
La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a la empresa CLECE S.A., gestora del geriátrico San Ramón y San Luis en la localidad vallisoletana de Mojados, por la atención inadecuada que recibió una residente de 82 años, quien terminó falleciendo tras una sepsis causada por una úlcera grave. La sentencia obliga a la firma a indemnizar con 80.116 euros a la familia, según ha informado este jueves en un comunicado la Asociación El Defensor del Paciente, cuyo equipo jurídico se ha hecho cargo del caso.
La sentencia, dictada el pasado 2 de septiembre, confirma la condena ya impuesta previamente por el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Valladolid, después de que se acreditara que CLECE S.A. incurrió en fallos graves en la atención de la anciana. La justicia concluyó que la residencia no cumplió con los cambios posturales prescritos tras la detección del riesgo y dejó desatendida a la paciente durante cinco días críticos, además de que omitió una derivación ordenada a geriatría por el personal médico. Un informe pericial sirvió para establecer la conexión directa entre la falta de cuidados y el fallecimiento de la mujer.
Dos años de espera
Desde la Asociación El Defensor del Paciente critican, además, que la familia tuvo que esperar años para acceder a la autopsia de la mujer, “a pesar de que la necropsia era esencial para esclarecer definitivamente la causa del fallecimiento“. Desde 2017, los hijos de la paciente solicitaron en repetidas ocasiones el informe de la autopsia al Hospital Clínico Universitario de Valladolid, a la Gerencia de Salud y a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, “pero nunca obtuvieron una respuesta clara de la Administración”. Según la asociación, esa falta de transparencia retrasó el esclarecimiento del caso y profundizó el sufrimiento de la familia, que permaneció sin acceso a información clínica esencial.
“Nuestra madre murió por abandono”
“Hemos tenido que pelear contra la falta de cuidados y contra el silencio de la Administración. La justicia ha confirmado lo que siempre supimos. Nuestra madre murió por abandono. Hoy sentimos que su memoria se repara, aunque nada podrá devolvernos el tiempo de espera ni el sufrimiento añadido”, han señalado los hijos de la mujer tras conocer la sentencia.
Desde la asociación, su presidenta Carmen Flores ha afirmado que este caso representa la doble victimización para muchas familias afectadas, primero por la negligencia asistencial y después por la falta de transparencia por parte de las instituciones. “Nuestros mayores no son ciudadanos de segunda. Las residencias cobran elevadas cantidades de dinero y están obligadas a garantizar cuidados básicos. Que una anciana muera en estas condiciones y que su familia deba esperar años para conocer la verdad es algo cruel e inhumano que la sociedad no puede tolerar“, ha concluido.
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