La Fiscalía pide al Supremo la absolución de García Ortiz por el delito de revelación de secretos contra el novio de Isabel Díaz Ayuso

La teniente fiscal del Tribunal Supremo y ‘número dos’ del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido ante este tribunal la “libre absolución” del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, acusado del delito de revelación de secretos cometido contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

“Ninguna intervención puede atribuirse al fiscal general del Estado en la divulgación de los correos electrónicos intercambiados”, explica la fiscal en el escrito al que ha tenido acceso Infobae España.

Añade que “la información contenida en esos correos electrónicos ya era conocida por otras personas con anterioridad” y García Ortiz “adquirió conocimiento de la misma y previamente a que se difundiera la nota informativa de la Fiscalía”.

En el mismo escrito, Sánchez Conde solicita que el juicio que se va a celebrar próximamente, declaren González Amador, su abogado, Carlos Neira, Miguel Ángel Rodríguez Bajón y diez periodistas de diferentes periódicos como Vozpópuli, El País o elDiario.es.

La cronología de los hechos

Esta petición dista mucho de las realizadas por las diferentes acusaciones. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicita seis años de prisión y doce años de inhabilitación; la Fundación Foro Libertad y Alternativa (que incluye a Hazte Oír y Vox) pide cuatro años de prisión e inhabilitación; y la acusación particular de González Amador reclama también cuatro años de cárcel, junto con suspensión de empleo y sueldo por tres años, inhabilitación especial para el cargo de fiscal general, y una multa de 108.000 euros.

Sin embargo, la Fiscalía basa su decisión en la cronología de hechos, que según el Ministerio Público ocurrieron. Tras el comienzo de la investigación por parte de la la Fiscalía de Madrid contra González Amador por dos delitos contra la Hacienda Pública y de un delito de falsedad en documento mercantil, el Jefe de Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez Bajón (MAR), transmitió a múltiples periodistas que la Fiscalía le había ofrecido un acuerdo y que, antes de que el mismo pudiera responder, la misma Fiscalía había recibido órdenes “de arriba” para impedir el acuerdo.

Esto ocurrió el 13 de marzo de 2024 y esta noticia fue recogida por varios medios como Libertad Digital y Vozpópuli y fue aprovechado por el propio MAR para compartirlo en la red social X, antes Twitter.

Ese mismo día, a las 21:29, el diario El Mundo publicó un artículo en el que afirmaba que, apenas dos horas después de que los medios de comunicación informaran de la denuncia, la Fiscalía había ofrecido un acuerdo a González Amador para que admitiera dos delitos fiscales. Asimismo, el redactor de la noticia confirmaba haber tenido acceso al correo electrónico y a la propuesta del fiscal del asunto e incluía datos que no constaban en esa comunicación remitida por el fiscal al letrado del acusado.

Esto, según la Fiscalía, además de falso, atribuía al Ministerio Público un comportamiento que les ocasionaba un “evidente perjuicio”, por lo que García Ortiz contactó por teléfono con la fiscal de Madrid.

Esta le relató las acciones llevadas a cabo, lo que “permitió constatar que no había habido ningún ofrecimiento de acuerdo por la Fiscalía ni, por ello, una ulterior retirada del mismo”.

Por esta razón, el fiscal general decidió difundir entre los medios de comunicación una nota informativa con membrete de la Fiscalía Provincial de Madrid. Esta nota contenía “hechos ciertos y acreditados, que desmentían las informaciones inveraces publicadas por algunos medios de comunicación y responsables públicos, eran de público conocimiento con anterioridad a la difusión de aquella y demostraban que el fiscal responsable del asunto se había atenido escrupulosamente a sus deberes profesionales”.