Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y solo siete para Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de prisión y multa de más de 3,7 millones de euros para el exministro de Transportes José Luis Ábalos por las supuestas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y otros 19,5 años para quien fuera su asesor, Koldo García. Para el tercer implicado en la trama, el comisionista Víctor de Aldama, quien supuestamente ha colaborado en la investigación, la Fiscalía reclama solo siete años de cárcel. Anticorrupción acusa a Ábalos y Koldo García de cinco delitos: organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación.

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente propuso el pasado 3 de noviembre enviar a juicio al exministro, a su asesor y al empresario en la primera pieza de la investigación, centrada en la compra de mascarillas durante la pandemia. La empresa de De Aldama, Soluciones de Gestión, se hizo con los contratos de Puertos del Estado (8 millones de mascarillas) y de ADIF (5 millones) tras una orden que firmó el ministro en marzo de 2020. Ahora, la Fiscalía ha presentado el escrito de acusaciones este miércoles.

El ministerio público relata en su escrito como el comisionista Víctor de Aldama conoció a Koldo y a Ábalos gracias a que su hermano era escolta del exministro. “En el desarrollo de estas relaciones personales, pronto vieron los investigados la oportunidad de obtener un común beneficio económico. Con tal ánimo de enriquecimiento, los tres convinieron que, aprovechando el cargo que ostentaba José Luis Ábalos en el Gobierno de España y también en el partido socialista, este podría favorecer, naturalmente a cambio del correspondiente beneficio económico del que todos participarían, la contratación con la Administración Pública en cuantas ocasiones hubiera oportunidad”.

Los tres “eran apoyados de manera puntual o continua tanto por otras autoridades y funcionarios del ministerio, como por distintas personas del entorno empresarial de Víctor de Aldama y por familiares de Koldo García, ninguno de los cuales tiene la condición de investigado en la presente causa especial”, matiza la Fiscalía. La organización nació, además, “con innegable vocación de permanencia en el tiempo, como lo evidencia el hecho de que estuvo operando durante varios años y proyectando su actuación delictiva en distintas esferas o conductas ilícitas que partía, sin embargo, de una misma estructura que solo comenzó a debilitarse tras la simultánea salida de José Luis Ábalos y Koldo García del ministerio”.

Alquiler de un piso como mordida

La Fiscalía explica detalladamente qué tipo de mordidas cobró Ábalos por el amaño de contratos públicos. “Con el propósito de garantizar a José Luis Ábalos la percepción de las comisiones ilícitas”, el empresario y el político firmaron el 24 de abril de 2019 un contrato de arrendamiento con opción de compra de un piso propiedad de Víctor de Aldama, fijándose una renta anual de 30.000 euros y como precio de adquisición 750.000 euros, “descontando de esa cantidad, conforme se convino, los importes que se hubieran entregado en concepto de renta”. Ábalos no ocupó el inmueble ni, en consecuencia, satisfizo renta alguna, pues nunca fue esa la pretensión de ambos. En cuanto al precio de compra convenido, era muy inferior al real del mercado. “En definitiva, el contrato encubría como negocio jurídico real una fiducia de garantía de un crédito que José Luis Ábalos tenía al cobro de unas comisiones (ilegales, desde luego)”.

También había entregas en efectivo. La Fiscalía califica de “convenio criminal” la relación entre los tres investigados. Víctor de Aldama, al menos desde el mes de octubre de 2019, comenzó a entregar a Koldo García 10.000 euros mensuales en efectivo, lo que continuó haciendo hasta julio de 2022. Tales entregas de efectivo fueron efectuadas en ocasiones en presencia de José Luis Ábalos, “pues el importe de 10.000 euros mensuales estaba destinado a ser repartido entre ambos”.

En tercer lugar, Víctor de Aldama se hizo cargo de determinados gastos a petición de José Luis Ábalos y Koldo García, tales como el abono de la renta mensual generada como consecuencia del alquiler de un piso, sito en la Plaza de España, que sirvió como domicilio de Jessica Rodríguez, “quien mantenía desde octubre de 2018 una relación sentimental con José Luis Ábalos”. El alquiler mensual era de 2.700 euros.

En el caso de José Luis Ábalos, la petición de cárcel se desglosa en los siguientes delitos: organización criminal (7 años), cohecho (6), uso de información privilegiada (2), dos delitos de tráfico de influencias (4), y malversación de caudales públicos (5). La petición de prisión es menor para Víctor de Aldama porque “a lo largo de la instrucción de la presente causa especial ha reconocido los hechos que se le atribuyen, aportando información relevante en esta causa especial sobre el amaño en la adjudicación de obra pública en el ministerio durante el período en el que José Luis Ábalos Meco fue su titular".