera estatal venezolana. Los peritos de la aerolínea argumentaron que el abono respondía a obligaciones contractuales pendientes, demoradas previamente por el embargo y las sanciones internacionales contra PDVSA. Sin embargo, los peritos del juzgado objetaron que dicho pago no era prioritario respecto a otras operaciones que la empresa podía considerar más urgentes.

Detención de Leire Díez y Vicente Fernández

En paralelo, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha ejecutado registros en varias ciudades españolas relacionados con la empresa Servinabar, bajo la dirección de la Audiencia Nacional. Estas actuaciones suceden tras la detención de Leire Díez —expulsada del PSOE y extrabajadora de la sede socialista en Ferraz— y Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI. Ambos figuran como investigados por presuntas irregularidades en adjudicaciones públicas.

Los registros efectuados por la UCO han tenido lugar en Madrid, Sevilla y Zaragoza y han consistido en inspecciones a empresas afiliadas a Servinabar, firma cuyo titular es Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, conforme al informe policial. Las fuentes consultadas por los investigadores señalan que no se prevén, en esta etapa, más detenciones.