Multas de hasta 90.000 euros si alquilas por encima del precio máximo permitido, según una gestora financiera: estas son las posibles sanciones

Las zonas tensionadas cuentan con restricciones específicas para limitar el importe del alquiler con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda y frenar la escalada de precios

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Multas de hasta 90.000 euros
Multas de hasta 90.000 euros si alquilas por encima del precio máximo permitido. (Montaje Infobae España con imagen de TikTok)

El mercado del alquiler en España soporta cada vez más presión, con unos precios que no paran de subir y cada vez menos oferta, por lo que se están empezando a implantar nuevas reglas y multas para controlar los precios en zonas tensionadas. Y es que, los propietarios que arrienden una vivienda superando el importe máximo fijado por la ley se exponen a multas y sanciones económicas, que pueden alcanzar los 90.000 euros, según la gravedad del incumplimiento y la reincidencia. El endurecimiento de las consecuencias se aplica en municipios y distritos donde la administración autonómica ha declarado oficialmente una situación de tensión en el mercado residencial.

“¿Sabías que ahora puedes recibir una multa por alquilar por encima del precio máximo permitido? Sí, y las sanciones no son precisamente pequeñas”, expone Rosa, asesora inmobiliaria de ImmoGestio, a través de un vídeo difundido en la red social de TikTok. La especialista recuerda que las zonas tensionadas están afectadas por restricciones específicas que limitan el importe del alquiler libremente negociable, con el objetivo de favorecer el acceso a la vivienda y frenar la escalada de precios.

Zonas tensionadas: dónde se aplican los límites

La legislación de vivienda identifica zonas tensionadas como aquellas donde los precios han subido de forma acusada o suponen un porcentaje elevado de los ingresos medios de los hogares, una catalogación revisable periódicamente por las autoridades autonómicas. Según explican desde ImmoGestio, “en las zonas declaradas de mercado tensionado, los propietarios tienen que respetar los límites de renta marcados por la ley”.

El mecanismo establece un tope máximo para el precio del alquiler, que puede variar en función de factores como la superficie, los servicios, la antigüedad del contrato y la naturaleza del arrendador, entre otras variables definidas por la normativa estatal y autonómica. Incumplir el precio máximo conlleva sanciones que, según Rosa, pueden llegar a los 90.000 euros.

“La administración puede interponer sanciones que van desde los 3.000 euros hasta los 90.000, dependiendo de la gravedad y si hay reincidencia”, asegura la especialista en la grabación para clarificar la advertencia lanzada en su vídeo. Este rango de multas pretende disuadir la picaresca de inflar precios por encima de lo legalmente permitido.

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Las sanciones: cuantías y motivos

El texto legal español clasifica las infracciones vinculadas al alquiler en leves, graves y muy graves, con un catálogo de sanciones progresivo en función del impacto y reiteración de la conducta. Las multas más altas se reservan para quienes reincidan o pacten alquileres considerablemente superiores a las horquillas autorizadas.

Antes de fijar el importe de un nuevo contrato de arrendamiento, la recomendación de las gestoras es comprobar si la vivienda se localiza en una zona tensionada, para contrastar los límites de precio aplicables. “Así que antes de fijar el precio de tu alquiler, asegúrate de que tu vivienda está o no en una zona tensionada y de que cumples con el tope legal. Te evitarás muchos problemas y multas”, insiste Rosa en el vídeo informativo de ImmoGestio.

En caso de infracción, la administración autonómica dispone de potestad sancionadora motu proprio o tras denuncia de una de las partes implicadas, iniciándose el procedimiento para determinar el grado de la infracción y la cuantía final de la sanción.

Desde ImmoGestio recalcan la importancia de informarse adecuadamente sobre la situación legal del inmueble antes de celebrar cualquier contrato. La recomendación general es acudir a empresas especializadas o abogados expertos en derecho inmobiliario, que pueden aclarar el marco legal vigente, así como el precio máximo permitido en cada caso.