En busca de Severo Boente y sus compañeros, represaliados por el bando franquista durante los primeros meses de la Guerra Civil en Salceda (Pontevedra)

“Dille a miña muller que me veña a buscar morto aquí“. Fue la última petición de José Cordal Yáñez, fusilado el 2 de septiembre de 1936. Le arrestaron en su pueblo, O Porriño (Pontevedra), durante los primeros meses de la Guerra Civil. No salió hasta el día de su muerte. Cordal estaba vinculado al movimiento agrario, estuvo afiliado a Izquierda Republicana y se le relacionaba con la Casa del Pueblo y la Federación Obrera. La inscripción de defunción en el Registro Civil matizaba que falleció como resultado de una “lucha sostenida con la fuerza pública”, es decir, el bando franquistas durante la Guerra Civil. Junto a él, fue asesinado Ramón Pérez Cabaleiro, de 43 años, conocido por sus vecinos como “Chafarote”. Su vinculación al Frente Popular y el movimiento agrario hicieron que fuera encarcelado en el mismo pueblo tras el golpe de Estado. Fueron fusilados y enterrados a escasos kilómetros de sus casas, en la parroquia de Soutelo, en Salceda. La muerte de Cabaleiro quedó grabada en el registro parroquial de defunciones del abad, pero la inscripción en el Registro Civil no se realizó hasta 45 años después, repitiendo los datos del registro del religioso y añadiendo que su muerte la provocó un “disparo por arma de fuego".

Fue Carmen Santolalla Iglesias, vecina de O Porriño y viuda de otro “paseado”, la que narró el asesinato desde su exilio en Buenos Aires. Así quedó recogido en el Boletín Oficial Sociedad Residentes del Municipio de Porriño:

Pocos días más tarde salen del Ayuntamiento, Cordal, Chafarote y otros. Se los llevan por la carretera de Salceda. En el momento que se detiene la camioneta y los hacen salir, pasa el peatón de Salceda con la correspondencia, y Cordal le llama para decirle: “Dille a miña muller que me veña a buscar morto aquí”. Efectivamente, caen como conejos, estos hombres fuertes y templados en el trabajo. El peatón se esconde. Pronto oye ruido de palas levantando tierra. Sale de su escondite, y se acerca a aquellos malnacidos, ofreciéndose él a enterrar los cadáveres. “Si –le contestan- nosotros nos vamos a buscar a otros para hacer blanco, que es más interesante que ser enterrador de perros”.

Ni Herminia Rodríguez, viuda de Cabaleiro, ni Marcelina Mouriño, viuda de Cordal pudieron darles sepultura. Tampoco los familiares del resto de hombres a los que mataron aquel día: Severo Boente Rodríguez, de 25 años; Modesto Barreiro Cubillos, de 32 años; y Leoncio Muíños Rey, de 24 años, cuyo nombre no aparece en los registros, pero que también podrá encontrarse en la misma fosa, conforme detalla la documentación que ha aportado Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica do Baixo Miño, O Condado e A Louriña en el informe de la fosa de Soutelo. Días después del suceso, se registró la muerte de Manuel Fernández Diz y Antonio Dalmiro Domínguez González, ambos de Tui, asesinados la noche del 18 de septiembre de 1936. Sus cuerpos también fueron enterrados en las inmediaciones de la parroquia.

Casi 90 años después, la asociación memorialista ha emprendido la búsqueda de sus restos y ha dado con los de dos de ellos. Hace años que sabían que podían encontrarse allí, al menos los de Muíños, Barreiro, Fernández y Domínguez, pues los otros tres podrían haber sido exhumados anteriormente, conforme consta en el informe elaborado por la asociación. No obstante, nunca se llegó a confirmar. Tras pedir unas ayudas a la Xunta de Galicia, que no llegaron porque alegaban que no tenían pruebas suficientes para certificar hubiese restos en la zona señalada, recurrieron al Ayuntamiento del municipio. El consistorio podía solicitar una ayuda económica a la Federación Española de Municipios para abrir una línea para exhumaciones e identificaciones y se la concedieron. Les dieron un 80% de lo que solicitaban y este verano empezaron los trabajos. Lo cuenta, en conversación con Infobae, Helena Pousa Ortega, la presidenta de la asociación.

“En el último día de la excavación, encontramos los dos cadáveres completos con signos de violencia”, señala Pousa que añade que ahora deben esperar los resultados y la interpretación de Fernando Serrulla, médico de la Unidad de Antropología Forense. Pousa espera que los restos de uno de ellos se correspondan con los de los familiares de Severo Boente. “Él estaba soltero -cuando le mataron solo tenía 25 años- y, por lo tanto, los parientes que tenemos son sobrinos nietos”, detalla. Del resto del grupo, solo pudieron seguir el hilo de la familia de José Cordal, que emigró a Chile. Pero, sus nombres no les llevaron a descendientes vivos. “Los hijos ya murieron y ahora no sabemos quién queda de la familia porque es muy difícil contactar con ellos”, indica la presidenta de la asociación, que apunta que también están buscando los otros parientes de los demás fusilados.

La falta de descendientes no es el único cabo aún por atar de este proyecto de exhumación. Todavía tienen que explorar el terreno donde podrían estar el resto de cuerpos perdidos. El problema es que hay nichos en la zona donde creen que fueron enterrados y tienen excavar por debajo de ellos. “Primero vamos a esperar a ver que nos dice Serrulla para ver qué resultados tiene; y después, no sé cómo, seguiremos avanzando porque depende de que la Federación Española de Municipios vuelva a sacar una línea de ayudas”, admite.

Enterrados en cajones relegados al olvido

Los restos encontrados estaban enterrados en cajones de madera. Aunque con la evolución de la Guerra Civil y durante los primeros años de la dictadura franquista, los hombres acribillados por las balas se arrojaran sin cuidado en cunetas y fosas comunes para que se perdieran en la tierra y en el olvido, durante los primeros meses se les guardaba un pudor que no tardaría en perderse y que tampoco se extendía por todo el país. Para Pousa, este modus operandi responde a una moral que aún se mantenía. En el caso de los restos encontrados en la parroquia de Soutelo, los dos cuerpos fueron “muy bien colocados en su propio ataúd” y no les “echaron a todos juntos”.

Una de las fuentes citadas en el informe de la asociación es la de Xulio M. Sigüenza que en 2007 publicó un artículo en el que recogía la memoria de Ramón Rodríguez Cruces, natural de O Toural, de 65 años (en el 2007). Rodríguez, que repetía la información que le había escuchado su madre, sabía que había familiares que acudían al lugar donde yacían los difuntos. “Venían, dejaban las flores y marchaban. Nadie preguntaba, pero todos sabían que era cosa de los familiares de los asesinados”, narra. Fueron pocas las familias a las que se concedió ese consuelo.