La condición de Andorra como Estado independiente, con el catalán como única lengua oficial, sigue siendo motivo de incomprensión para algunos residentes extranjeros. Según informa el medio digital Racó Català, en los últimos días se han registrado varios incidentes protagonizados por personas que han exigido ser atendidas en castellano en la administración pública, pese a que la legislación del país establece claramente que la lengua de uso oficial es el catalán.
El caso más reciente ha sido dado a conocer por el músico andorrano Oriol Vilella, quien ya había destapado la semana pasada un episodio anterior con tintes más graves. En aquel primer incidente, un residente español no solo exigió que se le hablara en castellano, sino que llegó a calificar a Andorra de “Estado nacionalsocialista” y le negó la condición de “país”.
En esta ocasión, el protagonista fue un ciudadano sudamericano que, según el relato recogido por Racó Català, se encaró “de malas maneras” con una funcionaria del Comú d’Andorra. Durante la interacción, le espetó: “Si quieres cobrar algo, háblame en español”.
La trabajadora pública respondió con firmeza, informándole de que la lengua oficial de Andorra es el catalán, y continuó atendiéndole en esa lengua. El incidente, aunque menos ofensivo que el anterior, vuelve a poner de relieve la dificultad que, para algunos residentes castellanohablantes, supone aceptar el estatus lingüístico del Principado.
Según las estadísticas oficiales, el catalán es la lengua materna del 49,4% de los ciudadanos andorranos de nacionalidad, aunque su uso habitual se reduce al 29,9% del total de la población, un dato que refleja el fuerte peso de la inmigración en el país. Pese a esta diversidad lingüística, el catalán mantiene el reconocimiento exclusivo como lengua oficial, lo que implica que toda la administración pública debe usarlo como idioma de atención.
Protección legal del catalán
El año pasado, el Consell General aprobó la Llei del Català, que refuerza el uso de la lengua en todos los ámbitos oficiales y públicos. Entre sus disposiciones, figura la obligación de acreditar un nivel mínimo de catalán para poder obtener el permiso de residencia y, en el caso de los trabajadores que desempeñen funciones de atención al público, para poder ejercer sus funciones.
El objetivo declarado de la norma es garantizar que cualquier ciudadano pueda ejercer su derecho a ser atendido en catalán en todo el territorio. En el contexto de una población en la que conviven más de un centenar de nacionalidades, la ley pretende asegurar la cohesión lingüística y cultural del país.
En el debate público, estas medidas han sido interpretadas por las autoridades andorranas como una necesidad para preservar un elemento esencial de la identidad nacional, y no como un mecanismo de exclusión. Sin embargo, episodios como los relatados en los últimos días evidencian que la convivencia lingüística puede generar fricciones puntuales, especialmente entre quienes provienen de países en los que el castellano es dominante y no asumen la oficialidad exclusiva del catalán.
Tensiones recurrentes
El caso difundido por Oriol Vilella se suma a un historial de episodios similares, en los que algunos residentes han expresado incomodidad o rechazo a ser atendidos en catalán. En el primer caso que trascendió la semana pasada, la actitud del residente español fue calificada de “supremacista y negacionista” por el medio citado, dada la dureza de sus palabras y las acusaciones contra el propio Estado andorrano.
Aunque las autoridades no han emitido declaraciones específicas sobre este último incidente, el marco legal es claro: en Andorra, cualquier interacción con la administración pública debe realizarse en catalán. El incumplimiento por parte de los trabajadores podría acarrear sanciones, pero no existe obligación legal de que los ciudadanos se expresen en esa lengua, si bien deben aceptar ser atendidos en ella.
Con más del 70% de su población compuesta por residentes extranjeros, Andorra afronta el reto de mantener viva su lengua oficial en un entorno marcado por el multilingüismo. La reciente legislación y la firmeza mostrada por funcionarios como la del Comú d’Andorra parecen formar parte de una estrategia para garantizar que el catalán no pierda presencia en la vida pública del Principado.
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