La vivienda se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación tanto para los ciudadanos como para los partidos políticos. En este contexto, la compraventa de propiedades okupadas ha dejado de ser un caso aislado para convertirse en una tendencia al alza dentro del mercado inmobiliario español. Fondos de inversión y pequeños particulares están encontrando oportunidades en este tipo de operaciones, aprovechando precios muy por debajo del valor de mercado, aunque asumiendo un alto riesgo legal y económico.
De acuerdo con datos de consultoras del sector, este tipo de transacciones ha aumentado un 18% en el último año, especialmente en zonas urbanas como Madrid, Barcelona y Valencia. Las viviendas en situación de ocupación pueden llegar a venderse entre un 40% y un 70% más baratas, lo que explica el creciente interés por parte de inversores nacionales y extranjeros. Sin embargo, el auge de estas operaciones también ha reabierto el debate sobre la ética y la legalidad de obtener beneficios de inmuebles en situación irregular.
Expertos advierten que la falta de una regulación clara podría fomentar prácticas abusivas y tensiones sociales. Mientras tanto, el Gobierno trabaja en nuevas medidas para agilizar los desalojos, endurecer las sanciones a las mafias de ocupación y, al mismo tiempo, garantizar el derecho a una vivienda digna para los ciudadanos.
¿Qué podía salir mal?
En este contexto, la inversora inmobiliaria Helena Soto decidió compartir en redes sociales la experiencia que le cambió su forma de ver el negocio. En un vídeo publicado en Instagram, explicó cómo adquirió una casa okupada por 26.000 euros, convencida de que estaba ante una buena oportunidad. “En la zona, las propiedades rondaban los 40.000 euros. Pensé que era un plan sin fisuras”, contó.
Soto detalló que las entidades bancarias suelen vender este tipo de viviendas a precios reducidos, y que los okupas, conscientes de la situación, esperan que tarde o temprano llegue un inversor que les ofrezca dinero por abandonar el inmueble. Para resolver el conflicto, la empresaria contrató una compañía especializada en negociar con ocupantes y desembolsó 3.000 euros por sus servicios. Sin embargo, el okupa exigió otros 3.000 euros adicionales para marcharse.
La sorpresa llegó cuando le entregaron un documento con la fotocopia del DNI del ocupante: en la dirección figuraba la propia vivienda que acababa de comprar. “Ahí descubrí que los okupas pueden empadronarse legalmente en las casas que ocupan. No lo podía creer”, relató la inversora.
De la reforma frustrada al aprendizaje final
Una vez recuperada la vivienda, Soto intentó reformarla con el presupuesto más ajustado posible, pero el resultado fue desastroso. El albañil al que contrató abandonó la obra y ella se vio obligada a vender el inmueble con grandes pérdidas. Además, la casa se encontraba en uno de los barrios más conflictivos de Madrid, lo que complicó aún más la operación.
Tras un año de esfuerzos y negociaciones, finalmente logró venderla a unos compradores extranjeros dispuestos a asumir la reforma pendiente. “No sabía ni lo que había comprado. Pasé sudor y lágrimas para quitármela de encima”, confesó. Helena concluyó su relato con una lección que, asegura, no olvidará: “Me deshice de la vivienda, pero aprendí algo muy valioso: lo barato sale caro”.
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