Acuerdos judiciales en violencia sexual: por qué las víctimas aceptan rebajas de pena como en el caso de la ‘manada de Castelldefels’

Contactaban con mujeres por redes sociales, se ganaban su confianza y las invitaban a un piso con el objetivo de violarlas en grupo. Eran cinco hombres quienes lo organizaban, emborrachándolas previamente, para después jactarse por WhatsApp de las agresiones con mensajes como: “A la chavala esa la hemos destrozado”. Ocurrió en Castelldefels (Barcelona) en 2021 y lo grababan para después compartirlo en un grupo bautizado K-Team Manada, en el que se comparaban con los violadores de la llamada Manada de los Sanfermines. “Lo que hicimos la otra noche fue La Manada 2.0″, decía otro de los mensajes investigados por las autoridades.

El pasado martes estos cinco hombres —todos solteros, de entre 30 y 36 años, cuando perpetraron los abusos y con trabajos estables— se sentaron en el banquillo de los acusados para escuchar su sentencia. Aceptaron penas de hasta 8 años y cinco meses de cárcel (32 años y 7 meses en total), muy por debajo de las que inicialmente pedía para ellos la Fiscalía, que oscilaban entre los 28 y los 53 años (196 años en total). Los encausados admitieron que violaron en grupo a tres víctimas aprovechándose de su vulnerabilidad, al tiempo que pidieron perdón y mostraron arrepentimiento.

En el acuerdo alcanzado entre las partes, todos los implicados son considerados responsables del delito de pertenencia a grupo criminal para la comisión de delitos contra la indemnidad sexual, así como de delitos de agresión sexual con penetración, aunque en diferentes grados de participación. La Fiscalía informó que este acuerdo se adoptó en buena medida para “proteger a las víctimas y respetar su deseo de evitar la exposición y la presión que implica un juicio”.

Este tipo de acuerdos, explica a Infobae España la magistrada Lara Esteve, especializada en violencia de género, implica que exista un reconocimiento previo de los hechos y algunos elementos más que, como en este caso, pasan por “el arrepentimiento de los autores y la satisfacción de las responsabilidades civiles”. Que las partes alcance estos acuerdos, añade, también puede deberse a que las pruebas son contundentes y el acusado busca evitar una pena más elevada en caso de sentencia o porque se quiere evitar la exposición pública y mediática que puede acarrear un juicio prolongado, tanto para la persona acusada como para la víctima.

Víctimas que ni siquiera denuncian

Lejos de tratarse de un caso excepcional, las víctimas de violencia sexual suelen evitar exponerse al proceso judicial o incluso directamente optan por no denunciar. La última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer revela que solo el 8% de las mujeres que sufrieron violencia sexual fuera de la pareja reportaron estos hechos ante las autoridades, principalmente por el miedo al agresor, el temor a no ser creídas, la vergüenza y el rechazo a someterse a un procedimiento judicial que puede resultar revictimizante.

En ese sentido, la psicóloga Bárbara Zorrilla Pantoja, explica que los factores emocionales y sociales que influyen en la decisión de no denunciar “son los mismos que llevan a muchas mujeres a no declarar, a llegar a acuerdos extrajudiciales o a retirarse de los procedimientos judiciales una vez iniciados”. Esta conducta, sostiene, responde a la “socialización diferencial de género”, que influye en la forma en que se construyen las identidades de mujeres y hombres.

“Desde edades muy tempranas, muchas mujeres reciben mensajes que las hacen sentirse responsables de evitar despertar el deseo sexual masculino, considerado como incontrolable. Por tanto, de alguna manera, creen que han hecho algo mal, ya sea por no haber tomado las suficientes precauciones o porque creen que hay algo malo en ellas que les hace merecedoras de ser víctimas de esta situación”, añade la abogada especializada en violencia de género, que asegura que esas percepciones están muy interiorizadas.

Escrutinio social y mediático

A esto se suma, explica, el temor al descrédito de muchas víctimas, el cuestionamiento público y la exposición mediática, sobre todo cuando el caso trasciende a los medios de comunicación, como ocurrió con el de la Manada de Pamplona. Las personas que sufren violencia sexual enfrentan, además, una exposición pública que trasciende el momento de la agresión y a veces sus vidas quedan sometidas al escrutinio social y mediático. Tras la denuncia, explica la psicóloga, no solo reviven el trauma a través de declaraciones y preguntas incómodas, sino que también deben soportar cuestionamientos de operadores judiciales que, en muchos casos, carecen de perspectiva de género.

“Hay una desconfianza hacia el sistema, porque el hecho de denunciar o seguir adelante con un proceso tan duro no te garantiza que se haga justicia ni que vayas a ser protegida. Al contrario, puede tener consecuencias a todos los niveles y en ámbitos como, por ejemplo, el cine tiene un coste muy elevado para la reputación y futuros contratos”, añade. En muchas ocasiones las víctimas incluso renuncian a su derecho a la indemnización económica para protegerse precisamente del escrutinio público, cuando “este tipo de compensaciones no se cuestionan en otros delitos”, concluye la experta.