Agentes de la Policía Nacional e inspectores de Vivienda del Govern balear han detectado en una inspección conjunta 11 infraviviendas de tipo chabola, con baños comunes, levantadas en una propiedad en Manacor y por las que cobraban un alquiler a pesar de estar en condiciones insalubres.
La inspección la llevaron a cabo a conjuntamente la Policía Nacional y el servicio de Inspección de Vivienda de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, en una propiedad donde hallaron estas chabolas sin las condiciones necesarias de salubridad y suministros básicos, ha informado la Jefatura Superior de Baleares en un comunicado.
El recinto inspeccionado presentaba unas condiciones precarias tanto de higiene, por la acumulación de restos de basura, residuos orgánicos e insalubridad, como de seguridad, al observarse techos deteriorados y estructuras poco estables. Además, contaba con una instalación eléctrica deficitaria. De acuerdo con la información recabada por la Policía Nacional y el Govern, las 11 infraviviendas son propiedad de un mismo dueño que se aprovecha de las necesidades habitacionales de las personas que pagaban los alquileres.
El propietario había aprovechado garajes para hacer divisiones y alquilar estos espacios como vivienda -habitáculos de diez metros sin ventilación, luz, o agua- a personas con muy pocos recursos que en algunas ocasiones se veían obligados a compartir el mismo recinto. También alquilaba trasteros donde había bombonas de gas para cocinar, con el enorme riesgo de que se produjeran fugas de gas y, por tanto, de una explosión.
Según ha informado el gobierno autonómico, en el momento de la inspección solo había tres personas adultas y un menor, pero tanto los inspectores de la Conselleria como los agentes de Policía creen que las 11 infraviviendas estaban ocupadas por más residentes, ya que varias de ellas incluso tenían antenas de televisión, lo que hace pensar que el poblado estaba en funcionamiento desde hace varios meses.
Las chabolas están tipificadas como una infracción grave
La presencia de estas infraviviendas en Mallorca supone el primero con estas características y fue detectada en un primer momento por la Agencia de Defensa del Territorio, la encargada de velar por la legalidad de lo que se construye en suelo rústico. El organismo fue el primero en percatarse de la construcción ilegal de estas chabolas y, tras ello, dio aviso municipales de Manacor, que alertaron a la Conselleria de Vivienda.
El conseller de Vivienda, José Luis Mateo, confirmó que las personas que alquilaban en este poblado chabolista han sido derivadas a los servicios sociales de Manacor para prestarles atención y darles una solución habitacional. “No podemos dar cobertura a esta situación, en medio de una situación de emergencia habitacional, y hay que actuar contra personas que se lucran y se aprovechan de esta situación de vulnerabilidad”, declaró.
Tras conocer el caso, el gobierno autonómico ha abierto diligencias para la posterior apertura de un expediente sancionador. Según la Ley de la Vivienda de Baleares, la creación de infraviviendas está tipificada como una infracción muy grave, sancionable con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros. Cada infravivienda constituida se sanciona separadamente, por lo que este expediente podría conllevar una multa de entre 330.011y 990.000 euros.
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