PP y Vox han votado conjuntamente en el Congreso de los Diputados para impulsar una proposición de ley destinada a restringir la regularización de inmigrantes irregulares mediante el arraigo. A pesar del apoyo conjunto, la propuesta no logró avanzar, ya que cosechó 168 votos a favor frente a 177 en contra. Esta votación marca un movimiento decisivo en la estrategia del PP: los de Alberto Nuñez Feijóo dan un giro hacia posiciones restrictivas en política migratoria, alineándose en este ámbito con la formación que encabeza Santiago Abascal.
En el contexto del debate parlamentario, el grupo popular admitió que el texto propuesto por Vox “criminaliza al inmigrante”, aunque justificaron su respaldo como una primera toma en consideración que permite abrir un debate parlamentario sobre el tema y previeron la posibilidad de registrar enmiendas en fases posteriores. Aun conscientes de que la proposición tenía escasas opciones de avanzar, los populares resolvieron significarse políticamente al respecto.
“El Gobierno ha renunciado a proteger sus fronteras. La inmigración ilegal está desbocada (...) A quien viene a delinquir, le decimos que aquí, no”, ha asegurado la diputada popular Maribel Sánchez. “Por pura coherencia con nuestras propuestas estamos de acuerdo en abrir este debate. Un debate en torno a un tema que es la segunda preocupación para los españoles, desde el PP no vamos a mirar para otro lado. Pero también queremos dejar claro que rechazamos cualquier discurso de odio”, ha señalado.
La subida de Vox en las encuestas
Este nuevo paso del PP hacia el marco ideológico de Vox se produce en paralelo a un incremento notable de Vox en intención de voto reflejado en encuestas recientes, mientras el PP se mantiene estancado en las mismas. El texto presentado por Vox aspiraba, entre otros puntos, a ampliar de 60 a 180 días el periodo máximo de internamiento de extranjeros en los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), justificando que “una de las dificultades para expulsar inmigrantes es la dificultad para localizarlos cuando se completa el expediente”, aunque realmente los obstáculos principales los suelen poner los países de origen al dificultar la repatriación de sus nacionales.
El endurecimiento en la postura migratoria popular ha venido consolidándose en los últimos meses, especialmente tras la inclusión en la nueva ponencia ideológica de julio de los populares de una política más restrictiva en inmigración y por la presión creciente de Vox. La ultraderecha ha reiterado la vinculación entre extranjeros, en especial africanos, y la comisión de delitos sexuales en su argumentación, mientras que otras fuerzas parlamentarias han denunciado la instrumentalización del discurso sobre la protección de las mujeres por parte de Vox, señalando que no han apoyado leyes en favor de la igualdad de género. Así, desde la tribuna, el diputado del PNV Mikel Legarda ha asegurado que “no quieren a las mujeres libres”. “Con ustedes las mujeres están en peligro”, postura respaldada por el parlamentario socialista Luc Andre Diouf.
El rechazo a la proposición fue unánime entre los partidos del bloque de investidura, con formaciones como Bildu y Esquerra aprovechando el pleno para instar a que se reactive la iniciativa legislativa popular (ILP) que solicita la regularización de aproximadamente 500.000 inmigrantes. Esta ILP había sido admitida a trámite hace un año, con el apoyo inicial del PP, y en junio el Gobierno reanudó las negociaciones para facilitar una regularización flexible priorizando a inmigrantes con menores y solicitantes de asilo. Sin embargo, la negociación quedó nuevamente congelada tras la publicación del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.
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