Así se gestó el contrato de “emergencia” de 100 millones de euros para las obras del puente de Sevilla por el que Santos Cerdán habría cobrado mordidas

El Tribunal Supremo ha recibido este lunes el informe en el que se detalla el contrato que se realizó para reformar el puente del Centenario en Sevilla y que según el informe de la UCO sería uno de los principales en los que Santos Cerdán habría intercedido para llevarse una mordida.

Esta obra tiene una importancia relevante en el caso, ya que según admitió el ex secretario de Organización del Partido Socialista ante el juez, José Luis Ábalos presionó para que se acelerase la contratación de los trabajos ya que “era la ciudad más grande del PSOE y querían renovar esa Alcaldía”.

En una de las conversaciones grabadas por Koldo García se reconoce que el exministro estaba “obsesionado” con esa obra y quería llevarla a cabo cuanto antes, incluso saltándose el procedimiento de licitación y recurriendo a la contratación de urgencia.

La tramitación de emergencia

En el informe remitido al magistrado, al que ha tenido acceso Infobae España, se ve como dicha licitación “ordena la declaración de emergencia y habilitación de un crédito de 92.465.551,32 euros a la Demarcación de Carreteras del Estado en Andalucía Occidental, para las obras de sustitución de los tirantes del puente centenario”.

La “cantidad global estimada”, explica el escrito, incluye los gastos generales y el Impuesto sobre el Valor Añadido y la emergencia se solicitó “al amparo de lo establecido en el artículo 120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”.

Este artículo regula un régimen excepcional aplicable cuando la Administración debe actuar de forma inmediata frente a catástrofes, situaciones de grave peligro o necesidades que afecten a la defensa nacional. En estos casos, el órgano de contratación puede ordenar la ejecución directa de lo necesario o contratar libremente sin seguir los requisitos formales habituales, incluso aunque no exista crédito suficiente en ese momento, el cual se dotará posteriormente según la Ley General Presupuestaria.

“Rotura súbita del tirante”

En el caso concreto del puente del Centenario, la solicitud de emergencia se motivó en “la imperiosa necesidad de dichos trabajos”, apoyándose “en un informe preliminar de inspección sobre la estructura de mayo de 2018″ y “en los hechos acaecidos en el año 2016 en el Puente Fernando Reig situado en la carretera N-340 en Alcoy (Alicante), en el que durante la ejecución de unos trabajos de conservación del acerado de la plataforma se produjo una rotura súbita de un tirante”.

“Este suceso de extraordinaria gravedad motivó la paralización inmediata de los trabajos y el corte preventivo del tráfico sobre el puente”, explicaban en el informe. La comparación entre ambas construcciones venía fundamentada en que los dos se construyeron al final de la década de los 80 y sus estructuras son muy parecidas, un puente atirantado con tirantes protegidos con inyección de lechada en un tablero de hormigón prefabricado.

92.465.551,32 euros

En el informe se recogen también las principales conclusiones de los trabajos de inspección especial. Las principales eran la detección de agua en el tubo de encofrado en 27 anclajes inferiores de los 88 existentes, casi la mitad evidenciaban discontinuidad de la vaina en la zona previa al anclaje inferior en el tablero.

Además, el 100% de los tirantes de la calzada sentido Cádiz y el 80% de los tirantes de la calzada sentido Huelva tenían síntomas asociados a incidencias graves. “Se expone que se está en una situación de riesgo para la estabilidad de la estructura, entendiendo por tal una función de la frecuencia de ocurrencia de un evento no deseado” advertían.

Ante toda la situación descrita el informe concluía con una estimación del importe económico conjunto de todas las actuaciones que se debían llevar a cabo, desde obras a proyectos de sustitución de tirantes, que en total llegaba a los 92.465.551,32 euros.

Esta adjudicación, que se acabó llevando Acciona, sería una de las que permitió a Cerdán sacar parte de las presuntas mordidas que gestionó, que según la UCO, alcanzaron los 620.000 euros.