El Gobierno encara su última semana parlamentaria antes de Navidad: una sesión de control marcada por el caso Salazar y varias votaciones que puede salvar

Después de un intenso año en lo judicial y político, el Gobierno encara su última semana de actividad parlamentaria antes de echar el cartel de ‘cerrado por vacaciones’. Y en este sentido, el Ejecutivo piensa ya en el Pleno clave que podría cerrar un año agridulce con buen sabor de boca.

Antes, Sánchez deberá presentarse en el Congreso el miércoles para asistir a la última sesión de control al Ejecutivo, con un cara a cara Sánchez-Feijóo que se vaticina tenso por las denuncias anónimas de acoso y abuso sobre Paco Salazar, exasesor de Moncloa y hombre de confianza del presidente del Gobierno. Después de conocerse las bochornosas conversaciones entre Ábalos, Koldo y Cerdán en las que hablaban de intercambiarse prostitutas, el PSOE vuelve a estar en el punto de mira por su falta de contundencia a la hora de atajar una posible situación de acoso sexual, que le ha llevado a tensiones internas entre el ala feminista del partido y la Dirección Nacional.

Las primeras denuncias llegaron al buzón de Ferraz el pasado mes de julio, pero no llegó a abrirse hasta cuatro meses después, cuando la noticia estalló a raíz de una información de ElDiario.es. Hasta seis ministros, todos de la parte socialista, no atenderán preguntas sobre este asunto porque no estarán presentes en la comparecencia. La oposición señala en especial las ausencias de la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, y la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, dos ministras que, según denuncian, han tratado de proteger a Salazar. “Las ausencias de estas dos ministras suponemos que se deben a no querer hacer frente al escándalo que afecta al que hasta hace cuatro días consideraban su compañero”, acusan desde el PP.

Precisamente Alegría, quien tachó de “vomitivas” las “expresiones” sexuales de Salazar, fue fotografiada un mes antes en un restaurante en Madrid. Según defendió la ministra de Educación, fue una comida que se circunscribió al “ámbito personal”.

Posibles victorias entre el ruido de una prevista derrota

El jueves, el Gobierno volverá a llevar al Congreso la senda de estabilidad después de caer en su primer intento tras el ‘no’ de Junts per Catalunya. Pedro Sánchez mantiene que su intención es presentar su proyecto presupuestario “con o sin apoyos” y en la última semana ha trabajado desesperadamente para tratar de reconciliarse con Junts, cuyo voto es imprescindible para ganar cualquier votación parlamentaria clave.

No obstante, Sánchez tendrá que seguir esperando hasta mínimo febrero porque sabe que todavía es pronto para empezar a ver movimientos que apunten a un cambio de postura en el partido de Carles Puigdemont. El pasado miércoles, la portavoz posconvergente, Míriam Nogueras, avisó al Ejecutivo que el bloqueo seguiría “hasta que se cumplan los acuerdos”. “No ha habido conversaciones con Junts”, insisten desde Moncloa y corroboran desde Junts. El propio Sánchez asume que no podrá recuperar la mayoría parlamentaria que le invistió hasta que Puigdemont regrese a España. La decisión depende del Tribunal Constitucional y no se espera que llegue antes de la primavera.

Pero el Ejecutivo todavía puede salvar algunas votaciones entre el ruido de las ya acostumbradas derrotas parlamentarias. Una de ellas es la subida salarial del 2,5% a los funcionarios, aprobada por decreto ley en el pasado Consejo de Ministros.

Esta cifra se concretó en el acuerdo alcanzado en el mes de noviembre por el Gobierno y los sindicatos UGT y CSIF, que establece una subida salarial acumulada del 11% para los empleados públicos en el periodo 2025-2028. Así lo detalló Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, durante la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de este martes.

Otra votación importante será la ley de multirreincidencia, que se votará en Comisión Parlamentaria este jueves antes de llegar a su votación final en la Cámara Baja. PP, PSOE y Junts votaron en bloque el pasado jueves para avanzar en una ley para endurecer las penas a los multirreincidentes. Una de las medidas que contempla, por ejemplo, es la pena de prisión de hasta tres años por robo de teléfonos móviles. Se trata de una de las exigencias de Puigdemont que, sin embargo, no hacen gracia entre los aliados de Sánchez, quienes critican que la ley “criminaliza al débil”.

Las exigencias incorporadas de Junts

El Congreso votará también el decreto ley aprobado en el Consejo de Minsitros que incorpora algunas de las exigencias de Junts. Entre ellas, facilitar y flexibilizar las inversiones de los entes locales y ayuntamientos, que, entre otras cosas, amplía el plazo para promover la digitalización de los procesos de facturación en empresas.

Los socios de Gobierno ya han advertido al presidente del Gobierno que un acercamiento de más con la formación independentista podría conllevar la pérdida de mayoría por el lado progresista. Y en este sentido, a partir de febrero volverán importantes votaciones como la ley antiokupas o el traspaso de las competencias migratorias a Cataluña, dos cuestiones guardadas en un cajón durante 2025.

Además, la Junta de Portavoces ha acordado incluir en el orden del día del próximo Pleno la convalidación del último decreto ley de ayudas a los afectados por la erupción del volcán de La Palma, que salió del Consejo de Ministros el pasado 25 de noviembre.