La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) continúa con su lucha contra la desprotección de la enfermedad. Este viernes, ha asegurado que “al menos tres fallecimientos” estarían relacionados con los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama gestionado por el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Así lo ha afirmado la entidad en una rueda de prensa en la que también ha anunciado que no va a entregar datos de mujeres afectadas al SAS, al considerar que hacerlo sería vulnerar la Ley de Protección de Datos.
El abogado de la asociación, Manuel Jiménez Soto, acompañado de la presidenta, Ángela Claverol, ha explicado ue el requerimiento formal enviado por el SAS para obtener documentación, testimonios o listados de mujeres afectadas “no puede ser atendido legalmente”. Según el letrado, “Amama no puede emitir información alguna que constituya dato sanitario personal sin consentimiento expreso, escrito e informado de sus socias, porque supondría una vulneración grave del régimen de protección de datos”.
Además, la organización ha calificado de “sorprendente” que sea la propia Administración sanitaria quien solicite datos que, según afirman, debería poseer íntegramente: “Es la Administración la que debería decir dónde ha estado la gravísima negligencia que ha llevado a mujeres a contraer una enfermedad gravísima o agravar la que ya padecían”, ha señalado Claverol.
Guerra de cifras: 4.000 casos frente a 2.317
Amama sostiene que ya tiene más de 4.000 casos documentados de mujeres afectadas por fallos de comunicación en el cribado. Sin embargo, según la Junta de Andalucía, la cifra es de 2.317 mujeres que no fueron debidamente informadas tras un resultado “no concluyente” y que debían haber sido citadas para pruebas complementarias. La asociación recuerda que ha presentado 25 reclamaciones patrimoniales de mujeres que desarrollaron cáncer tras no recibir información crucial a tiempo. “Siguen llegando casos todos los días”, ha insistido Claverol.
En su escrito, el SAS requiere entregar a Amama en un plazo de 10 días “toda la información, documentación o testimonios” sobre posibles incidencias no detectadas por los circuitos oficiales, argumentando que la colaboración es obligada y necesaria para “evitar la generación de alarma social derivada de cifras no verificadas”.
En este sentido, la Administración sostiene que las cifras que maneja Amama “no se corresponden con los datos verificados en los registros oficiales clínicos” y subraya que la información se utiliza “con absoluta confidencialidad” en el marco de actuaciones de investigación sanitaria.
Amama responsabiliza al SAS de obtener los datos
En su respuesta formal, la asociación afirma que el requerimiento carece de base legal y que es el SAS quien debe recabar la información por sus propios medios: “La constatación de fallos corresponde a la administración sanitaria, que es quien tiene los historiales, los listados y el deber de vigilancia”, subraya el escrito.
Por su parte, la Junta se ha marcado como fecha límite el 30 de noviembre para realizar las ecografías pendientes a 217 mujeres que aún no han sido citadas. El tiempo corre y la tensión entre la Administración y la asociación aumenta, con acusaciones cruzadas y una creciente preocupación social ante la magnitud real del fallo en el programa de detección precoz del cáncer de mama.
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