El Gobierno ha confirmado este lunes que en 2023 las arcas públicas dejaron de recibir 717 millones de euros como resultado de las deducciones fiscales aplicadas a los propietarios de viviendas que ofrecen sus inmuebles en alquiler como residencia habitual. Según la respuesta oficial enviada al Congreso, este importe corresponde únicamente al beneficio derivado de las reducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) concedidas bajo el marco normativo vigente.
La cifra aparece en la memoria anual de beneficios fiscales que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio, documento que sirvió de base a la contestación facilitada al diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, integrado en el grupo parlamentario de Sumar. Ibáñez había solicitado información concreta sobre el dinero que el Estado había dejado de recaudar debido a “deducciones para propietarios que ponen en alquiler sus propiedades”.
El alcance de los incentivos fiscales en el alquiler residencial
El Ejecutivo ha detallado que la estimación de 717 millones de euros corresponde exclusivamente a la reducción sobre los beneficios netos obtenidos por el alquiler de viviendas destinadas a residencia principal. Según la normativa fiscal vigente, los propietarios pueden disfrutar de una deducción general del 50% en el IRPF. A esta reducción se accede al formalizar contratos de arrendamiento donde el destino de la vivienda sea el uso habitual del inquilino, una medida que busca promover la oferta en el mercado de alquiler.
La Ley de Vivienda de 2023 introdujo modificaciones que permiten aumentar la deducción hasta el 90% bajo condiciones específicas. De acuerdo con el artículo 23.2 de la Ley del IRPF, se concede la máxima bonificación si el arrendador firma un contrato nuevo en una denominada “zona de mercado residencial tensionado” y establece un precio al menos un 5% inferior al arrendado con anterioridad.
Otros escenarios contemplan reducciones del 70% cuando el alquiler recae sobre personas de entre 18 y 35 años en zonas tensionadas, siempre que el precio no haya bajado respecto al contrato anterior. Si la vivienda ha sido rehabilitada en los dos años previos al contrato, la rebaja fiscal alcanza el 60%. Para el resto de los casos, la deducción básica permanece en el 50%.
Debate político sobre los “privilegios fiscales”
El interés por el alcance de estos beneficios ha comenzado con una pregunta del diputado Alberto Ibáñez, dirigida al Gobierno, y en la que apuntaba que estos incentivos “animan a la ciudadanía a la compra de viviendas para fines distintos a la residencia habitual”. El argumento sostiene que, al incentivar la compra con objetivos especulativos o de inversión, la medida podría contradecir las políticas que buscan aumentar la vivienda disponible para residencia.
La respuesta del Ejecutivo se limita únicamente a los datos declarados en la memoria anual de beneficios fiscales y no incluye una valoración política sobre el futuro de las deducciones. El documento oficial confirma que “el beneficio fiscal de la reducción por arrendamiento de vivienda habitual en el IRPF de 2023 se estimó en 717 millones de euros para el concepto de reducción por arrendamiento de vivienda”.
Esta información se conoce cuatro meses después de la consulta formal y con los Presupuestos de 2023 aún vigentes, lo que permite medir el impacto de la política fiscal sobre el mercado de alquiler residencial.
*Con información de Europa Press.
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