El Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso ha tenido que tirar de chequera para aumentar las plazas de La Cantueña (situado en el municipio madrileño de Fuenlabrada), un centro de primera acogida y media estancia “para ejercer la guarda en atención inmediata” de los menores migrantes que llegan a la región sin acompañamiento familiar. El Boletín Oficial de la Comunidad publicó este miércoles 3 de septiembre la primera modificación del contrato que se firmó en octubre de 2024 para habilitar 19 nuevas plazas adicionales en un centro que ya contaba con 96. Para ello, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales destinará 1,9 millones de euros, que servirán para contratar además dos puestos adicionales de vigilancia.
Al Ejecutivo madrileño no le queda más remedio. Ya tenía prevista esta ampliación de La Cantueña antes de que el Gobierno central de Pedro Sánchez aprobara a finales de agosto el decreto que fija la capacidad de cada Comunidad Autónoma para acoger a estos menores migrantes que se hacinan en Canarias, Ceuta y Melilla. El objetivo es repartir el alojamiento de estos menores en un ratio de 32,6 migrantes por cada 100.000 habitantes. A Madrid le correspondería acoger así a 647. Mientras, Ayuso sigue endureciendo su política migratoria con el objetivo de quitarle votos a Vox.
El Gobierno de Ayuso informó precisamente este miércoles, mientras presupuestaba las nuevas plazas de La Cantueña, que ha dado el primer paso formal para solicitar al Estado que devuelva a su país de origen al menor migrante residente en un centro de acogida de Hortaleza que presuntamente violó a una niña de 14 años en la madrugada del viernes. El portavoz autonómico, Miguel Ángel García Martín, no ha aclarado cómo se coordinará esa solicitud con la evolución judicial de un caso en el que el detenido ha sido recluido en un centro en régimen cerrado. En lo que va de año, Madrid ha reclamado la repatriación de un total de 46 menores.
Y es que Madrid no quiere recibir más migrantes. Ni en los centros que dependen de la Comunidad de Madrid ni en los centros que gestiona el Ejecutivo central, como el que hay en Pozuelo de Alarcón. Allí, el Ayuntamiento, gobernado por el PP, ha buscado en los cajones para intentar cerrar el Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE), inaugurado en marzo de 2013 con el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Entre 2013 y 2019 esta instalación funcionó para hacer cursos de formación. Tras casi tres años sin funciones, el Gobierno de Pedro Sánchez pensó en él para alojar a refugiados de la guerra de Ucrania. Una medida que fue aplaudida por los dirigentes del PP. Cuando el Ejecutivo central pensó en él para alojar a menores migrantes procedentes de África, el Ayuntamiento se dio cuenta que no tenía licencia de hospedaje y quiere precintar la instalación.
Recurso ante el Supremo
Además, el Gobierno de Ayuso ha celebrado este miércoles que el Tribunal Supremo haya admitido a trámite el recurso que interpuso en julio en el Tribunal Supremo contra otro decreto estatal que regula las medidas a adoptar “en situación de contingencia migratoria extraordinaria para la protección del interés superior de la infancia y la adolescencia inmigrante no acompañada desde Canarias”. Esa norma sentaba las reglas del proceso para repartir por toda España a migrantes radicados en regiones cuyos servicios sociales estén en situación de colapso.
“La política migratoria del Gobierno está fuera de control. Además, trae menores con perfiles cada vez más complejos que después abandona para contentar a cuatro demagogos y a sus socios. Nosotros cumplimos con la Ley. No hay nada peor que tratarles como mercancía. Es urgente que Sánchez ponga fin a este despropósito que colapsa centros, recursos y que sólo irá a peor”, ha señalado Ayuso en la red social X, consciente de que el tema de la inmigración preocupa cada vez más a los españoles y decanta votos en el granero de Vox. Madrid ya había impugnado previamente ante el Tribunal Constitucional, como otras diez comunidades autónomas, el Real Decreto-ley del 18 de marzo para modificar la ley de extranjería y habilitar esta posibilidad de reparto. En total, Madrid ha presentados tres recursos ante el Supremoy otro ante el Constitucional.
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