Cada vez son mayores los costes de los incendios que asolan el país durante este verano. A los desembolsos destinados a la extinción de las llamas, hay que sumarle los presupuestos de reparación de las zonas quemadas, así como las pérdidas económicas de la ganadería y la agricultura y las pérdidas humanas.
Organizaciones como Greenpeace han defendido tras la cantidad de hectáreas arrasadas este verano que invertir 1.000 millones de manera anual en la prevención de los incendios podría ahorrarle al Estado 99.000 millones de euros que se destinan actualmente a su extinción, además de que permitiría salvar y gestionar 9,9 millones de hectáreas, según la ONG.
Sin embargo, la inversión en prevención, extinción y cuidado de los bosques que llevan a cabo el Estado y las Comunidades Autónomas de manera anual todavía no ha recuperado el nivel previo a la crisis financiera. En 2009, esta cifra ascendía a 1.742 millones de euros, pero trece años después, en 2022, las inversiones cayeron hasta los 1.295 millones de euros, según un estudio de la Asociación nacional de Empresas Forestales (Asemfo), que recoge cifras oficiales de distintos ministerios y Comunidades Autónomas.
Dentro de las tres secciones que componen estas partidas, la que más se ha visto reducida con el paso de los años ha sido la destinada a la prevención de los incendios forestales. En 2022 esta fue de 175,8 millones de euros, muy por debajo de los 350 millones destinados para esta tarea en 2009, lo que supone una reducción del 49,77%.
Según los datos facilitados por ASEMFO, la inversión en prevención de incendios se mantuvo estable en el entorno de los 330 o 360 millones de euros entre los años 2007 y 2010, pero en 2011 esa inversión cayó más de un 57%. Hasta ahora no ha podido recuperarse.
Ese año, la partida para prevención se quedó en tan solo 142,2 millones y, desde entonces, ha habido únicamente cuatro años consecutivos (2017-2020) en los que se han alcanzado los 200 millones anuales. En 2021 la inversión fue de 168,5 millones y, en 2022, 175,8 millones, cifras que quedan muy lejos de las partidas del periodo 2007-2010.
Después de la prevención, el segundo sector con mayor recorte dentro de este presupuesto es el de las actividades como los trabajos de reforestación, la conservación de la biodiversidad, la lucha contra las plagas o la investigación en gestión forestal, que años atrás suponía más de la mitad de la inversión pública forestal. En 2022 la partida para estas actividades no alcanzó los 703 millones de euros, cuando en 2009 el presupuesto fue de 1.000 millones de euros.
El único presupuesto que se ha mantenido sin cambios es el destinado a la extinción de incendios, que lleva siendo de 417 millones de euros anuales desde 2009, aunque durante el año 2012 esta cifra se redujo dejando una partida de 329,5 millones.
Falta de transparencia en la gestión
Desde la ONG Greenpeace insistieron en que la prevención de los incendios debería ocupar el centro de la política forestal. Además, denuncian la falta de transparencia en la información sobre la información del Estado y las Comunidades Autónomas en la gestión de los bosques.
Según su informe “Grandes incendios forestales”, tras realizar en 2023 un pedido de acceso a la información pública, solo Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Baleares disponían de datos detallados para distinguir entre las partidas destinadas a la prevención y a la gestión, lo que dificulta la evaluación de una estrategia nacional común.
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