San Fernando de Henares reabre su metro entre el miedo a los derribos: “No es descartable que haya más demoliciones”

Han pasado más de 20 años desde que Esperanza Aguirre, por entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, anunciase la prolongación de la línea 7 del Metro. Más de dos décadas de obras, ruido y polvo que terminaron tragándose la casa de 73 familias y a las que Isabel Díaz Ayuso ha querido poner punto y final este sábado. Desde las 06:00 horas del 22 de noviembre, los trenes vuelven a circular por los túneles y en ellos viajarán 120.000 usuarios diarios, según cálculos del Ejecutivo madrileño.

La comunidad da por finalizados los trabajos de auscultación, monitorización, consolidación y reparación incluidos en el Plan Integral de Actuaciones de San Fernando de Henares, pero los vecinos cuentan otra historia: los afectados no han recuperado sus casas y las que todavía se mantienen en pie están marcadas por incontables grietas que amenazan la integridad de los edificios.

David Casado, que vive desde hace 12 años con su familia en el municipio, recuerda todavía el inicio del caos. Corría el año 2011 y, entre las calles, se escuchaban las quejas de los vecinos: pequeñas fisuras surgían de las ventanas y las puertas y se iban ampliando poco a poco, hasta convertirse en grietas. Según certificó el Ilustre Colegio de Geólogos de Madrid, “la construcción del Metro produjo un aumento brusco de la infiltración de agua dulce desde la superficie”, provocando el hundimiento del suelo en San Fernando y Coslada. Los técnicos intervinieron, pero los daños seguían creciendo y los edificios dejaron de ser estables. En 2021, empezaron los derribos.

Desde su terraza, Casado ha visto cómo las casas desaparecían poco a poco. “Muchos vecinos han venido a mi terraza a ver cómo han derribado su vivienda. Es un dolor muy fuerte”, cuenta a Infobae España en su salón. Esa misma terraza tiene que limpiarla cada día para deshacerse del polvo que levantan los obreros. Él dice haber normalizado el problema, pero sus hijos son otro cantar. “Tengo una niña de 8 años que no para de hacer preguntas: cuándo van a derribar su casa, dónde dejan los Reyes Magos o Papá Noel los regalos a los niños a los que les han tirado la casa...”, dice.

El complejo en el que él vive se ha salvado, por el momento, tras los trabajos de reparación, pero las grietas todavía atraviesan las paredes del piso: en la entrada, en la sala de estar, en el baño, en la habitación de sus hijos... Las indemnizaciones para reformar todavía no han llegado. “Una empresa de reformas hizo presupuesto, me cuesta 27.200 euros arreglar mi casa”, asegura.

600 viviendas dañadas y 73 derribadas

Los problemas del Metro de Madrid han dejado 600 viviendas afectadas y han provocado 73 derribos de domicilios y cinco comerciales. Entre las casas que cayeron, estaba la de Alejandro Escribano, secretario de la Asociación de Afectados por la Línea 7B. “Recuerdo ver cómo mi casa se iba agrietando de forma progresiva: poco a poco empiezan a aparecer pelos por diferentes partes de la casa, sobre todo en las ventanas, cerca de las puertas. Esos pelos empiezan a abrirse en una fisura, una grieta, y ya los daños son serios, ves que algo pasa”, cuenta a Infobae España. Donde antes estaban su casa, las de sus vecinos, una Escuela Oficial de Idiomas, una sala de exposiciones o un teatro, ahora se alarga una explanada de 10.000 metros cuadrados, en la que la Comunidad de Madrid reconstruye el parque urbano.

El Gobierno regional no ha planteado, por el momento, la reconstrucción de los servicios públicos perdidos. Tampoco la reubicación de los vecinos. Según explica Escribano, el municipio vive “encorsetado” entre Vicálvaro y el Parque Regional del Sureste, dentro del término municipal de Madrid. “El Ayuntamiento de Madrid nunca ha querido ceder los terrenos”, dice.

Mientras, la asociación de afectados denuncia que las indemnizaciones recibidas se quedan por debajo del valor de las casas perdidas. Para poder adquirir una casa con características similares dentro de la Comunidad de Madrid, necesitarían 380.000 euros de media, pero “las indemnizaciones no llegan ni siquiera a la mitad de esa cuantía, en el mejor de los casos”, lamenta. “Hay vecinos que han recibido 169.000 euros por una casa de 90 metros cuadrados. Si alguien se puede comprar, en esta comunidad, una casa de 90 metros cuadrados por ese dinero, que nos lo diga”, espeta Escribano. Actualmente, el precio medio del metro cuadrado ronda los 5.000 euros en la Comunidad de Madrid.

A ello, se añaden los daños morales y psicosociales que sufren los vecinos. Un informe preliminar realizado por el Centro de Estudios Psicosociales SIRA evidencia el profundo impacto que han tenido los derribos en la salud mental de los vecinos. “El problema no es que te tiren tu casa, sino que has crecido viendo cómo tu casa está agrietada, viendo cómo derriban la casa de tus vecinos”, indica Escribano.

Los vecinos no confían en el metro

En este contexto, los vecinos recibieron con sorpresa el anuncio de la reapertura del metro. “A mí, personalmente, me chocó, porque no tenemos informes de que haya una viabilidad ni una seguridad certera de que se pueda abrir sin problemas”, dice Casado.

Para los afectados, la Comunidad de Madrid intenta mandar un mensaje: que el problema ha terminado. “¿Cuál es la realidad cotidiana de los vecinos? Que hay más de 600 viviendas afectadas, que el suelo de Coslada y San Fernando se sigue disolviendo. Esto no lo decimos nosotros, lo dice el Colegio de Geólogos de Madrid, que ha trabajado y estudiado los informes“, resalta Escribano. ”Mientras eso no esté resuelto, no es descartable que los próximos años haya más hundimientos y demoliciones”, insiste.

Ni Casado ni Escribano muestran un ápice de confianza en la nueva línea de metro. “Es la décima reapertura en 17 años”, recalca el segundo. “Se están inyectando sobre el terreno cantidades ingentes de lechada, que acaban desapareciendo por la alta salinidad”, explica. Escribano critica, además, la opacidad de la Comunidad de Madrid, que todavía no ha hecho públicos todos los informes de verificación de las obras. “Si la Comunidad de Madrid quisiera ser responsable con esto, haría públicos los informes, los daría a la sociedad civil, a las estructuras vecinales organizadas, a los ayuntamientos, al Colegio de Geólogos y a entidades externas e independientes que pudieran hacer un estudio completo”, concluye.