
Este lunes llegan a Madrid los primeros 27 españoles de la Flotilla detenidos en Israel. Así lo ha confirmado el ministro de Exteriores, José Manul Albares. En total, de las más de 400 personas que embarcaron rumbo a Gaza y que fueron interceptados por el ejército israelí en aguas internacionales el pasado miércoles por la noche, 65 eran españoles.
El pasado viernes la Policía Israelí confirmó que más de 250 activistas habían sido detenidos y estaban en manos de las Fuerzas de Defensa de Israel y que fueron “sometidos a control y trasladados de forma segura para su posterior tramitación y deportación”. Durante la noche, tras el Yom Kippur —el Día de la Expiación, el más sagrado del año judío— continuaron con el procedimiento de los activistas restantes.
Entre los españoles detenidos se encuentran nombres de peso político: Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona; Pilar Castillejo, diputada de la CUP; Jordi Coronas, concejal de ERC; y la diputada autonómica de Más Madrid Jimena González. También viajaban Lucía Muñoz, Serigne Mbayè y Alejandra Martínez Velasco, representantes de Podemos, junto a militantes de Izquierda Unida y la abogada gallega Sandra Garrido.
En total, la Flotilla Global Sumud está compuesta por más de 40 embarcaciones y alrededor de 500 voluntarios de distintas nacionalidades. El Ministerio de Exteriores israelí, que ha tachado la iniciativa de “provocación”, ha asegurado que “todos los pasajeros están a salvo y en buen estado de salud”.
¿Quién paga?
En conversación con Infobae España, el abogado José Montero, especialista en fiscalidad y Derecho Civil del despacho Montero de Cisneros, ha explicado cómo suelen resolverse este tipo de situaciones.
El experto apunta que Israel es el que “asume inicialmente el coste de la deportación para ‘sacárselos de encima’ lo más rápido posible. Intentará repercutir ese gasto al Estado español a través de la embajada en Israel”.
Sin embargo, el abogado subraya que no hay una normativa internacional clara que regule estos escenarios. “Si fueran pasajeros en avión, las compañías suelen cubrir el retorno. En este caso, será Israel quien financie primero y luego reclame”. Además, añade que “dependerá de que lo quieran pagar o no”, aunque entiende que “por motivos políticos intentarán no hacerlo”.
Con esto coincide la abogada experta en Derecho internacional público y privado Cynthia Favero, socia fundadora del despacho Favero & Kolschinske. “Es Israel el Estado que ejecuta la deportación y el que deberá asumir los gastos de transporte y procedimiento”, señala. Pese a que España “presta asistencia a los ciudadanos españoles a través de su red consular”, no asume los costes de dicha deportación.
La deportación será el lunes 6 y el martes 7 de octubre, según el ministro de Exteriores italiano
El ministro de Exteriores Antonio Tajani ya ha informado en la mañana de este jueves en la Cámara de los Diputados que las autoridades israelíes completarían a lo largo de la jornada el traslado a la ciudad israelí de Ashdod de todos los integrantes de la flotilla, así como de otras personas que viajaban en el medio centenar de barcos, entre ellas periodistas que cubrían la expedición.
Una vez en la ciudad portuaria, los detenidos serán llevados a unas instalaciones en Beer Sheva, concretamente a la prisión de Ketziot, donde este viernes por la mañana podrán recibir visitas consulares.
El Gobierno israelí tiene la intención de repatriar a todas las personas a bordo de la flotilla “mediante una única medida de expulsión forzosa” y a bordo de “dos vuelos chárter, el lunes 6 y el martes 7 de octubre, en dos capitales europeas distintas”, que pretende que sean Londres y Madrid.
Según ha explicado, las autoridades israelíes han pedido que esas dos ciudades sean los destinos de los vuelos “porque son la sede de la dirección de la flotilla”. Por ello, no habrá un vuelo específico hacia Italia, aunque el gobierno de Roma está trabajando para facilitar el regreso de sus ciudadanos.
*Con información de EFE
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