El Gobierno de Ayuso prescinde de los 23 trabajadores que atienden a los contribuyentes madrileños: “Nos echan con 25 años de experiencia, la Comunidad ha infringido la ley muchos años”

El Gobierno regional que preside Isabel Díaz Ayuso ha tomado una decisión importante: prescindir de los 23 trabajadores que actualmente forman parte del departamento de Atención e Información al Contribuyente de la Dirección General de Tributos. Por sus manos pasan todas las liquidaciones y expedientes de impuestos que se pagan en la Comunidad de Madrid: tramo autonómico del IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones, compraventa de viviendas... Estamos hablando de una media de 1,2 millones de trámites al año. “Nos echan porque la Administración ha infringido la ley durante años. Prescinden de empleados con 25 años de experiencia. Es insólito”, señala una de las afectadas, que empezó a trabajar en este departamento en 1997.

Infobae España ha hablado con varios de estos trabajadores. La mayoría se ha agrupado y ha decidido acudir a los tribunales para defender sus derechos. Les asesora Alberto Anuncibay, del despacho de abogados Araúz de Robles. “En este caso, hay una temporalidad abusiva y fraudulenta porque la Administración no ha convocado los procesos selectivos adecuados”, resume el letrado. “Todos empezamos a trabajar en 1997 y 1998. Para una empresa privada subcontratada por la Comunidad de Madrid para prestar este servicio”, explican.

En 2005 se cansaron de su situación y demandaron por cesión ilegal de trabajadores. Su caso llegó hasta el Tribunal Supremo, que les dio la razón. “Nos convertimos entonces en personal laboral indefinido no fijo, con categoría profesional de titulado superior”. Ellos esperaban que la Comunidad de Madrid, después de tanto tiempo, estabilizara sus puestos. Pero se encontraron que en noviembre de 2021, la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo convocó oposiciones, por el sistema general de acceso libre, para cubrir nuevas plazas del Cuerpo Superior de Gestión de la Administración General, Grupo A, Subgrupo A1, de la Comunidad de Madrid.

“Es un proceso selectivo injusto para todos nosotros. Porque no es un concurso de méritos, no se valora nuestra experiencia después de tantos años. No, ha tenido las mismas posibilidades una persona que ha visto la convocatoria, se la ha preparado y se ha presentado, que los 23 que ya estábamos aquí. Y nosotros, que tenemos entre 48 y 62 años, con nuestras jornadas de trabajo, con nuestras familias, no tenemos el mismo tiempo ni capacidad para prepararnos la oposición igual que una persona de 27 años que tiene todo el tiempo para estudiar". A pesar de ello, la mayoría se presentó al proceso (menos alguno que ya sabía que estaba todo decidido y lo deja), pero ninguno ha conseguido pasar la criba de tres exámenes.

Esperando el cese

“Ahora solo tenemos que esperar a nuestro cese. Ya nos han dicho que nos cojamos las vacaciones que nos quedan. Pero como el 12 de noviembre sale la lista de aspirantes admitidos y tienen un mes luego para incorporarse, calculo que para Nochevieja ya estamos fuera”, asegura uno de ellos. “De los 23 trabajadores del departamento, 19 somos mujeres, ya de cierta edad, con lo difícil que está el mercado laboral. Lo que no entiendo es cómo la Administración prefiere prescindir de gente de tanta experiencia y poner ahora a 23 nuevos empleados que empiezan de cero. Con lo especializado que es este trabajo. Todos somos licenciados en Derecho, Economía o Administración de Empresas”, afirma otra integrante del servicio.

Otro hace lectura. “La gente que llegue ahora son funcionarios de nivel A1. No les veo cogiendo el teléfono atendiendo a los contribuyentes. A lo mejor es que la Comunidad quiere cargarse este servicio y privatizarlo y que los que se incorporen hagan otras funciones”, afirma un empleado con 27 años en esta plaza, que resumen todas sus funciones: “Atención al público, información técnica y especializada en la liquidación y gestión de impuestos autonómicos, elaboración de liquidaciones, presentación telemática y cobro de dichas liquidaciones, gestión de servicio de cita previa y consulta de expedientes, que incluye cálculo de intereses y verificación de datos personales”.

Este diario ha preguntado a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo sobre si tiene algún plan para los componentes de este departamento, teniendo en cuenta sobre todo al nivel de experiencia que va a peder la Dirección General de Tributos. Al cierre de esta información no había obtenido respuesta. No es el primer caso. Como ya publicó Infobae España, la Agencia de Vivienda Social (AVS), la empresa autonómica que se encarga de promover vivienda pública, también prescindió en octubre de la mayoría de los trabajadores que forman parte del Área de Inspección, que luchaban por ejemplo contra la ocupación ilegal. Quince de los 20 miembros de este equipo fueron cesados porque eran interinos.

El letrado Alberto Anuncibay explica que los trabajadores de la Dirección General de Tributos deberán ahora impugnar su cese porque tienen derecho a la fijeza. “La temporalidad que han vivido es un abuso y la única sanción para la Administración que lo ha permitido es hacerlos personal laboral fijo. Ya ha dicho el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: que la indemnización que hay en España para estos ceses no son proporcionales al abuso sufrido. La única solución es hacerlos fijos”, incide. “Al principio, cuando estábamos subcontratados, teníamos nómina de la Comunidad con salario de telemarketing. Luego nunca han querido estabilizarnos y ahora nos echan deprisa antes de que salga sentencia europea que nos dé la razón”, concluyen los trabajadores afectados.