
La Universidad de Granada (UGR) tendrá que retomar sus colaboraciones académicas y científicas con instituciones israelíes. Así lo ha dictado este jueves la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), tras anular el acuerdo de la universidad, estimando así el recurso presentando por la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). Con esta decisión, el alto tribunal revoca el fallo dictado en marzo por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada, que había avalado la legalidad de la medida. La sentencia, a la que ha tenido acceso Infobae España, califica el acuerdo de la UGR como “discriminatorio” y que además, “vulnera los derechos fundamentales”.
La universidad adoptó esta suspensión en mayo de 2024 en respuesta a las movilizaciones de estudiantes, parte de la comunidad universitaria y sectores de la sociedad civil que reclamaban una reacción institucional frente a la situación que asola la Franja de Gaza ante la invasión de Israel, que a septiembre de 2025 ha asesinado a más de 67.000 personas.
La medida incluía la paralización de la movilidad entrante y saliente de estudiantes, personal docente e investigador, así como de técnicos y trabajadores de administración y servicios con universidades israelíes, “en concreto los acuerdos bilaterales de movilidad Erasmus +K171″. También se suspendió la cooperación científico-técnica y varios convenios ya en vigor con centros académicos de ese país.
El TSJA entiende que, con esta decisión, la institución académica actuó “bajo el pretexto de su autonomía universitaria” para aprobar un acuerdo “discriminatorio que vulnera, además, la dignidad de la persona en relación con el derecho a la integridad moral de los afectados”. Según el tribunal, estas medidas “estigmatizan” a estudiantes, investigadores y docentes vinculados a universidades israelíes, responsabilizándolos de un conflicto internacional sin tener en cuenta sus opiniones personales. “De alguna manera, responsabiliza del conflicto y excluye de la vida universitaria sin ni siquiera conocer cuál es su opinión sobre el estado actual del conflicto”, dicta el tribunal.
La sentencia añade que la universidad transmitió a la opinión pública “una opinión negativa sobre ellos, enfrentándoles de ese modo con el resto de la población y generándoles un peligro”. Una actuación que el alto tribunal califica de “extraordinariamente grave” en una institución educativa pública de la relevancia de la Universidad de Granada.
Las organizaciones se han pronunciado
El fallo insiste en que la autonomía universitaria no es absoluta y que debe ejercerse dentro de los límites que marcan otros derechos fundamentales. “Los pronunciamientos sobre asuntos de actualidad política de las instituciones públicas ajenos a su concreta esfera de competencias son contrarios a derecho si contienen, como es el caso, medidas que vulneran los derechos fundamentales”, concluye la sentencia.
Tras conocerse el fallo, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) y la Red Universitaria por Palestina, que participaron en el proceso como codemandadas defendiendo la legalidad del acuerdo, han lamentado “profundamente este retroceso”.
Ambas organizaciones han anunciado que interpondrán recurso de casación ante el Tribunal Supremo, convencidas de que la decisión del TSJA supone un golpe a la autonomía universitaria y a la capacidad de las instituciones públicas para tomar postura ante situaciones de crisis humanitaria.
Cabe recordar que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Granada había avalado en marzo de 2025 la suspensión acordada por la UGR. En su resolución, consideró que la universidad actuó dentro de su autonomía institucional y que la medida no constituía discriminación, sino una respuesta proporcional y ajustada al derecho internacional humanitario. Sin embargo, el TSJA ha revocado ahora esa interpretación y ha dado la razón a ACOM, anulando el acuerdo universitario. La Comisión Internacional Independiente de la ONU ha concluido este martes que Israel “está cometiendo genocidio en Gaza” desde el pasado 7 de octubre de 2023.
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