El Gobierno de Ayuso ha pagado 8,7 millones en los dos últimos años para que clínicas privadas realicen 41.453 abortos en la Comunidad de Madrid

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha pagado en los dos últimos años (2023 y 2024) un total de 8,77 millones de euros a siete clínicas privadas para que realizaran 41.453 interrupciones voluntarias del embarazo. Pedro Sánchez denunció el lunes en redes sociales que la Comunidad de Madrid deriva el 99% de los abortos a centros privados. Según datos que maneja el propio Ejecutivo autonómico, mientras que estas 41.453 mujeres interrumpieron su gestación en una clínica, solo 134 lo hicieron en uno de los hospitales de la red pública.

Para pagar estas intervenciones, la Consejería de Sanidad desembolsó 8,77 millones, una media de 212 euros por cada una de ellas. El ministerio de Sanidad va a llevar a los tribunales al Gobierno de Ayuso por ser la única administración de toda España que se ha negado a hacer la lista de médicos objetores de conciencia que rechazan practicar abortos voluntarios, aunque lo exija la ley. Con ese proceso judicial, Sanidad pretende paralizar esas derivaciones, que considera una forma de hacer negocio con la sanidad pública. Ayuso asegura, por su parte, que “defendemos el derecho de los profesionales a la objeción de conciencia. Solo un dictador les puede obligar a hacer lo que no quieren hacer”.

Más Madrid asegura que lo que hace Ayuso es “una anomalía en el conjunto del país” y ha registrado un paquete de enmiendas a los presupuestos autonómicos de 2026 por un valor total de cinco millones de euros “destinados a garantizar que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto dentro de la sanidad pública madrileña y sin depender de derivaciones al sector privado”. Una de esas enmiendas propone incorporar el aborto farmacológico en Atención Primaria, “lo que permitirá que los centros de salud puedan atender embarazos de pocas semanas con seguridad, cercanía y sin demoras”.

Las enmiendas de Más Madrid incluyen además la incorporación inmediata a la cartera de servicios públicos de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) por encima de la semana 23, es decir, los abortos terapéuticos que actualmente obligan a muchas mujeres a ser derivadas fuera de Madrid o a recurrir a centros privados. De esta forma, la formación que lidera Manuela Bergerot insiste en que “la red pública madrileña tiene capacidad para asumir estos procedimientos si existe voluntad política, planificación y recursos suficientes, especialmente si se cuenta con un registro de objetores operativo que permita organizar los equipos sin vulnerar derechos individuales”.

Madrid, en rebeldía

Madrid se ha declarado en rebeldía con la reforma de la ley del aborto que se hizo en 2023. El espíritu de esa normativa es que el registro de objetores facilite las intervenciones y no sean un obstáculo a nivel administrativo y organizativo. “El registro de objetores no es más que una herramienta para garantizar que las mujeres tengan acceso a esa prestación en toda la sanidad pública de todas las comunidades autónomas. Se hace para evitar que haya una concentración de objetores en un determinado centro hospitalario que impida prestar ese servicio y que, por lo tanto, haya que externalizarlo a clínicas privadas. Es una forma de respetar el derecho de las mujeres a abortar en la sanidad pública dentro de los plazos legales", explica Carlos Moreno, diputado socialista y portavoz de sanidad en la Asamblea de Madrid.

Y segundo, señala Moreno, este registro es “también una forma de garantizar que los profesionales que vayan a ser objetores en la pública lo sean también en la medicina privada. Lo que está claro es que con los datos en las manos, en Madrid, gobernado por el PP, se derivan prácticamente todos los abortos a la sanidad privada. La intervención, no obstante, resulta gratuita en todos los casos. Para los socialistas, el Gobierno de Ayuso es incongruente porque “defiende un aborto legal y poco frecuente, pero curiosamente es la única comunidad autónoma que no financia los métodos anticonceptivos a largo plazo. Una curiosa forma de conseguir que el aborto sea poco frecuente. Y luego, para querer que sea proco frecuente, es la comunidad, junto con Andalucía, donde mayor número de abortos se producen en clínicas privadas”.

De las 21.013 interrupciones voluntarias del embarazo que se produjeron en 2024, un total de 18.081 correspondieron a mujeres con residencia en Madrid. De ellas, el 54% había nacido fuera de España. La tasa anual por caca 1.000 mujeres de 15 a 44 años fue de 13,39, el segundo dato más alto de los últimos diez años. La tasa más elevada (22,46) se observó en el grupo de edad de 20-24 años. El 72,4% de las mujeres que recurrieron al aborto tenían ingresos económicos propios y el 64% trabaja por cuenta ajena. El 43,4% tenía hijos a su cargo y el 39,9% convivía en pareja. Para el 62,6% era su primera IVE. Respecto al motivo, el supuesto de la ley vigente “a petición de la mujer” consta en el 94,3% de las intervenciones. Las notificaciones provienen de las siete clínicas privadas autorizadas (20.935 IVE), los siete hospitales de la red pública (78 IVE) y de otras 39 realizadas en centros de fuera de Madrid a mujeres residentes en la misma.