La Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad provisional a Carlos Fernández, el último prófugo del caso Malaya, quien había sido detenido en el Aeropuerto de Barajas. El exdil, viajó a España para verse con su padre, que está en un estado delicado de salud.
Por su parte, Fernández se ha entregado voluntariamente y espera que se alcance un acuerdo de conformidad con la Fiscalía al defender que la mayoría de sus delitos han prescrito. Será juzgado el próximo 5 de noviembre.
Tras casi dos décadas en fuga, Fernández fue arrestado este martes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al aterrizar en un vuelo procedente de Argentina, según confirmaron fuentes jurídicas.
La detención se produjo cuando, al pasar el control de documentación, “los sistemas alertaron de la requisitoria pendiente de la Audiencia Nacional”, señalaron fuentes judiciales y policiales. El exedil quedó de inmediato a disposición de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, que estudiará ahora las medidas a aplicar.
Huida en 2006 y el caso Malaya: la trama que sacudió Marbella
Fernández se dio a la fuga en julio de 2006, coincidiendo con la segunda fase de detenciones de la Operación Malaya, investigación que destapó una de las mayores tramas de corrupción urbanística en España, con Marbella como epicentro y Juan Antonio Roca como presunto cabecilla.
El entonces juez instructor, Miguel Ángel Torres, lo reclamaba por posibles delitos vinculados a esta red. Su entorno alegó que “estaba recorriendo el Camino de Santiago”, y su última ubicación conocida en España fue “en el hotel AC de Ponferrada (León)”, según la investigación policial.
Las pesquisas recogidas entonces, apuntaban a que cruzó la frontera con Portugal, voló a Brasil y, desde allí, llegó a Argentina, registrando su entrada el 2 de julio de 2006 en el aeropuerto de Ezeiza. Su paradero permaneció oculto durante once años.
Cargos pendientes y trayectoria política
Antes de huir, acumulaba una condena de dos años y medio de prisión por la malversación de fondos del club de fútbol San Pedro Alcántara. En Malaya, estaba acusado de prevaricación administrativa, malversación y cohecho pasivo, por presuntamente recibir 150.000 euros de Juan Antonio Roca, jefe de la trama corrupta, por los que se enfrentaba a entre ocho y diez años de prisión. En esa etapa, tenía además varias causas abiertas por delitos similares.
Fernández inició su carrera como concejal de Deportes en el Grupo Independiente Liberal, bajo la alcaldía de Jesús Gil. Más tarde se integró en el Partido Andalucista (PA) y, en 2003, firmó la moción de censura que apartó a Julián Muñoz y dio acceso a la alcaldía a Marisol Yagüe, de cuyo equipo de gobierno fue segundo teniente de alcalde y concejal de Turismo.
En 2005 fue expulsado tras ser acusado de extorsionar a trabajadores municipales para financiar al Partido Andalucista, y renunció a la secretaría local del PA al conocer su condena.
Entrega en Argentina y una extradición frustrada
En septiembre de 2017, Fernández se entregó a las autoridades argentinas. Su hermano y abogado, Antonio Fernández, explicó que buscaba “acelerar el proceso y que todos sus delitos fueran declarados prescritos”, alegando obstáculos en los juzgados de Marbella para reconocer la caducidad de los cargos.
Tras tres meses en prisión en la provincia de San Juan, fue liberado en diciembre de 2017 con una fianza de 300.000 pesos (14.000 euros aproximadamente), la obligación de presentarse cada quince días ante el juzgado, solicitar un permiso para salir de la provincia y la prohibición de abandonar el país.
España reclamó su entrega en varias causas, entre ellas el caso Saqueo 2, sobre la gestión económica municipal entre 1991 y 1999. El Juzgado Federal 2 de San Juan autorizó inicialmente la extradición, no obstante, en diciembre de 2022 la Corte Suprema de Justicia de Argentina la rechazó al considerar que “el delito por el que debía ser juzgado había prescrito”.
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